Tribunal contencioso administrativo del huila






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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Sala Cuarta de Decisión
M.P. Dr. ENRIQUE DUSSAN CABRERA
Neiva, veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011).


Demandante : MARÍA DEL ROSARIO HERRERA HERNÁNDEZ.


Demandado : NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL-

Acción : DE REPARACIÓN DIRECTA.

Providencia : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA.

Radicación : 41 001 23 31 006 2002 00825 01

Rad. Interna : 2009- 0061.

Aprobada en Acta de la fecha. N°. 003

1. OBJETO DE DECISIÓN.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha cuatro (4) de junio de 2009, proferida por el Juzgado Sexto del Circuito Judicial Administrativo de Neiva, con la cual negó las pretensiones de la demanda.

2. LA DEMANDA.
2.1. De las Pretensiones.
La señora María del Rosario Herrera Hernández, a través de apoderado judicial pretende se declare a la Nación –Ministerio de Defensa –Ejercito Nacional – administrativamente responsable de los daños y perjuicios materiales y morales, padecidos con motivo del ataque guerrillero realizado los días 12 y 13 de julio de 2000 al municipio de Colombia - Huila por resultar parcialmente destruida la casa de habitación, así como los muebles y enseres y que allí se tenían, en consecuencia se le condene a su indemnización, y que la sentencia se cumpla de conformidad con los artículos 176 y 177 del C.C.A. y se condene en costas a la parte demandada.
2.2. De los hechos fundamento de la demanda.
Se expone que los días 12 y 13 de julio de 2000 el municipio de Colombia Huila fue víctima de una toma guerrillera por parte del grupo subversivo autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-.
A raíz de la toma, la demandante perdió y sufrió daños graves en sus bienes muebles e inmuebles propios o en posesión, ubicados en la calle 7 N° 2-09-12, los cuales fueron indicados en el acta de declaración juramentada ante la Notaria Única del Circuito Notarial el 14 de marzo de 2001 por los ciudadanos Omar Caviedes y Genoveva Trujillo.
El pago de los perjuicios se reclama de la entidad demandada por omisión en su deber por la no realización de sus funciones.
2.3. Fundamentos de Derecho.
Se fundamenta en los artículos 2, 6, 90, 91, 209 de la C.P., el numeral 4 del articulo 137 del decreto 01 de 1984.

3. CONTESTACION DE LA DEMANDA.
Se opone a las pretensiones de la demanda y argumento que el hecho es atribuido a un tercero como lo son los bandidos de la FARC, y que no existe petición previa específica de protección.
Invoca como excepción de inepta demanda al no conformarse el litis consorcio necesario.
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
La Juez Sexto Administrativo del Circuito de Neiva, mediante sentencia del 4 de junio de 2009, decidió negar las pretensiones de la demanda, argumentando que las copias simples no son medios de convicción que puedan demostrar los hechos que se pretendan hacer valer ante la jurisdicción.
De otro lado, las probanzas allegadas al trámite procesal tampoco ofrecen al despacho certeza que lleve a establecer la responsabilidad de la accionada, primero, porque si bien es cierto que se halla acreditada la ocurrencia de la toma subversiva, tal como lo afirma el Comandante del Departamento de Policía Huila con documentos auténticos y con el corto y limitado testimonio de la señora Genoveva Trujillo Pantoja, también es verdad que la actora no ha logrado demostrar que esa incursión rebelde fue resultado de la falta de protección, vigilancia y defensa del Ejercito Nacional y que por ello hubiere sido objeto de falla del servicio por acción u omisión de esa entidad.
Concluye que la atribución del daño que se ha querido imputar a la accionada de acuerdo con el material probatorio, no conduce al despacho a ahondar sobre los elementos de responsabilidad del Estado que predica el artículo 90 de la Constitución Política, razón por la cual las pretensiones incoadas por la demandante no tienen prosperidad.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN.
El apoderado de la parte actora apeló la anterior decisión argumentando que cuando se propuso la demanda, se allegó en ella un documento en copia, porque no había mas, advirtiendo que no se le podía pedir a la actora el original o la copia autentica, pues era imposible su obtención, además no se tachó los documentos por la parte demandada, a lo que debe valorar plenamente, debido a que no se puede obligar a lo imposible a las partes, regla propia del derecho probatorio.
En el documento se le comunicaba a las fuerzas militares sobre lo que se rumoraba respecto de una toma al municipio de Colombia Huila, lo que no se atendió a lo expuesto y terminó ocurriendo, causando en algunos particulares un daño especial.
Manifiesta que para probar sumariamente lo perdido por la demandante se aportaron declaraciones extra proceso que tampoco fueron censuradas y suficientes para establecer la pérdida sufrida, igualmente se presentó avalúo de los bienes, el cual no fue objeto de controversia.
Sostiene que establecido el daño, la causa del mismo – la toma guerrillera – el nexo entre esta y el daño sufrido en el detrimento patrimonial, en consecuencia se acceda a las pretensiones de la demanda y para ello solicita se revoque la sentencia de primera instancia.
Reitera que como consecuencia del ataque de la guerrilla al municipio de Colombia los días 12 y 13 de julio 2000, resultaron afectados total o parcialmente varios inmuebles de dominio públicos y privados.
Así mismo con el oficio N° 1015 del 17 de noviembre de 1999 suscrito por el Alcalde, el párroco y el Personero municipal, pusieron en conocimiento a diferentes autoridades departamentales y nacionales de la amenaza inminente a las que estaban expuesta las viviendas aledañas a la Estación de policía del municipio, entre otras, lo que demuestra la responsabilidad del Estado por la omisión frente a la toma guerrillera, lo cual es corroborado con las declaraciones.
Insiste que por ser un documento público firmado por personalidades como el Alcalde y el Personero se presume su autenticidad porque emanó de la autoridad pública competente y goza de legalidad así se allegue en copia simple, como lo establece la ley 446 de 1998 que modifica tácitamente este punto probatorio respecto de la forma como lo consagra el Código de Procedimiento Civil, en el Oficio se anunciaba un riesgo que terminó siendo cierto, pues la toma no tenia como objetivo la población civil pues fue dirigido contra las instituciones publicas específicamente.
Reitera que se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

6. DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ÉSTA INSTANCIA.
6.1. La parte demandante. No presentó.
6.2. La Nación –Ministerio de Defensa -Ejército Nacional.
Expone que la prueba documental y testimonial que obra en el expediente nos permite establecer que el hecho no fue causado por ninguna acción u omisión del agente del Estado, pues claramente se señala en el proceso que lo que aconteció fue un atentado terrorista del cual no se tenia previo conocimiento por parte del Ejercito Nacional, a lo que concluye que no existe fundamento alguno para endilgar responsabilidad a la entidad demandada.
Si bien es cierto que reposa en el expediente fotocopia simple del oficio del 17 de diciembre de 1999, dirigido por el Alcalde del municipio de Colombia al Gobernador del Departamento donde se informaba alteración del orden publico y que se estaba provocando zozobra en la población y amenaza inminente a las construcciones ubicadas cerca de la inspección de policía, no lo es menos que no existe el mas mínimo principio de prueba que señale que dicha información fue puesta en conocimiento a la entidad demandada.
Además reposa en el plenario fotocopia del oficio No. 1138 del 27 de marzo de 2006 suscrito por el Coronel Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Novena Brigada, mediante el cual se informa que verificados debidamente los archivos de la unidad militar no se encontró registro alguno de solicitud de protección o información sobre amenazas con anterioridad a la incursión guerrillera al municipio, lo que conlleva que al no presentarse circunstancias concretas frente a las cuales debiera haber actuado la Fuerza Publica, no se puede alegar existencia de omisión, por ello mal podría exigírsele a la accionada que hubiera dispuesto presencia permanente, efectiva y real de la fuerza publica en todas y cada una de las zonas geográficas del territorio nacional.
Por otro lado, no hay antecedentes en el país que demuestre que el fenómeno de ataques subversivos sea propiciado por la acción o la omisión de las autoridades, pues es una situación que se presenta como consecuencia del conflicto armado, en este asunto, las circunstancias facticas de las cuales se derivó el daño alegado, son el producto única y exclusivamente de la actuación del grupo ilegal armado denominado FARC, encontrándonos frente al hecho de un tercero como elemento estructurante de causal de exoneración de responsabilidad patrimonial del Estado.
De otra parte, la toma guerrillera que acaeció en el municipio de Colombia se desprende fácilmente que los perjuicios que ocasionó a la población fueron causados por el actuar de los grupos al margen de la ley y no por el actuar de la fuerza pública, configurándose el hecho de tercero.
Así las cosas, para imputarle a la fuerza publica una conducta omisiva no basta con demostrar su calidad de garante cuando se esta obligado a actuar, sino que se debe probar que el inculpado tenia la posibilidad real y concreta de impedir el daño, porque de lo contrario su comportamiento seria atípico.
En el caso específico se puede establecer claramente y con base en las pruebas recaudadas que por el hecho de no haber informado oportunamente los acontecimientos, no se le puede formular un juicio de reproche a las Fuerzas militares, pues para ellos les resultaría imposible prever aquellos sucesos.
6.3. El Agente del Ministerio Público. No presentó.

