Rama Judicial tribunal contencioso administrativo del huila






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República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA


Sala Tercera de Decisión

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida
Neiva, treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008).

ACCIÓN: Reparación Directa.

Demandante: JENNY MARGOTH VELASCO ALARCON


Apoderado: Dr. Andrés Fernando Andrade Parra

Demandado: Nación – Ministerio de Educación.

Apoderado: Dr. Justino Hernández Murcia

Asunto: Sentencia.

Radicación 41 001 23 31 003 2002 00975 00
Aprobada en Acta de la fecha. N° 011.

1.- ANTECEDENTES.
No aprobado el proyecto de sentencia presentado por el Dr. Enrique Dussán Cabrera, le ha correspondido al Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida, proyectar la decisión de Fondo.
2.- LA DEMANDA:
2.1.- Las Pretensiones:
JENNY MARGOTH VELASCO ALARCON, mayor de edad y vecina de San Agustín, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa, solicita se declare a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION- responsable del perjuicio económico a su patrimonio al retardar injustamente entre el 16 de septiembre de 1997 y el 25 de agosto de 2000 el pago de las cesantías parciales que le fueron reconocidas por medio de la Resolución N° 00191 del 28 de marzo de 2000 expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Como consecuencia de la anterior declaración solicita se condene a pagarle el valor resultante de la indexación causada entre el 16 de septiembre de 1997 y el 25 de agosto de 2000, conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, y teniendo en cuenta que el valor de las cesantías ascendió a $13.077.657; al igual que se le condene en costas del proceso, los intereses de mora del valor total de la indexación entre la ejecutoria del fallo y el pago y que la sentencia se cumpla dentro de los 30 días siguientes a su firmeza.
2.2.- Los Hechos:
Expone la actora que el 16 de junio de 1997 solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de cesantías parciales la que se le resolvió mediante la Resolución 00191 del 28 de marzo de 2000; es decir 2 años y 9 meses después.
El pago sólo vino a producirse el 25 de agosto de 2000, lo que significa que entre la fecha de presentación de la solicitud y el pago de las prestaciones transcurrieron 3 años y 2 meses, o sea, un lapso superior a los 3 meses que disponía la administración para atender la cancelación de cesantías sin incurrir en retardo injustificado.
Dicha demora generó una notable disminución en el patrimonio de la demandante por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda el cual debe ser reparado por la entidad demandada.
No se hizo reclamación previa por cuanto se trata de un gasto no decretado legalmente ni reconocido judicialmente, motivo por el cual, de conformidad con los artículos 345 y 346 de la C.P., La Nación no puede realizarlo sin orden judicial.
3.- NORMAS DE DERECHO Y FUNDAMENTACION ESPECIAL:
Cita como normas aplicables los Artículos 1, 2, 25, 48, 53, 58 y 90 de la Constitución Política Nacional. El articulo 1649 del Código Civil y el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
Que desde hace varios años las altas Cortes del País vienen unificando criterios respecto a la protección que el Estado debe dar a las prestaciones sociales de los servidores públicos o privados, cuando el pago se realiza mas allá del término legal o del plazo prudencial de que dispone la administración o el patrono para atender sus obligaciones laborales. Que en defensa del debilitamiento patrimonial proveniente del fenómeno inflacionario, es viable el reconocimiento de la indexación o corrección monetaria en caso de presentarse un retardo injustificado en la cancelación de las acreencias de tipo laboral.
Cita jurisprudencia sobre la aplicación de la indexación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Que en caso planteado, el retardo injustificado en el pago de las cesantías comenzó a presentarse el día 16 de septiembre de 1997, tres meses después de solicitadas, prolongándose hasta el 25 de agosto de 2000, fecha en que el Fondo realizó el pago, por espacio de mas de 35 meses, lapso durante el cual el patrimonio de la demandante sufrió un considerable deprecio económico por la devaluación

4.- TRÁMITE Y CONTESTACION DE LA DEMANDA:



