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fecha de publicación17.09.2016
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Son antimineros

Las protestas contra la minería son producto de la conspiración de los antimineros. Ellos siempre se van a oponer a todo tipo de inversión extractiva por fundamentalismo, por ignorancia o por interéses políticos o económicos.




Son fundamentalistas que están contra todo tipo de minería”

Para evitar cualquier debate, la primera estrategia suele ser la descalificación. Por eso el término “antiminero” se ha vuelto tan común en la prensa y en la política en nuestro país: porque permite pasar por alto las diversas razones de los igualmente diversos conflictos socioambientales, y agruparlos todos bajo la etiqueta del “anti”, el que se opone por oponerse, el irracional con el que no se puede discutir.
Pero la verdad es que si existen tantos conflictos alrededor de la minería, el petróleo y otras industrias extractivas, no es por la ideología de algún grupo “antiminero” que tenga capacidad de “manipular” a miles y miles de personas en todo el país. Los conflictos no son “antimineros”. Cada conflicto tiene causas específicas -que por supuesto se encuentran enmarcadas dentro de un contexto general, con elementos comunes-. Pero es imposible poner todas las luchas sociales alrededor de la minería en un mismo saco.
En primer lugar, hay decenas de proyectos extractivos que no causan mayor conflictividad. Por ejemplo, la explotación de los fosfatos de Bayóvar -en la costa de Piura- o de la sal de Maras -en Cusco- o de la arena que se utiliza en las cementeras en diversas partes del país, no son ejemplos de minería con gran conflictividad social. Puede haber en algunos casos impactos ambientales que resolver, pero no se trata de actividades altamente conflictivas. ¿Por qué? ¿Dónde están los “antimineros” en esos casos? ¿No será que simplemente los impactos ambientales y sociales son distintos y no generan mayor resistencia de las comunidades aledañas?
En segundo lugar, muchos de los conflictos socioambientales no son principalmente contra la actividad minera, sino son luchas por una mejor distribución de los beneficios de la mina. De hecho, una reciente investigacióni mostró que en la mayoría de los conflictos, las comunidades no rechazan la minería, sino por el contrario buscan más beneficios considerando los altos precios de los metales. En muchos de estos casos la gente también lucha por el medio ambiente, pero pide una regulación más estricta para evitar la contaminación, y no pide necesariamente que se vaya la empresa.
En muchos otros casos, el rechazo se produce por prácticas abusivas por parte de alguna empresa, que en vez de comunicarse de manera transparente con las comunidades aledañas, decide imponer a como dé lugar su proyecto y su visión de desarrollo. En esos casos, las poblaciones rechazan la conducta de estas malas empresas, lo que no les convierte en “antimineros”.
Y finalmente, hay determinados conflictos en los que la población, por diversas razones, simplemente no quiere el ingreso de grandes proyectos mineros. Esto puede ocurrir por razones ambientales, o por ya existir en la zona alguna actividad importante que la minería podría poner en riesgo (agricultura, turismo, etc.), o por razones culturales, religiosas o paisajísticas (el proyecto afecta una montaña o una zona considerada sagrada, etc.). En todos estos casos, las comunidades tienen legítimo derecho a decir que no desean un proyecto. ¿Quién tiene derecho a decirles cómo deben vivir o qué actividades se deben realizar en su localidad?
Así pues, no hay tal conspiración “antiminera”. Lo que existe, por el contrario, es una ideología pro-minera que lo domina todo. Según esta ideología, todo proyecto debe ir, siempre, en cualquier lugar, y cualquiera que cuestione esa verdad absoluta es tachado de “enemigo del progreso”, “radical”, etc. Un ejemplo son las declaraciones de Walter Casquino, presidente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), quien dijo a la prensa que “Debe haber mina allí donde exista recurso mineral”ii, obviando todo el debate sobre la zonificación económica y ecológica, el ordenamiento territorial, la consulta a los pueblos afectados. ¿Quiénes son, entonces, los fundamentalistas?