7. PRUEBA DE OFICIO.
En aplicación del artículo 168 del C.C.A. y tomando como referencia lo dispuesto en la sentencia T- 599 de 28 de agosto de 2009 de la Corte Constitucional, por auto de 31 de mayo de 2010 se ordenó allegar prueba documental (f.26).

8. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
8.1. Asunto jurídico a resolver.
Corresponde determinar en ésta instancia sí debe revocarse el fallo de fecha 4 de junio de 2009, proferida por el Juzgado Sexto del Circuito Judicial Administrativo de Neiva, con la cual negaron las pretensiones de la demanda, porque en criterio del apelante se presentan los elementos de la responsabilidad del Estado por falla del servicio de la entidad demandada.
8.2. Del fondo del asunto.
De lo allegado legalmente al proceso se puede establecer que aproximadamente a las 21:00 horas del día 12 de julio de 2000, se inició una toma por parte de un grupo subversivo, del municipio de Colombia, con más o menos 200 a 300 guerrilleros, empleando cilindros, armamento largo, fusiles diferentes calibres y ametralladoras M-60, prolongando la toma hasta las 6:00 del día del 13 de julio de 2000, momento en que comenzaron a abandonar la población, una vez que destruyeron la estación de policía, de Telecom, del Banco Caja Agraria, las parroquias e iglesias, colegios y casa aledañas, causando la muerte a seis civiles y heridos seis mas. Durante la incursión no se registraron bajas en el personal de la estación de policía, resultando heridos levemente los agentes Fernández Suárez Jesús Gabriel y Conde Perdomo Libardo. Los subversivos dejaron abandonados 42 cilindros listos para lanzarlos, 10 papas explosivas, 20 bolsas con pólvora negra empleada para impulsar los cilindros, tres rollos de cordón detonante, cinco bombas caseras, estopines eléctricos, mecha lenta, elementos que fueron destruidos por el personal del ejercito nacional, así mismo, el personal de la región fue obligado a transportarlos hasta la vereda Santana y el Dorado (Informe sobre toma subversiva a Estación Colombia. Rendido por el Comandante séptimo distrito de Policía Tello. fls. 60-63).
Según el informe del enfrentamiento armado, rendido por la Personería municipal de Colombia se tiene que siendo las 9:00 P.M. del día miércoles 12 de julio de 2000, una columna del grupo armado FARC-EP compuesta por cerca de 300 hombres, arribaron en 7 vehículos al casco urbano del municipio, iniciando un ataque con pipetas de gas llenas de pólvora y metralla, así como también morteros, fusiles, granadas de mano, con los cuales atacaron a los 60 agentes que defendían las instalaciones del cuartel e ingresando a diferentes negocios saqueándoles las bebidas, hurtando cantidad de dinero, elementos de cocina. Sus ataques hicieron impactos en distintos puntos como la Estación de Policía, Centro de Salud, Telecom, Banco Agrario, Casa Cural, Templos parroquiales, Casa de Cultura, Edificación municipal, también destruyeron la infraestructura de servicios públicos energía eléctrica, servicio telefónica, se averiaron tuberías de agua y alcantarillado, igualmente fueron afectados 140 viviendas parcialmente y 16 totalmente destruidas, dañaron vehículos (fls. 71-75).
8.3. De la existencia de los elementos de la responsabilidad del Estado.
El Artículo 90 de la Constitución Política establece:
El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
Del inciso primero se establecen los elementos de la responsabilidad del Estado, a saber: i) un daño antijurídico, ii) que ese daño antijurídico sea imputable al Estado en cualquiera de sus manifestaciones por la acción u omisión de la autoridad respectiva.
8.3.1. Del Daño antijurídico.
El daño antijurídico es aquel perjuicio que legalmente no se está llamado a soportar. Es la lesión de un interés legítimo, patrimonial, que el afectado no está en la obligación legal de padecerlo.
La antijuridicidad es lesionar o poner en peligro, sin fundamento legal alguno, el derecho o interés jurídico protegido por la ley.
En consecuencia, la antijuridicidad no está determinada por la “conducta” del Estado a través del servidor público, sino por el resultado dañoso para quien no tenía la obligación legal de soportarlo.
Para conocer cuándo se está o no con la carga o deber jurídico de aceptar el daño, corresponde analizar el caso concreto a la luz de la normatividad aplicable al asunto específico y con base en ella establecer si efectivamente el daño se torna jurídico o antijurídico.
Ahora bien, en el presente caso y conforme la demanda, se indica por la parte actora que el daño antijurídico consistió en la pérdida parcial de la casa de habitación, junto con la destrucción total de los muebles y enseres en ella existentes. Adicionalmente el daño moral padecido.
En los documentos enviados por el Alcalde municipal de Colombia-Huila el 25 de marzo de 2006, comunicando que se había efectuado un censo a las viviendas y personas que resultaron afectadas a raíz del ataque subversivo perpetrado al municipio, el 12 y 13 de julio de 2000, informe realizado por la Administración a la Red de Solidaridad Social, enlista entre los perjudicados a la señora Maria del Rosario Herrera Hernández con afectación parcial de su vivienda propia (f. 67).
Lo que ratifica la señora Genoveva Trujillo Pantoja, en su testimonio, quien para la época de la toma guerrillera se encontraba en su casa ubicada en el barrio carmelitano, conocía a la señora Maria del Rosario Herrera Hernández desde hacía 12 años y eran muy buenas amigas. Expuso que a causa del ataque de la guerrilla la casa de habitación de la demandante sufrió grietas en las paredes, el techo de eternit quedó completamente roto, las ventanas totalmente destrozadas, el tanque de agua que era en cemento quedó acabado, así mismo los muebles y los enseres se dañaron (fs. 94 y 95).