Admitida la demanda (f.17) se ordenó notificar al señor Procurador Judicial, y al representante legal de la entidad demandada Nación – Ministerio de Educación Nacional, con entrega de copia de la demanda y sus anexos.
Dentro del termino de fijación en lista (f.40), la Nación – Ministerio de Ecuación Nacional, por intermedio de apoderado descorrió el traslado de la demanda (f.25) oponiéndose a las pretensiones.
5.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
La Nación – Ministerio de Educación Nacional, por medio de apoderado se opone a las pretensiones de la demanda, exponiendo que las cesantías “Por ser una prestación dineraria, su devaluación se encuentra protegida por unos intereses, que sirven exclusivamente para mantener el poder adquisitivo del dinero, el poder de compra”, por lo que no se puede solicitar la indexación porque mientras el dinero estuvo en el Fondo se le reconocieron y pagaron los intereses sobre el saldo que reposara en la Fiduciaria la Previsora S.A., entidad encargada de administrar los recursos de las prestaciones de los docentes y en consecuencia, así se demore el pago siempre devengan el interés.
6.- ALEGATOS DE CONCLUSION:
Practicadas las pruebas en lo posible, se dispuso dar traslado a las partes para que alegaran de conclusión (f.45).
6.1.- De la Parte actora (f.46):
Ratifica lo pedido en la demanda. Expone que “El caso sometido a consideración del Tribunal es muy sencillo, toda vez que la pretensión indexatoria tiene su fundamento en el retardo injustificado en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales reconocidas…”.
6.2.- De la Nación – Ministerio de Educación (f.47):
Argumenta que el Tribunal debe desestimar la petición de reparación por los presuntos perjuicios causados al patrimonio de la demandante por cuanto no existe el debilitamiento patrimonial por liquidarse la cesantía con retroactividad a los docentes nacionalizados, como en el presente caso, situación que no genera pérdida del poder adquisitivo al momento del pago, porque se le liquida con el salario último devengado, más una doceava parte de la prima de navidad, lo que permite traer a valor presente su cesantía.
Y en tratándose de los docentes nacionales vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, a quienes se les liquida año por año sin retroactividad se les paga un interés anual que equivale al D.T.F. del año anterior.
La entidad actuó dentro de los principios de eficacia e imparcialidad pues en el Acto administrativo que se le reconoció la prestación en el articulo 3° señala que dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación debería comprobarse la inversión, plazo que no es para el pago sino para que el docente informe el destino de la cesantía parcial, cancelando la entidad la obligación en el término de 1 mes y 12 días.
Igualmente expone que el pago se realiza cuando se de la correspondiente apropiación presupuestal y conforme al orden de presentación de las solicitudes.
6.3.- Concepto del Procurador Judicial (f.53):
Considera improcedente las pretensiones de la demanda y carentes de respaldo para salir adelante, pues en jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la indexación cuando lo reclamado es una suma de dinero que ha quedado congelada en el tiempo y se ha abstenido de decretar tal reajuste cuando por mandato de la ley se reajusta periódicamente y como en el presente caso y conforme la ley 43 de 1975 las cesantías parciales y definitivas se liquidan con base en el último salario devengado, e incrementado por los intereses de ley tal suma se encuentra protegida contra el efecto devastador de la inflación.
7.- CONSIDERANDOS:
7.1.- Lo Pretendido:
Corresponde determinar si la actora padeció un daño económico por el reconocimiento y pago tardío de sus cesantías parciales, al haberlas solicitado el día 16 de junio de 1997, habérselas reconocido el día 28 de marzo de 2000 y de cancelárselas hasta el día 25 de agosto de 2000.
7.2.- Lo probado.
La Sala encuentra probado que Jenny Margoth Velasco Alarcón solicitó en fecha 16 de junio de 1997 el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y a través de la Resolución 00191 del 28 de marzo de 2000 le fueron reconocidas por valor de $13.077.657, la que fue notificada el día 30 de marzo de 2000, siendo pagada la prestación el día 10 de mayo de 2000 y consignado el respectivo cheque en el Banco Ganadero Sucursal de Pitalito el 25 de agosto de 2000 (f.11 a 15.)