Son ignorantes y están manipulados por grupos políticos radicales”

Este es uno de los mitos más comunes: imaginarse que unos cuántos líderes extremistas son capaces de movilizar a miles de ciudadanos. Aquí hay tres ideas ocultas: en primer lugar, una visión negativa y quién sabe, racista, de los ciudadanos que viven en las zonas aledañas a los proyectos mineros, que son vistos como “irracionales” y “manipulables”; en segundo lugar, una exageración del rol de los grupos políticos; y en tercer lugar, que no existen razones válidas en las protestas contra estas inversiones.
En su versión más extrema, los que utilizan este mito son abiertamente racistas. Pedro Pablo Kuczynski, un ex candidato y ex funcionario vinculado al sector minero-energético, cuestionó alguna vez las protestas de “una parte de los Andes, lugares donde la altura impide que el oxígeno llegue al cerebro”iii. La versión más edulcorada de este mito hace referencia a los problemas relacionados con la educación formal, el anafabetismo, etc.
Pero los ciudadanos que viven en las zonas aledañas a los proyectos mineros podrán no conocer una serie de elementos técnicos, pero tienen un conocimiento muy profundo del entorno y de la naturaleza. Ellos saben dónde están los ojos de agua y por dónde pasan los canales, ellos saben dónde anidan los animales de la zona, ellos saben si su ganado está sano o está enfermo, si su tierra es fértil o no. No se les puede engañar: si un día protestan porque se secó un canal, ningún ingeniero ni relacionista comunitario podrá convencerlo de que dicho canal nunca existió. Como dijo un campesino, “la mina me dice que el agua está buena, pero mi burro no quiere tomarla. ¿A quién le hago caso, a la mina o a mi burro?”. O como dice una popular copla cajamarquina: “dicen que las truchas mueren porque no saben nadar”.
Este argumento sobredimensiona el rol de grupos políticos con diversas ideologías que, por diversas razones, se oponen ya sea a la actividad minera, a determinado proyecto o al modelo económico vigente en nuestro país que prioriza el ingreso de grandes inversiones transnacionales. Sin duda existen grupos y partidos políticos que se vinculan con los procesos de lucha alrededor de las industrias extractivas. ¿Está eso mal? No: hacer política es un derecho, tener una ideología es algo perfectamente legítimo en democracia, y nadie puede quitar a ninguna organización política su libertad de participar de las protestas.
Pero, ¿en verdad estos grupos tienen tanto poder como para movilizar a miles de personas? Obviamente no. Si la gente sale a protestar es porque tiene razones para hacerlo. Nadie enfrenta la posible represión de la Policía y sus balas, el rechazo de la prensa nacional y la estigmatización en ámbitos laborales y hasta familiares si no es por una causa suficientemente razonable. Los diversos grupos políticos que operan en las localidades participan en las movilizaciones y tratan de ganar adeptos, pero son incapaces de “crear” protestas de la nada.
Lo cierto es que conflictos con la actividad extractiva los hay en todo el mundo, y de manera creciente. Hay luchas de este tipo en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México... Las hay en Estados Unidos y Canadá, las hay en Noruega, en Australia, en China... ¿Por qué? Porque, como los precios de los minerales subieron mucho en estos años, la inversión de los capitales en este sector creció también muy rápida y agresivamente, generando una lógica resistencia en todas partes, más aún en un momento en el que hay más conciencia ambiental que en el pasado. Y en un contexto en el que el progresivo impacto del cambio climático ya perjudica la calidad de tierras y el acceso al agua de las poblaciones rurales y urbanas.
El argumento de la “manipulación” sirve para descalificar a los que cuestionan a la actividad minera y no discutir los temas de fondo, que son las razones legítimas por las cuales existen protestas y conflictos. Más bien, estos conflictos y protestas podrían inspirar cambios necesarios en la legislación e inclusive en los modelos de desarrollo para nuestro país.
Son perros del hortelano que no quieren que se aprovechen sus recursos ociosos”
Este mito, puesto de moda por el ex presidente Alan García a través de su famoso artículo “El síndrome del perro del hortelano”iv, es en verdad muy antiguo. Se remonta, por lo menos, a aquella frase del siglo XIX que decía que el Perú era un mendigo sentado en un banco de orov.
Esta idea tampoco es un argumento, sino sólo otra descalificación: si los que critican a la minería no son fundamentalistas ni ignorantes, entonces por lo menos serán ociosos. En este mito también podemos detectar algo del viejo racismo peruano: el serrano o el chuncho ocioso, que no quiere trabajar sus riquezas.
Pero junto con la descalificación, aquí aparece otra idea de contrabando: como los peruanos no queremos aprovechar nuestros recursos, necesitamos de las grandes empresas transnacionales que son las que van a invertir para “poner en valor” aquello que nosotros tenemos abandonado.
Así pues, este mito encierra toda una visión de los peruanos y toda una visión de la economía mundial.
Pero, ¿qué tiene de cierto?
El poblador rural de las zonas aledañas a los proyectos mineros, por lo general, no tiene nada de “ocioso”: por el contrario, el trabajo es constante y duro, y gracias a ello se hace producir la tierra en las circunstancias más difíciles, a gran altura, con poca agua, en las laderas de las montañas, etc. Más que ese egoísmo del “perro del hortelano” que no quiere que nadie toque los recursos que él tampoco utiliza, el poblador rural lo que teme es que grandes proyectos con enorme impacto puedan afectar su producción agrícola que tanto esfuerzo requiere.
