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No al conflicto de interés en Cruzada contra el Hambre

9 abril 2013. La inclusión de las empresas de PepsiCo y Nestlé en la Cruzada contra el Hambre representa un profundo conflicto de interés que debe ser evitado, ya que ambas empresas tienen responsabilidades en dos epidemias que enfrenta México: la diabetes y la obesidad, señalaron expertos.

http://www.elpoderdelconsumidor.org/fabricaweb/wp-content/uploads/pattirundall1.jpgPatti Rundall, activista inglesa y líder de la Coalición Internacional Contra el Conflicto de Interés señaló que el objetivo de las empresas es aumentar sus ingresos, ganancias y participación de mercado, por ello aunque se presentan como aliadas del gobierno, en realidad se dedican a bloquear iniciativas gubernamentales para evitar que las controlen, tal es el caso de la publicidad en alimentos procesados o refrescos.

Al referirse específicamente a la Cruzada, Rundall, quien recibió el reconocimiento del Orden del Imperio Británico por su labor, advirtió que “la sociedad” que anunció el gobierno mexicano con las empresas es altamente riesgosa, ya que les está permitiendo a las empresas tener una penetración directa en las comunidades y poniendo incluso en riesgo, la comida y costumbres tradicionales. “Esa sociedad puede lucir bien desde fuera, pero es una trampa en sí misma”.

Por su parte, Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor señaló que el conflicto de interés se puede dar de mucha maneras, por ejemplo, cuando los funcionarios públicos están vinculados a los intereses de las empresas, debido a experiencias profesionales previas.

Este tipo de acuerdos (el de la Cruzada contra el Hambre) genera conflictos de interés desde el momento en que el Estado se asocia con entidades de interés privado que tienen que ver con el problema que se está enfrentando. En la Cruzada estamos hablando de un tema de malnutrición, por un lado, y obesidad, por otro. Las empresas que firman el acuerdo tienen que ver directamente con el objetivo de este programa, es una contradicción y un error que debe ser subsanado”.

Tanto Rundall como Calvillo recordaron que en el Programa “Hambre Cero” de Brasil, Nestlé también intento formar parte de esta iniciativa, pero la presión social obligó a las autoridades a dar marcha atrás.

Señalaron que en Brasil el mensaje fue claro: el hambre no puede combatirse con comida chatarra.

El estado está abdicando de su obligación de proteger el derecho a la salud y a la alimentación, incluso deja en manos de Nestlé la educación en nutrición en las comunidades más pobres del país para que 15,000 mujeres promuevan sus productos y orienten al resto de la comunidad al consumo de sus productos. Incluso, el gobierno está entregando los servicios subsidiados de las 25,000 tiendas de Diconsa para distribuir sus productos. Esto va en sentido totalmente contrario a lo que se estableció en la Cruzada de distribuir alimentos saludables y fortalecer la producción local de alimentos”, señaló Alejandro Calvillo.

Los especialistas señalaron que no se entendía como se hacían estos acuerdos sin antes contar con el comité científico que la Cruzada establece como instancia asesora. “No existe comité científico libre de conflicto de interés que pueda avalar estos acuerdos con la industrial”, añadieron.

Al hablar sobre el conflicto de interés en el desarrollo de políticas públicas en México, Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional en México, señaló que es importante puntualizar que establecer un mecanismo para evitar el conflicto de interés es para todas las industrias, para todas las discusiones legislativas y para todas la ramas del gobierno y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al explicar que los funcionarios públicos no sólo deben presentar su declaración patrimonial, sino también combinarla con una declaración de interés. “Tanto para el tema de nutrición como para la vida de esta República, será muy importante darle la vuelta a los relojes y cuadros lujosos y empezar a pensar en el tema de fondo que son los temas de conflicto de interés”.

Añadió que por eso es tan importante debatir tanto en los nombramientos de las comisiones reguladoras y cuerpos colegiados.

Por su parte, Guillermo Ávila, investigador de Fundar, coincidió en que la transparencia y rendición de cuentas, así como evitar el conflicto de interés, es de beneficio para todos los actores, porque por un lado la ciudadanía tiene acceso a toda la información, y por otro, las autoridades se quitan ese velo de sospecha.

Patti Rundall es directora de Incidencia de Baby Milk Action, organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es salvar vidas y acabar con el sufrimiento causado por la inapropiada alimentación del infante, mediante el fortalecimiento de regulaciones de publicidad de la industria. Además, es co-presidenta de la red global IBFAN (La Red Internacional de Grupos de pro Alimentación), compuesta por más de 273 de grupos de interés público trabajando en 168 países para reducir la morbilidad y mortalidad del lactante y del niño pequeño. Es fundadora de la Coalición de Conflicto de Interés, que agrupa a 160 organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de salvaguardar las políticas públicas en materia de salud de los conflictos de interés comerciales. Ha encabezado diversas campañas en torno a prácticas empresariales, incluyendo el boicot a Nestlé en 20 países, asistiendo a la reunión anual de accionistas para desafiar a la empresa.