Igualmente con el peritaje rendido y las fotos allí incluidas (fs. 113-115)
Así las cosas éste primer requisito se halla demostrado.
8.3.2. De la imputabilidad del daño.
Ahora bien, en el presente caso y conforme la demanda, se indica por la parte actora que el daño antijurídico y el deber de su reparación se deriva que a pesar de haber puesto en conocimiento de las autoridades competentes sobre las amenazas que precedieron a la toma guerrillera del municipio de Colombia y que dejaban ver el peligro inminente, las autoridades no reaccionaron ni protegieron a la población civil del anunciado ataque de la subversión y como consecuencia se efectuó sin que existiera fuerza pública suficiente que garantizará la seguridad de los pobladores.
Al respecto se tiene que mediante oficio del 17 de Diciembre de 19991 dirigido al Gobernador del Departamento del Huila, con copia al Presidente de la República, Secretario de Gobierno Departamental, Comandante de la novena brigada, Coordinador de la Red de Solidaridad Social y Obispo de la Diócesis de Neiva, suscritos por el Alcalde Nictor Bastidas, el Párroco Alirio García Soto y el Personero municipal Carlos Francisco Rincón Salazar, del municipio de Colombia, informan que el Municipio de Colombia afronta problemas de orden público, lo que ha generado en la población civil angustia, zozobra y tensión y la existencia de amenaza inminente en relación con las residencias y construcciones que están cerca de la Estación de Policía, como eran las Oficinas de Telecom, Banco Agrario, Casa Cural, y el Templo.
Nictor Bastidas Bastidas, quien fungía como Alcalde de Colombia para la época de los hechos, en su declaración se refiere al oficio mencionado de la siguiente forma: “Como autoridad civil informamos al señor gobernador en el mes de diciembre de 1999, sobre los hechos de orden público, ya que hacia el mes de noviembre del mismo año, se había hecho un intento de toma por parte de la guerrilla al municipio e informamos sobre los hechos mediante Oficio 1015 del cual se le mandó copia al señor Presidente de la República, al secretario de gobierno departamental, al Comandante de la Novena brigada, al Coordinador de la Red de Solidaridad y al Obispo de la Diócesis de Neiva, poniéndoles de presente el riesgo en que estaban los moradores contiguos al Puesto de Policía, con sus respectivos bienes y familias.(…) Le enviamos copia a la Novena Brigada para pedir presencia del Ejercito en nuestro municipio… y como es cuestión de orden público pedíamos ésta apoyo directamente a la Novena Brigada… ” (f.39-40)”
Carlos Francisco Rincón Salazar, quien para la época del suceso desempeñaba el cargo de personero municipal y manifestó haber suscrito el oficio “… donde se informaba sobre la situación de zozobra que se estaba viviendo por esos días en el municipio y se solicitaba mas apoyo de la fuerza publica con el propósito de que se garantizara la seguridad de nuestra comunidad. (Presidencia de la república, Ministerio de Defensa, Gobernación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Novena Brigada, entre otros)… Hay que agregar que por ahí en el mes de agosto o septiembre de 1999 la fuerza pública conoció directamente de esta intención de tomarse nuestra población cuando frustran en la Vereda Alcaparrozal una posible toma que se iba a realizar en esos días a nuestra población y que fue repelida por el Ejercito…” (fs.33-35).
Alirio García Sotto, quien era el párroco por aquel tiempo, y relató de los hechos lo siguiente: “sucede que en el año 1999 finalizando ya, hubo un enfrentamiento entre el ejercito y la guerrilla en la vereda Alcaparrozal venían a tomarse a Colombia en pleno día, el ejercito estaba comandado por el coronel Laiseca, entonces y viendo la situación que se estaba presentando sobre el ataque, cuando terminó ya el enfrentamiento como a los ocho días, me fui en busca de la guerrilla para pedirle el favor que no fueran hacer barbaridades en el pueblo, que como iba a ser posible que un pueblo pobre que no tenia nada que llevarse fueran a causarle tanto mal y me encontré con el comandante, porque se la pasaban en todo ese sector, le expuse lo que llevaba allá y la respuesta del comandante fue a Colombia nos la tomamos, me dijo yo no se que tiene ese hijueputa pueblo, pero hemos hecho dos intentos y hemos fracasado. Entonces yo le dije que dese cuenta que hasta yo corro peligro porque vivo detrás del puesto de policía y la respuesta fue váyase de ahí porque en estas cosas no hay amigos, guerra es guerra, no hay religión, guerra es guerra, no hay familiares, guerra es guerra. Al recibir yo esta respuesta redacte una carta, porque esa redacción es mía y le pedí al Alcalde de ese entonces Nictor Bastidas y al personero Carlos Francisco Rincón, que me hiciera el favor de firmarme la carta, ellos me la firmaron y yo la mande a una cantidad de instituciones gubernamentales avisando el peligro, pero se la dirigí especialmente al departamento al Dr. Jaime Bravo Motta que era el gobernador de la época, con copia al Ministro de Defensa, al Batallón Tenerife, a la Red de Solidaridad, al mismo Presidente de la Republica Andrés Pastrana que estaba en el momento, con recibido. Nunca obtuve respuesta de esas instituciones gubernamentales, ni por decencia redactaron una carta para darme respuesta. Esa carta la mande en diciembre de 1999…” (fs. 36-37)