7.3.- Del fondo del asunto:
Considera la Sala que las pretensiones se deben negar en la medida en que el retardo en el pago de las cesantías parciales de la parte demandante no le han causado ningún tipo de perjuicio económico demostrado en el proceso. Lo anterior, ratificando el cambio de jurisprudencia de ésta Corporación que se llevó a efectos desde el mes de marzo de 2005, en donde en un caso similar, así se pronunció1, siguiendo los lineamientos del Honorable Consejo de Estado:
4.1. Antes de la expedición de la actual Carta Política no existía una cláusula de rango constitucional o legal encargada de regular la responsabilidad patrimonial del Estado. Fue la jurisprudencia de las altas Cortes; en especial, la interpretación del artículo 16 de Constitución de 1886, elaborada por el H. Consejo de Estado lo que permitió el desarrollo del tema; planteando la existencia de diversos regímenes, entre ellos, la denominada falla o falta del servicio y aquellos de estirpe meramente objetiva – con sus correspondientes variantes-.
El Constituyente de 1991, en el canon 90 Superior consagró la cláusula general de la responsabilidad. Norma, que es del siguiente tenor:
El Estado responderá patrimonialmente por los daños sufridos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
Al abordar el análisis de este nuevo paradigma, el H. Consejo de Estado así hubo de referir:
(…) Debe recordarse que a la luz de lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución Nacional de 1991, el Estado deber responder “…patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Dentro de este universo constitucional no hay duda de que el fundamento de la responsabilidad administrativa no se da siempre por una conducta dolosa o culpable, que deba ser sancionada, sino por el quebranto patrimonial que hay que reparar. La atención del constituyente se desplazó, pues, desde el autor de la conducta causante del daño, hacia la víctima misma. Por ello importa más reparar el daño causado, que castigar una acción u omisión administrativa culpable. La finalidad de la responsabilidad patrimonial no consiste, pues, en borrar una culpa, sino en hacer recaer sobre el patrimonio de la administración, el daño sufrido por el particular (…)”2.
Se encuentra demostrado que la parte actora solicitó el reconocimiento de sus cesantías parciales, y la administración, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, demoró casi tres años en su reconocimiento y pago, considera que ha sufrido un daño que debe ser indemnizado por la entidad.
Para la Sala, en la medida en que la demandante, señora Jenny Margoth Velasco Alarcón, continuó laborando como institutora al servicio del Departamento del Huila, y en esa condición siguió percibiendo sus cesantías anuales liquidadas con el último de los salarios (f.12), se considera que la demora en el reconocimiento y cancelación de la prestación no le ha ocasionado ninguna clase de daños o perjuicios que se hayan demostrado dentro del proceso.
Lo anterior teniendo en cuenta que ni en la demanda o dentro del proceso existe señalamiento de obligaciones de la actora o sucesos que a consecuencia de la mora en que se incurrió por la entidad demandada en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, se le hayan causado daños o perjuicios que se deban reconocer e indemnizar. Tampoco en el trámite del proceso se han recaudo pruebas en el sentido de señalar dichos sucesos.
De otro lado, el retardo en el reconocimiento y cancelación de la prestación social, en si mismo considerado, razonablemente no da lugar al reconocimiento de la indexación, teniendo en cuenta que durante el término transcurrido entre la petición de las cesantías parciales hasta cuando se le aprobó y canceló la prestación, sus cesantías estuvieron obteniendo réditos, interés o rendimiento financiero sobre el saldo que reposa en la Fiduciaria la Previsora S. A., entidad encargada de administrar los recursos de las prestaciones de lo9s docentes, en virtud a lo dispuesto en la ley 91 de 1989, de lo que hayan podido o debieron haber producido para el depositante o beneficiario en dicha época, como lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado3, razón por la cual la parte actora no ha sufrido ningún desmedro o mengua económica.
Así las cosas, no comprobándose la ocurrencia de un perjuicio o daño que deba ser indemnizado por la entidad demandada, se deberán negar las pretensiones.

