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HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito, Luis Alfredo Carrazco Agramón, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa, establecido en los Artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, acudo ante esta soberanía, para someter a su consideración, la siguiente iniciativa con PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un elemento esencial dentro de la política económica y social a cargo del Estado es el gasto público, por lo cual se debe contar con un marco normativo que permita a la administración pública ampliar sus capacidades, tanto económicas como administrativas, a través de las cuales el Estado logre cumplir eficientemente con los programas establecidos.
Los recursos públicos asignados al Estado siempre han sido un tema de gran relevancia, ya que éstos son destinados a satisfacer las necesidades de la población, por lo que el Gobierno del Estado está obligado a garantizar a la ciudadanía que, en el ejercicio de sus funciones y en la realización de sus actividades, los recursos de los que disponga, sean utilizados para lograr los fines para los cuales hubieren sido asignados, rindiendo cuentas sobre su aplicación.
Cuantiosas cantidades de los fondos públicos se invierten en las compras y obras realizadas por el gobierno, así como también en la contratación de bienes, arrendamientos y servicios, con la finalidad de eficientar la actuación administrativa, a su vez, colaborando en el desarrollo del Estado, debiéndose basar en el destino y la fuente de tales recursos, por lo que es indispensable brindar seguridad jurídica a los concursantes que participen en las licitaciones y adjudicación de obras y demás servicios que se lleven a cabo por parte el Estado.
La finalidad de la licitación pública es determinar quien hace la propuesta más ventajosa para el Estado, apegándose a sus principios jurídicos esenciales, los cuales son la libre concurrencia y la igualdad entre los ofertantes, el primero podemos definirlo como la posibilidad de oposición entre todos los ofertantes, que cumplan con los requisitos establecidos jurídicamente, exigiendo a los mismos las garantías de capacidad y solvencia, y por el segundo, debe entenderse que los concurrentes debe tener igualdad de posibilidades, las condiciones deben ser las mismas para todos los competidores, eligiendo a quien realice ofertas más ventajosas para el Estado.
En este mismo sentido, también es de suma importancia contar con instrumentos que optimicen y eficienten, el racional uso y aplicación de los recursos públicos, con criterios incluyentes y un desarrollo equitativo entre los diversos sectores productivos y grupos económicos, incrementando la calidad de los mecanismos a través de los cuales se ejerce el gasto público, con la finalidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración y utilización de los recursos públicos.
Con fundamento en la Constitución Política de nuestro Estado, la administración de los recursos, por parte de los entes públicos, debe apegarse a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, por lo cual, es necesario que el gobierno dé a conocer el manejo de dichos recursos, así como también explicar los resultados obtenidos en el ejercicio de estos.
Para lograr la eficiencia en la administración de los recursos públicos, éstos deben ser empleados con el objetivo de alcanzar lo fines que el Estado se ha propuesto. En cuanto a la eficacia, debe entenderse esta como lograr la satisfacción del interés público. La honradez debe entenderse como el actuar con rectitud, por parte de quienes manejan los recursos públicos, y apegados a las normas. Por su parte, la transparencia hace referencia a colocar la información gubernamental en la vitrina pública, para que la ciudadanía en general, pueda revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo de sanción.
En este orden de ideas, es fundamental crear un marco de competitividad en la figura de la licitación pública, teniendo como finalidad seleccionar la mejor oferta de adquisición, arrendamiento y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios y contratación de obra pública, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que contribuyan a que el Estado cumpla con los principios rectores plasmados en el primer párrafo del artículo 150 de la Constitución Sonorense.
Así como también, se lleve a cabo una utilización responsable de los recursos, tanto monetarios como bienes muebles e inmuebles, con los que cuenta el Estado, para la satisfacción de las necesidades de la sociedad sonorense.
Todo lo mencionado en el presente, está regulado a nivel federal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, por lo que es trascendental, que en nuestro Estado, hagamos una adecuación a nuestra Constitución, para estar en posibilidad de cumplir de manera eficaz lo estipulado en nuestra Carta Magna.
En consecuencia, con fundamento en los Artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de:

LEY
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
ARTICULO 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 67 de esta Constitución.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimiento, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
Deben implementarse estrictos sistemas de control para garantizar el uso racional y esmerada conservación de los bienes muebles del Estado, así como para operar las bajas, venta, permuta o donación de los mismos, cuando por su estado físico o cualidades técnicas ya no sean útiles o funcionales. Así también, cuando se hubieren extraviado, robado, accidentado o destruido, deberá darse debido cumplimiento a las disposiciones legales que resulten aplicables.
El manejo de recursos económicos estatales se sujetará a las bases de esta Constitución.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 163.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora, a 26 de Septiembre de 2012


C. DIP. LUIS ALFREDO CARRAZCO AGRAMÓN


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