Empresas obstaculizan reducción de obesidad

empresas obstaculizan reducción de obesidad

27 noviembre 2012. Sólo los países en los que el Estado ha asumido la responsabilidad de regular la publicidad, el etiquetado y la presencia de alimentos procesados y bebidas en las escuelas, es donde se ha logrado enfrentar la obesidad, señalaron expertos internacionales en nutrición, salud pública y legislación al participar en el foro “Obesidad: Alternativas y obstáculos para la Salud Pública en América Latina”.

En este encuentro, los expertos miembros del poder ejecutivo y del legislativo y organizaciones civiles de diversos países de América Latina abordaron los avances, obstáculos y posibilidades para combatir la obesidad, que se ha convertido en el mayor problema de salud pública en gran parte de la región.

Los participantes señalaron la necesidad de implementar ordenamientos, señalando que la autorregulación empresarial no cumple la función del Estado de garantizar el derecho a la salud pública. Se pronunciaron por la necesidad de garantizar que en las escuelas sólo existan alimentos y bebidas saludables, que se prohíba la publicidad de productos no saludables dirigida a la infancia y se establezcan etiquetados obligatorios que realmente orienten a los consumidores y adviertan los riesgos que representan el consumo regular de este tipo de productos.

El senador Guido Girardi de Chile y el diputado Jaime Delgado de Perú, junto con el ministro de Educación Pública de Costa Rica, Leonardo Garnier, coincidieron en la necesidad de que las políticas públicas se diseñen por expertos libres de conflicto de intereses y fuera de la influencia de los objetivos empresariales, explicando que debe prevalecer el derecho a la salud por encima de intereses económicos empresariales.

Es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de los padres y madres, de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales, pero sobre todo de los gobiernos: generar tanto los entornos adecuados como las regulaciones indispensables para frenar y revertir esta tragedia. No es un reto fácil, ya que implica no sólo enfrentar una enorme maquinaria de mercadeo y una cultura muy poderosa de consumo fácil y cómodo, sino también intereses muy fuertes que se resisten a cualquier tipo de regulación efectiva. La epidemia, sin embargo, es tan evidente, que poco a poco la sensatez empieza a prevalecer”, señaló el ministro costarricense Leonardo Garnier.

El funcionario añadió que se vive una epidemia cuyas consecuencias no se verán en el futuro sino que se están viendo hoy, con niños y niñas obesos, diabéticos y con síndrome metabólico, entre otras enfermedades.

Por su parte, el senador Girardi alertó que las empresas que venden comida chatarra se han transformado en las tabacaleras del siglo XXI que fundan su estrategia en la publicidad engañosa, en etiquetados crípticos imposibles de comprender a través de usar el azúcar y la sal dirigida fundamentalmente a los niños. “Estamos cableados neurológicamente para buscar la sal y el azúcar, al igual que en el tabaco, una persona adulta que no se ha hecho adicta a la sal, la grasa y el azúcar es muy difícil que lo haga posteriormente. Toda la estrategia de las empresas está dirigida a los niños para hacerlos adictos a la comida chatarra, igual que las tabacaleras”, señaló.

El legislador explicó que casi dos tercios de las muertes hoy día corresponden a infartos, accidentes vascular, cáncer, complicaciones de la hipertensión y la diabetes, y gran parte de la carga de enfermedad, como la depresión, la artrosis, osteoporosis, están relacionadas con los estilos de vida, particularmente con el consumo de alimentos que son altos en azúcar, grasas y sal y la falta de actividad física.

El diputado Delgado, quien también es Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento Latinoamericano, explicó que se debe entender que la alimentación está directamente relacionada con la salud de la población, por lo que se convierte en un tema de interés público.

“Lamentablemente la alimentación se ha dejado a las reglas del mercado, como si se tratara de cualquier otra mercancía, zapatillas, corbatas, etc., sin tener en consideración que vía alimentación podemos garantizar salud de la población o enfermedad y muerte. El resultado es que hoy millones de personas mueren cada año como consecuencia de una alimentación no saludable promovida por la industria y en la que invierten cientos de millones de dólares cada año, teniendo a su disposición todos los medios de comunicación y de marketing”, señaló el diputado peruano.

El legislador advirtió que esta pandemia mundial de obesidad y las consecuencias de las enfermedades crónicas vinculadas a la mala alimentación está causando mucho sufrimiento y está desestabilizando la economía de los sistemas de salud en muchos países. “Por eso es hora de tomar medidas drásticas para regular la publicidad de alimentos procesados, informar mejor a los consumidores con etiquetados claras y persuasivas, promover la actividad física, fomentar la educación nutricional, restringir la venta de comida chatarra en las escuelas. Pero más importante que todo eso es iniciar un programa muy potente para promocionar por todos los medios posibles la alimentación y los estilos de vida saludable”, afirmó.