8.- CONCLUSION:
Como se puede deducir de lo planteado en las consideraciones, que si bien es cierto existió una mora en el reconocimiento y pago de la prestación solicitada por la parte demandante, esa mora no afectó su patrimonio, porque dicha prestación no sufrió depreciación alguna, como quiera que al momento del pago no se afecta la suma global que a título de cesantías definitivas le corresponden, puesto que dicha suma solo se materializa a partir del retiro efectivo del servicio y ello no se ha presentado.
Que la liquidación y pago de las cesantías parciales solicitadas se ha realizado tomando como base el último salario devengado la parte actora, fuera de que los dineros que integran dicha prestación a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte demandante, se encuentran administrados por una fiduciaria, obteniendo unos rendimientos financieros también a favor de la parte actora, razón por la cual no se puede considerar que haya existido un daño antijurídico.
En consecuencia el haberse establecido que la parte actora no ha sufrido ningún tipo de daño, el Tribunal negara las pretensiones de la demanda.
En merito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila – Sala Tercera de decisión, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley,


F A L L A:



Primero: Se niegan las pretensiones de la demanda
Segundo: Una vez en firme esta providencia, se dispone el archivo del proceso, previas las anotaciones correspondientes en el software de gestión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA.

Magistrado.

JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO.

Magistrado.

ENRIQUE DUSSAN CABRERA.

Magistrado.

Con Salvamento de voto.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA
SALVAMENTO DE VOTO

Neiva, Febrero seis (6) de Dos mil ocho (2008)



DEMANDANTE : JENNY MARGOTH VELAZCO ALARCON

DEMANDADO : NACIÓN – MIN. DE EDUCACIÓN –

ACCION : REPARACION DIRECTA.

PROVIDENCIA : SENTENCIA

PONENTE : Dr. GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA

RADICACIÓN : 41 001 23 31 003 2002 00975 00

El presente salvamento contiene el texto central de mi ponencia que no fue compartida por la Sala mayoritaria.

En mi criterio correspondía determinar si la actora padeció un daño económico por el reconocimiento y pago tardío de sus cesantías parciales, al haberla solicitado el 16 de junio de 1997, reconocido el 28 de marzo de 2000 y haber recibido el pago el 25 de agosto de 2000.
Para esclarecer si la pérdida del valor del poder adquisitivo del dinero por la inflación es en sí mismo un daño se configura el siguiente análisis:
El artículo 373 de la constitución política, en su inciso primero, establece:
El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. (…)”
Por su parte el artículo 2° de la ley 31 de 1992, prevé:
Fines. El Banco de la República a nombre del Estado velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda conforme a las normas previstas en el artículo 373 de la Constitución Política y en la presente ley.