En consecuencia como la copia de dicho oficio fue dirigida al Presidente de la República quien, conforme a los numerales 3 y 4 del artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República y conservar en todo el territorio el orden público y como el Ejercito Nacional hace parte de la fuerza pública (Art. 216 C.P) es ostensible que al haberse omitido por parte del Ejército Nacional, su deber de protección a la población civil del municipio de Colombia, le es imputable el hecho materia de la presente demanda, pues no existe prueba alguna que permita inferir que una vez recibido el oficio la autoridad militar haya actuado.
Igualmente de acuerdo con el artículo 4 de la ley 4182 de 1997 (prorrogada su vigencia por la ley 548 de 1999), era deber de las autoridades conocedoras de la situación, entre ellas a la entidad demandada, el resolver prontamente la solicitud de prevención y eliminación de las perturbaciones a la seguridad, y la tranquilidad, que se le pedía, lo que no se hizo.
Así las cosas se le pueden imputar el hecho dañoso padecido por la accionante, por omisión, al Ejercito Nacional.
Es evidente que en el presente caso no hubo oportuna atención a la solicitud de protección a la municipalidad de Colombia y a sus habitantes, que el Alcalde, el Personero y el párroco de la comunidad de dicha localidad le solicitaron, en oficio dirigido a la gobernación del Huila, y a otras autoridades, entre ellas al Ejercito Nacional por intermedio de su supremo comandante –el presidente de la república- y para la Sala existe la convicción derivada de la prueba allegada y hechos narrados por los testigos e informes recibidos que no hubo reacción adecuada y suficiente de carácter preventivo, desde que se puso en conocimiento de las referidas autoridades de las amenazas, pues no se desarrolló un esquema de seguridad con tal finalidad y quizá se confió en que los 22, 30 o 35 agentes de policía3 que existían en la Estación podrían repeler el ataque subversivo, lo que intentaron realizar pero no fue suficiente frente al número elevado de elementos subversivos y armas que utilizaron, que lo fue hasta no convencionales y de cuya actividad se tenía precario conocimiento dados los antecedentes de toma de la misma población que ya se habían presentado.
Así las cosas, se reitera, el hecho causante del daño es la omisión de parte de la entidad demandada, en atender la solicitud de adoptar medidas preventivas, que evitaran daños como el padecido por la familia aquí actora ante el hecho evidente que se hallaba en altísimo riesgo de una toma guerrillera que se había anunciado e intentado en oportunidades anteriores como dan fe los testigos, especialmente el párroco Alirio García Soto (f. 36-38).
En consecuencia se hallan demostrados los elementos de la Responsabilidad del Estado.
Así las cosas, la Sala acogerá las pretensiones de la demanda, declarando la responsabilidad de la demandada a título de falla del servicio por omisión, y de esta manera se ampara el derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.