Los políticos y empresarios de cultura urbana y occidental muchas veces confunden con “recursos ociosos” las partes del terreno que simplemente están descansando por unos años para que la tierra recupere su fertilidad. Este tipo de error revela dos maneras de entender el mundo: mientras que en el mundo occidental hay que exprimir rápidamente todas las “riquezas” que puedan existir, en el mundo campesino, andino o indígena se valora mucho la armonía y el respeto a los ciclos de la naturaleza.
Ahora bien, por supuesto que las comunidades pueden explotar sus recursos mineros o permitir que otros lo hagan. Por eso, repetimos: existen casos de buena relación entre las empresas y las comunidades, existe la figura del joint venture mediante la cual las propias comunidades son socias de algunos proyectos extractivos, e incluso en otros países existen las cooperativas o empresas comunales que explotan directamente el recurso (¿será posible encontrar ejemplos?). Si vemos que junto con estas experiencias también hay numerosos conflictos, es porque de hecho existen muchas experiencias negativas, malas relaciones con las empresas, casos palpables de contaminación, entre otras causas.
Lo cierto es que las actividades económicas tradicionales de estas poblaciones han recibido poco o nulo apoyo del Estado peruano, salvo en algunos momentos excepcionales. La ausencia de una política de apoyo al agro es en realidad una política para imposibilitar alternativas económicas reales.
Se oponen a la minería formal porque quieren hacer minería informal”
Este mito se está utilizando mucho por parte de algunos políticos para desacreditar las luchas contra determinados proyectos de inversión. El argumento es simple: se oponen a las grandes empresas transnacionales, pero no dicen nada contra la minería informal que también contamina.
Lo cierto es que cualquier explotación minera, sea grande o chica, puede afectar negativamente el entorno si está en un área frágil, si no tiene buenas prácticas ambientales, si no trata adecuadamente sus residuos, y si no está debidamente fiscalizada por las instancias del Estado. Esto no depende de si es una empresa transnacional o un pequeño minero artesanal: si no se tienen los cuidados adecuados, de todas maneras va a existir daño ambiental.
Ahora bien, ¿los que se oponen a la actividad minera acaso no dicen nada sobre la minería informal?
Eso es mentira. De hecho, hace muy poco una comunidad indígena de Madre de Dios logró, con el apoyo de una ONG, una sentencia muy importante en el Tribunal Constitucional que le permite defender su territorio del ingreso de mineros informalesvi. Lo mismo ocurrió en Puno tras las protestas por la contaminación del río Ramis a causa de la minería informalvii. Son numerosas las protestas contra este tipo de actividad: las comunidades del Marañón se levantaron el 2011 contra los mineros artesanalesviii y los campesinos de Andahuaylas pidieron ese mismo año el fin de todo tipo de minería en su zona, sea formal o informalix. Así pues, no necesariamente hay una “fijación” especial con la gran minería, sino una reacción lógica ante cualquier actividad que cause efectos negativos en el entorno. Los casos son muy diversos: en algunos lugares el conflicto gira en torno a la gran minería, en otros casos en torno a la pequeña y en otros más se trata de poblaciones que no desean ningún tipo de actividad extractiva.
Es cierto que hay casos de minería informal en zonas donde la población impidió el ingreso de grandes proyectos transnacionales. El ejemplo más mentado es el del valle de Tambogrande, en Piura, donde una dura lucha social logró evitar la explotación de oro por parte de la empresa Manhattan. Luego de ello, en distritos aledaños como Las Lomas han proliferado las pequeñas explotaciones informales que también causan mucho impacto ambiental por su uso de químicos. Pero el ingreso de estos informales, ¿es responsabilidad del movimiento social, o del Estado? Más bien el Estado, con su mala regulación y nula presencia en zonas rurales, permite que este tipo de explotación se realice sin el menor control. Parece que al Estado sólo le preocupan las zonas rurales cuando hay una jugosa inversión transnacional, y si no resulta, entonces vuelve a desaparecer y a dejar a las comunidades locales abandonadas a su suerte.
Además, en muchos casos son las propias empresas grandes o medianas las que compran el producto a los informales, generando de esa manera la demanda que explica la oferta. De hecho, según el investigador Miguel Santillanax -uno de los más conocidos promotores de la actividad extractiva, que no tiene un pelo de “antiminero”- existen una decena de empresas formales “con nombres y apellidos conocidos por la Sunat, que se dedican a este tipo de actividades a nivel nacional”. Las empresas comercializadoras “habilitan explosivos, maquinaria, combustible, pago de planillas y alimentación a los campesinos, quienes extraen la roca o hacen un primer proceso con mercurio y luego venden la roca molida, o el relave luego del proceso de mercurio, a estas comercializadoras”, según Santillana. ¿Y dónde está el Estado para controlar esto?
Tiene que haber una acción integral del Estado en la defensa del ambiente y en la zonificación económica y ecológica y el ordenamiento territorial participativo. Ello es independiente de la naturaleza del proyecto (si es transnacional o nacional, si es grande o artesanal, etc).