PARAGRAFO. Para cumplir este objetivo la junta directiva del banco adoptará metas específicas de inflación (que deberán ser siempre menores a los últimos resultados registrados),4 utilizará los instrumentos de las políticas a su cargo y hará las recomendaciones que resulten conducentes a ese mismo propósito”.
Luego, es un hecho reconocido constitucional y legalmente la existencia de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el encargo a un ente del Estado para que vigile el mantenimiento de su valor, pese a lo cual el detrimento monetario se presenta, lo que se tiene, además como un hecho notorio.
Igualmente este hecho de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por la inflación, también lo ha reconocido la jurisprudencia. En efecto, el Consejo de Estado ha expresado:
La Sala advierte que la inflación en la República de Colombia, en si misma considerada, no es, por regla general, un hecho imprevisible salvo cuando el porcentaje de inflación rebase de manera excepcional, jamás esperado, el porcentaje inflacionario proyectado por las Autoridades Administrativas. Para la Sala la inflación en nuestro país, tal y como lo manifestó el actor en sus alegatos de segunda instancia, es un hecho o fenómeno real que se incrustó en nuestra economía hace varias décadas; es de notoriedad pública y de conocimiento, aún en los más neófitos en temas económicos. Por lo tanto puede afirmarse, que en si misma, la inflación no es un hecho imprevisible en Colombia” 5
Sin embargo, hay que decir que pese a ser un hecho notorio legislado y aceptado jurisprudencialmente, su reconocimiento no es axiomático; esto es, que ante la existencia de una acreencia dineraria aunada el paso del tiempo con inflación, corresponde realizar un reconocimiento de la indexación, dado que ésta tiene un carácter relativo legal y circunstancial dependiendo de la clase de obligación de la cual se pretende derivar dicho reconocimiento.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral – ha indicado:

2. En Colombia existe un vacío legislativo, casi total, sobre el fenómeno de la indexación. Ello responde a la aceptación indiscutida de que el país se halla inserto en un ordenamiento jurídico de corte nominalista, sistema que, no obstante las dificultades que toda economía de mercado presenta, ofrece garantía de seriedad a la inmensidad de relaciones de orden patrimonial que a diario se suscitan en ella. A partir del descalabro producido por la primera gran guerra del siglo XX, legisladores y jueces de todas las latitudes se vieron en la imperiosa necesidad de morigerar el nominalismo acendrado de sus regímenes privados, con el propósito de restablecer el equilibrio perdido en las relaciones contractuales, de manera imprevista y repentina, por una hiperdevaluación de sus monedas. Sin embargo, ello no se hizo en forma generalizada. Y no se podía hacer así porque hubiera significado la adopción de un régimen “valorista” y, por contera, un grave retroceso hacia una sociedad de trueque ya superada, en donde la moneda carece de todo sentido.