Por una política de Estado para combatir obesidad
26 febrero 2013. Académicos, investigadores, especialistas en salud pública y nutrición e integrantes de las organizaciones de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA demandamos al gobierno federal tomar acciones urgentes en contra del grave problema de la obesidad, que ya afecta a siete de cada 10 adultos y a uno de cada tres niños.

El costo de la obesidad ha sido estimado en $67,000 millones de pesos del 2008 y se estima que para el 2017 fluctúe entre $78,000 millones y $101,000 millones en pesos del 2008. De no actuar de inmediato, el costo que pagará la sociedad en las siguientes tres décadas será mucho mayor a la inversión requerida para implementar estas acciones.

Al participar en el foro “Por una política integral para el combate a la obesidad”, el doctor Juan Rivera Dommarco, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y coordinador del estudio “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, donde participaron la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Instituto Nacional de Salud Pública, y el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán, señaló que “la obesidad genera un impacto social, económico y múltiples efectos adversos en la salud del individuo, la cadena causal que la origina está fuera del control de las personas, por lo cual el Estado debe intervenir para proteger la salud de la población mediante la implementación de políticas, regulación y programas”.

Las prevalencias de sobrepeso y obesidad de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) se encuentran actualmente en 73% para mujeres y 69.4% para hombres, 35.8% para adolescentes mujeres y 34.1% para adolescentes varones, y 32% en las niñas y 36.9% en niños en edad escolar.

En el documento se establece que de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y desde una perspectiva económica existe la necesidad de implementar una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los distintos niveles de gobierno, tanto el poder ejecutivo como al legislativo, que incidan en las fallas de mercado para reducir el impacto de la obesidad en la salud de la población mexicana y aborde los determinantes de la obesidad en los diferentes contextos en los que interactúan y afectan a la población: el hogar, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo, y los espacios públicos y de esparcimiento; que involucre actores clave, incluyendo el gobierno en todos sus sectores relevantes, los sistemas de salud, el sector privado, especialmente la industria de alimentos, los medios de comunicación masiva, las agrupaciones de consumidores y la academia.

Dentro de las recomendaciones que se formulan en el documento están:

•• Incluir a la política nacional de prevención de obesidad (Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, ANSA) como parte del Programa Nacional de Desarrollo y otorgarle suficiente presupuesto para la implementación de las acciones y evaluación de las mismas.

•• Lograr el establecimiento de metas, plazos y acciones para el cumplimiento de los objetivos del ANSA por parte del sector privado, los gobiernos estatales y municipales, así como identificar mecanismos y procesos para su seguimiento y para la rendición de cuentas.

•• Reformar la Ley General de Salud, la Ley General del Trabajo, y otras leyes y reglamentos, para dotar al Estado de los instrumentos legales para la aplicación de regulaciones y disposiciones para la prevención de obesidad y sus comorbilidades.

•• Evaluar el diseño e implementación del Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas dirigida al Público Infantil (PABI), en comparación con recomendaciones internacionales, particularmente las de la Organización Panamericana de la Salud. En base en dicha evaluación desarrollar una norma para la regulación adecuada de la publicidad de alimentos y bebidas a niños y adolescentes acorde con las recomendaciones internacionales, cumpliendo así con el deber del Estado proteger la salud de su población, especialmente de los niños.

•• Promover la implementación de un sistema de etiquetado frontal de alimentos que sea único, simple, con un solo sello, fácil de entender y establecido de manera independiente
de la industria de alimentos por un comité independiente de expertos
que revise la experiencia internacional al respecto.

•• Generar acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública y las autoridades municipales o delegacionales, para que en un amplio perímetro del entorno escolar se limiten los alimentos que se restringen actualmente al interior de las escuelas.

•• Reorganizar los servicios que presta el Sistema Nacional de Salud para aumentar el acceso de la población a los equipos multidisciplinarios especializados, asegurar la
existencia de materiales y medicamentos para la detección de obesidad y sus comorbilidades, fortalecer el programa de Unidades de Especialidades Médicas (Unemes crónicas) para lograr un mayor impacto, y establecer programas de certificación de unidades médicas y de especialistas para brindar atención de calidad.


•• Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y la lactancia prolongada y promover una alimentación complementaria a partir de los seis meses, manteniendo la lactancia y evitando el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de azúcar y sodio. Se propone además la actualización de la Ley General del Trabajo para aumentar los periodos de lactancia materna y los descansos en las jornadas laborales y la promoción de lactarios en los sitios de trabajo.

Todas estas recomendaciones son parte fundamental de una estrategia integral para la cual se plantea la creación de una estrategia nacional de comunicación educativa y orientación alimentaria, que incluya guías alimentarias que promuevan la salud, que sea desarrollada por un grupo de expertos en nutrición, comunicación, promoción de la salud y educación.
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