9. TASACIÓN DE LOS DAÑOS.
9.1. Del daño material.
9.1.1. Del daño emergente.
El avalúo presentado el 21 de enero de 2009, por el auxiliar de la justicia (fls. 108-115), fijó la suma de los perjuicios materiales en $25.680.000. El valor de $19.300.000 por lo que costaría la reconstrucción de la casa y la suma de $6.380.000 por los muebles y enseres del hogar; dictamen que no fue objetado por las partes; y si bien allí al anterior valor le agrega intereses por valor de $42.761.180, la Sala no comparte ésta liquidación de intereses porque lo que se determina es el valor de los perjuicios materiales derivados de la pérdida parcial de la casa y de los muebles y no el de una suma de dinero que debía rentar o producir fruto alguno. Desde luego que la suma inicialmente indicada por el perito debe actualizarse a la fecha de ésta sentencia y así se hará, aplicando la siguiente formula:

Ra = R x I.F.

I.i.
Donde Ra es la renta actualizada; R es la renta histórica $25.680.000, I.F. es el I.P.C. del mes inmediatamente anterior a la fecha de la sentencia (diciembre de 2010) y el I.i. es el I.P.C. a la fecha del dictamen dado que el valor lo hizo actualizado a dicha fecha (enero de 2009).
Ra = $25.680.000 x 197.10

192.22
Ra = $26.331.953 valor a pagar a titulo de daño emergente.
Es de aclarar que ese valor indexado es correspondiente a la indemnización por el perjuicio ocasionando a la señora Maria del Rosario Herrera Hernández, y de ninguna manera son intereses bancarios generados por una deuda crediticia adquirida por la parte actora, como erradamente lo ha indicado el dictamen pericial en los folios 110 a 112.
9.1.2. Lucro cesante.
No se halla demostrado que con la perdida de los bienes muebles e inmueble, la actora dejó de devengar suma que constituya éste perjuicio, más aún cuando son los bienes destinados al uso cotidiano en una casa.
No se accede a su reconocimiento.
9.2. Daño moral.
En efecto, al sentir y ver destruida parcialmente su residencia, tal hecho genera zozobra y angustia en sus propietarios moradores, por lo que la actora padeció daño moral por tal aspecto.
La Sala estima que conforme se dejó reseñado en el acápite del daño antijurídico la actora padeció este daño, ante el miedo, la angustia de perder la vida como el de haber perdido sus enseres materiales, lo que en criterio de la Sala le corresponde estimarlo en el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes4 a la fecha de ejecutoria de la sentencia5.

10. DE LA CONDENA EN COSTAS.
Como la parte demandada no asumió una conducta temeraria o dilatoria dentro del proceso, la Sala estima que no es procedente realizar ésta condena, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A.

11. CONCLUSIÓN.
Se ha podido determinar en ésta instancia que se debe revocar el fallo de fecha 4 de junio de 2009 proferida por el Juzgado Sexto del Circuito Judicial Administrativo de Neiva, dado que el daño padecido por la parte demandante, fue antijurídico y se determinaron los demás elementos de la responsabilidad del Estado.

12. DECISIÓN.
En merito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila – Sala Tercera de decisión, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley,


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