3. La indización o indexación siempre ha sido, sin lugar a dudas, una medida excepcional. Es la respuesta del derecho, legislado y jurisprudencial, al fenómeno de la “inflación”. Un mecanismo de revalorización de ciertas obligaciones dinerarias, cuyo objetivo es poner en equilibrio la ecuación económica gravemente desbalanceada por una fuerte pérdida del poder adquisitivo del peso, de la cual se beneficiaría al deudor de ella ante la consecuencial depreciación de su prestación, con claro detrimento del acreedor, quien en últimas se vería obligado, en virtud de unas reglas jurídicas nominalistas, a recibir un pago incompleto.
El carácter relativo de la indexación6 emerge de una exigencia de la ley, a la cual el juez debe someterse en virtud del imperativo categórico contenido en el artículo 230 de la Constitución Política. La estructura del régimen general de las obligaciones impide que de manera indiscriminada los jueces, amparados en el principio de equidad, procedan a revalorizar cualquier obligación, porque ello iría en detrimento de la seguridad jurídica en las relaciones económicas menoscabándose toda convivencia social. El artículo 2224 del Código Civil, que no empece su ubicación metodológica tiene alcance general, es de un claro tenor y único sentido: “Si se ha prestado dinero sólo se debe la suma númerica enunciada en el contrato”; en igual dirección apunta el canon 1627 ejusdem: “El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes” Aquí subyace el basamento del nominalismo colombiano. La ley o los contratantes mismos, empero, pueden disponer cosa contraria; pero, de ninguna manera, se puede proferir una regla general por vía de doctrina contra esta preceptiva del orden jurídico vigente. No se trata, pues, de un derecho de todos los acreedores, ni deviene en forma automática por el simple transcurso del tiempo, ni se predica de cualquier obligación, a menos que sea una exigencia legal, por venir expresamente ordenada en una regla de derecho vigente, verbi gratia, en asuntos de indemnización de daños (artículo 16 de la Ley 446 de 1998).
4. Ahora bien, cierto es que el juez laboral, en tanto operador del derecho y realizador de la justicia del trabajo, no puede ser indiferente a lo que Bruce Ackerman denomina el “contexto de percepción social”, o conjunto de realidades de una comunidad determinada. A ello obedece la necesaria relectura de los textos legales y la toma de decisiones en consonancia con los nuevos fenómenos presentados en las intrincadas relaciones empresario-trabajador; porque un régimen jurídico como el colombiano, nacido en las entrañas del laissez faire, no puede servir de referente inexorable un siglo después, en presencia de una economía intervenida y un Estado protagónico cuyo fin es asegurar el bienestar social. Pero, este papel de la judicatura no puede llegar al extremo de pretender igualarse al legislador, en tanto la separación de los distintos poderes que en el Estado coexisten es presupuesto indispensable en la construcción de una democracia constitucional como la colombiana.
A partir de este nuevo contexto de realidades económicas, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han dado paso bajo específicas circunstancias a la revalorización de algunas obligaciones dinerarias. Se ha reconocido, entonces, que la pérdida de poder adquisitivo del peso (depreciación), originada en una alza generalizada de los precios de bienes y servicios ofertados (inflación), exige una respuesta del derecho para compensar el desequilibrio del sinalagma contractual (indexación).
5. Mas, existen aspectos puntuales sobre esta materia que en esta oportunidad la Sala de Casación Laboral precisa, a fin de rectificar los criterios que en ocasiones anteriores se han esbozado:
a) Huelga resaltar, en principio, que no se indexan las obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso inflacionario. El juez no puede interferir en el libre juego de las voluntades de los contratantes, quienes, en presencia de un hecho notorio como la inflación, deciden celebrar una negociación y mantener incólumes el valor de sus prestaciones exigibles en un mediano o largo plazo. Teniendo los contratantes la posibilidad de prever un fenómeno absolutamente notorio para cualquier hombre de mediana capacidad que entra en la esfera negocial, deben actuar ellos con diligencia y cuidado (nemo auditur propiam turpitudinem alegans).
Ahora bien, esta primera tesis es válida mientras se cumpla la obligación en la oportunidad convenida. Porque no satisfecha en tiempo, si del incumplimiento se deriva una significativa depreciación de la misma, entonces puede solicitarse su indexación como un componente del daño emergente ocasionado al acreedor.
b) Se indexan las obligaciones puras y simples, vale decir, existentes y exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando ésta no previó ningún mecanismo para que al acreedor se le entregara la prestación a que realmente tiene derecho. Se propende con ello restablecer el equilibrio perdido en la relación jurídica emanada de la norma, por no haber precavido los alcances de su tendencia nominalista. El presupuesto es, se reitera, la presencia de una obligación cierta, respecto de la cual existe una situación jurídica constituida y cuyos efectos se surtieron o se están surtiendo. Ilustra lo afirmado en este punto, el caso de las prestaciones sociales, respecto de las cuales ha dispuesto el legislador, de manera expresa, la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que siendo ésta, por definición del precepto en cita, una 'indemnización', no desvirtuada la mala fe y condenándose a ella, tórnase improcedente la indexación por haberse previsto una fórmula indemnizatoria propia.
c) No se indexan, pues, en primer lugar las obligaciones condicionales suspensivas, es decir, las pendientes 'de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no', según las voces del artículo 1530 del Código Civil, en tanto enerva la adquisición del derecho mientras él no se cumpla (art. 1536 ib.). En segundo término, tampoco se revalorizan los derechos eventuales. Estos, conforme a la teoría de las obligaciones, son los que emanan de un acto, hecho o negocio jurídico en formación (in nuce), o incompleto o imperfecto, como los que han reunido uno o varios de los elementos necesarios para su existencia, pero les falta otro u otros de ocurrencia futura. Mucho menos, no está demás decirlo, pueden ser valorizadas las meras expectativas de derechos, respecto de las cuales no cabe hablar, siquiera, de obligación. (…)”.7