i¿Minería sin fronteras?. Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. Arellano Yanguas, Javier. IEP. Lima, 2011.

ii"Debe haber minería allí donde existan recursos minerales". Declaraciones de Walter Casquino al diario La República, 11/12/2011. Disponible en: http://www.larepublica.pe/19-12-2011/debe-haber-mineria-alli-donde-existan-recursos-minerales

iiiLa cita textual es: “Esto de cambiar las reglas, cambiar los contratos, nacionalizar, que es un poco una idea de una parte de los Andes, lugares donde la altura impide que el oxígeno llegue al cerebro, eso es fatal y funesto”. Las declaraciones fueron vertidas por el entonces primer ministro Pedro Pablo Kuczynski en la conferencia ‘Perú: Desarrollo e inversión con equidad social’, organizada el 2006 en Lima por Global Crossing y pronunciada ante el Consejo de las Américas y la Sociedad de las Américas. La cita fue rescatada por Carlos Ivan Degregori en su artículo “Inclusión vs. Racismo”, publicado en el diario Perú.21 el 15/07/2006.

iv“El síndrome del perro del hortelano”. Alan García Pérez. Publicado en el diario El Comercio el 28/10/2007.

vAtribuída al investigador italiano Antonio Raimondi.

vi“Perú: Tribunal Constitucional da razón a comunidad Tres Islas, en defensa de autonomía”. Noticia publicada en SERVINDI el 25/09/2012. Disponible en: http://servindi.org/actualidad/73292. La sentencia completa del Tribunal Constitucional está disponible en la web del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS), entidad que llevó adelante el caso: http://www.derechoysociedad.org/3-islas/183-tc.html

vii“Protestas en Puno tienen como sustento el rechazo a las actividades mineras”. Noticia publicada en Servicio de Información GRUFIDES el 30/06/2011. Disponible en: http://grufidesinfo.blogspot.com/2011/06/protestas-en-puno-tienen-como-sustento.html. La nota indica: “las manifestaciones en Juliaca, realizadas por los pobladores de la provincia de Azángaro, que piden el cese de las actividades mineras informales que contaminan la cuenca del río Ramis”.

viii “Indígenas awajun se levantan contra minería informal”. Noticia publicada en Alerta Perú el 10/09/2011. Disponible en http://cuidadora.ourproject.org/reports/view/39. En esa ocasión, Mamerto Maicua, presidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, declaró que "la gente está actuando porque los mineros informales están afectando el agua que consumen a lo largo del Marañón. Están actuando para que se respete la biodiversidad de su territorio".

ix“El caso de Andahuaylas, en Apurímac”. Noticia publicada en la web de la Red Muqui. Disponible en: http://www.muqui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4330:el-caso-de-andahuaylas-en-apurimac&catid=122:casos-emblematicos&Itemid=162. La nota señala que “Cerca de cincuenta mil campesinos de Andahuaylas se movilizan en rechazo a la actividad minera formal e informal en zonas de cabeceras de cuenca”.

x"Ocho empresas formales se benefician de la minería informal". Noticia publicada en el diario Gestión el 06/04/2010. Disponible en: http://gestion.pe/noticia/457541/unas-ocho-empresas-formales-se-benefician-mineria-informal

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