Luego entonces, se llega a la conclusión que es evidente que la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la moneda es un daño que, dependiendo de la acreencia u obligación, se puede reconocer. Por tanto debe analizarse cada caso concreto para establecer la clase de crédito o deuda, para verificar si es de aquelas a las cuales se le puede presentar y por tanto pagar éste daño.
Partiendo de lo dicho en las líneas anteriores, el reconocimiento y pago de cesantías parciales se constituye inicialmente en una obligación de carácter condicional, pues la ley establece el cumplimiento previo de unos requisitos por parte del trabajador-accreedor, los que satisfechos, surge para el patrono el deber de cancelarla, en el término indicado, so pena de que la morosidad se constituya en daño resarcible, como en efecto se convierte, como lo es en el cado bajo estudio.
Es reiterado el criterio de la jurisprudencia que cuando el empleador privado o público no cancela en su debida oportunidad las acreencias laborales a su cargo, distinta a aquellas donde la propia ley ha impuesto una sanción o donde ha recibido el beneficio del reajuste por disposición legal, es procedente la corrección monetaria como factor del restablecimiento del derecho y del daño emergente para que en el momento de su solución, el pago sea completo. Así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia:
Evidentemente uno de los objetivos perseguidos por la indexación es el que las acreencias laborales susceptibles de tan equitativa figura se solucionen actualizadas, para que no se presente ninguna mengua en su poder adquisitivo. Por ello se ha aceptado jurisprudencialmente que en tales casos la corrección monetaria es procedente, según algunos, como factor de daño emergente por el perjuicio que sufre el titular del derecho por el no cumplimiento oportuno del deudor de la obligación a su cargo, y según otros como actualización dineraria.” (Rad. 16476 – 21 de noviembre de 2.001)” 8.
El Consejo de Estado ha dicho también:
(...) b) La Sala observa que cuando el pago de las prestaciones se posterga en el tiempo más allá de la oportunidad en que de acuerdo con la ley debe cancelarse, también son afectadas por la devaluación y quienes las reciben tardíamente, ven menguada su capacidad de compra de bienes y servicios y, por ende, empobrecido su patrimonio. (...)
d) El ajuste del valor autorizado para el caso por la ley, obedece al reconocimiento del hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda en nuestro país, que tratándose de servidores del Estado, fustiga y disminuye en forma continua su poder adquisitivo.
Por lo anterior, decretar el ajuste de valor no sólo es una decisión ajustada a la ley, sino un acto de elemental equidad, cuya aplicación por parte del Juez tiene soporte al más alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico como lo consagra expresamente la Carta, en su artículo 230.(...)” 9
La Corte Constitucional, por vía de tutela ha expresado:
(...) En cuanto al pago de la indexación la Corte ha señalado que éste se debe dar en razón al perjuicio ocasionado por la depreciación del dinero en una economía inflacionaria como la nuestra, más aún, cuando los pagos esperados por los solicitantes de dichas cesantías son autorizados en una fecha y cancelados dos y tres años después”. 10
La misma Corte Constitucional también ha reconocido tal hecho en otros pronunciamientos11.
Así las cosas, estimo que en el presente caso la demandante tiene derecho al reconocimiento del perjuicio reclamado, dado el tiempo transcurrido entre la petición y el que por jurisprudencia ha aceptado como término para dar respuesta a ésta clase de solicitudes y el utilizado por la entidad para cancelar las cesantías parciales.
Agrego que la legislación que reglamentaba el reconocimiento y pago de las cesantías establecía el término que tenía la administración para ejecutar tales actuaciones en tratándose de las cesantías definitivas, más no de las parciales12. En estos casos, por vía de jurisprudencia se había sentado que la administración disponía de tres (3) meses para reconocer y por ende cancelar esta prestación, previa disponibilidad presupuestal. Sin embargo con la Ley 1071 de 2006 que modificó el artículo 1° de la ley 244 citado, ya reguló los términos para ambos casos: cesantías parciales y definitivas13.
Conforme al desarrollo jurisprudencial, la mora en la cancelación de los derechos laborales como el caso estudiado apareja que el pago tardío de estos se haga de manera indexada, como quiera que se trata del ajuste monetario del valor adquisitivo del peso colombiano como factor integrante del restablecimiento del derecho y del daño emergente generado en el incumplimiento de las obligaciones laborales en la forma y tiempo debidos.
Luego entonces, como las cesantías parciales solicitadas el 6 de junio de 1997, debieron cancelarse el 16 de septiembre de 1997, pero sólo se hizo el 10 de mayo de 2000, estimo que se ha presentado un daño emergente en el actor que tiene la característica de ser antijurídico dado que no tiene el deber legal de soportarlo o asumirlo, pues presentada la solicitud con todos los requisitos y cumplido el plazo razonable establecido, la obligación se convirtió de perentorio cumplimiento para la entidad, lo que hizo tardíamente.
Por lo dicho, estimo que el daño se halla probado y de contera los demás elementos de la responsabilidad, los cuales el recurrente pretendía hacer ver como no probados, como quiera que la omisión es imputable a la entidad demandada dado que de acuerdo al numeral 1° del artículo 5° de la ley 91 de 1989 el Fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, tiene como objetivo “Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado”, en concordancia con el artículo 914 de la citada ley, y no se encuentra prueba que permita inferir la imposibilidad del pago en el tiempo debido, como la carencia de apropiación presupuestal disponible.
Siguiendo estos lineamientos, soy partidario de acceder a las pretensiones de la demanda.

ENRIQUE DUSSÁN CABRERA

Magistrado



1 Tribunal Administrativo del Huila, sentencia del 14 de diciembre e 2004, Magistrado Ponente Dr. Ramiro Aponte Pino, actor Alvaro Rojas Home vs. Nación – Ministerio de Educación Nacional, radicación 410012331004-2000–3835–00.


2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de noviembre de 1991. Exp. 6784. C. P. Dr. Julio Cesar Uribe Acosta.

3 Sentencia 5 mayo 2005, Sec. 2ª Sub Sección A Consejo de Estado, C.P. Da. Ana Margarita Olaya Forero. Rad. 2002-00632-01(1713-04)

4 El texto entre paréntesis y tachado fue declarado inexequible, por la Corte Constitucional en sentencia C-481 del 7 de julio de 1999, magistrado ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo 2001, Consejera ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez Radicación número: 08001-23-31-000-1993-8312-01(12083).

6 Las subraya de la trascripción son de esta Sala del Tribunal, para resaltar el tema que se estudia en el presente caso.

7 Sentencia de 18 de agosto de 1999 (Rad. 11818) citada dentro de la proferida el 13 de noviembre de 2.003 por El Magistrado Eduardo López Villegas; Expediente No.21916.


8 Corte suprema de justicia sala de casación laboral ponente: Gustavo José Gnecco Mendoza Radicación No. 23358.Acta No. 81. Bogotá D. C., Siete (7) de octubre de dos mil cuatro (2004).

9 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 8 de Noviembre de 1995. Expediente 7715.

10 Sentencia T-128 de 1999,

11 Cfr. Sentencia T-102 de 1995 y C-448 de 1996 Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. Ver también entre otras, las sentencias T-260/94, C-387/94, T-063/95, T-102/95, C-367/95 y T-418/96.

12 En efecto, la ley 244 de 1995 preceptuaba:

Artículo 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándose expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha en la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual sólo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

13 En efecto dicho norma preceptúa: L. 1071/2006:

Artículo 4º. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.


14 Que preceptúa que “Las Prestaciones Sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en las entidades territoriales” indica claramente que ésta responsabilidad se halla radicada en la entidad demandada.


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