Informe de la Red oidhaco (Oficina Internacional de los Derechos Humanos-Acción Colombia) con ocasión del examen de Colombia por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ginebra, julio de 2010






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Informe de la Red OIDHACO (Oficina Internacional de los Derechos Humanos-Acción Colombia) con ocasión del examen de Colombia por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ginebra, julio de 2010.
En nombre de las organizaciones de desarrollo, derechos humanos, solidaridad e Iglesias que forman parte de la Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDH-ACO), red europea que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y de una paz con justicia social en Colombia, nos permitimos entregar el presente informe al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con ocasión de su 99° sesión. Nos gustaría poder contribuir a una lectura que muestre los aspectos de preocupación sobre la implementación en Colombia del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, a la luz de las recomendaciones internacionales hechas a Colombia, en particular las presentadas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de diciembre de 2008.
Ejecuciones extrajudiciales e impunidad: derecho a la vida y prohibición de la tortura y otros tratos

crueles, inhumanos o degradantes
En octubre 2008, la tragedia de las Madres de Soacha1 destapó el escándalo de los llamados ‘falsos positivos’, es decir la ejecución sistemática de civiles por parte de miembros del ejército para cobrar recompensas en dinero, ascenso o vacaciones.2 Las víctimas son normalmente campesinos o jóvenes de sectores populares que son asesinados, uniformados y presentados como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del prolongado conflicto armado interno que vive el país.
El escándalo de Soacha obligó al gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez a adoptar medidas correctivas, que incluyeron la destitución de oficiales de alto rango, la remisión de casos a la justicia ordinaria, una mayor cooperación con Naciones Unidas y con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.3 Sin embargo, el discurso oficial del gobierno se ha limitado a negar los hechos o minimizar su ocurrencia. Contra toda evidencia, el presidente Uribe afirma que sólo hay 22 casos comprobados de ejecuciones extrajudiciales y que todos los demás son falsas acusaciones, inventadas para intentar paralizar y desprestigiar la fuerza pública.4 Según el mandatario colombiano, las ejecuciones extrajudiciales se dieron a raíz de la infiltración del narcotráfico en algunas esferas del ejército y no fueron incentivadas por una política gubernamental de recompensas.5 Sin embargo, un informe recientemente presentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES) llega a conclusiones diferentes. Basado en las investigaciones adelantadas por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), el documento reporta 3.796 casos de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales 3.084 ocurrieron entre 2002 y 2009, es decir a partir de la entrada en vigencia de la política de seguridad democrática.6
Al concluir su visita a Colombia en junio de 2009, el Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, definió los falsos positivos como “el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio.” A pesar de las dificultades para establecer el total de las víctimas de esta práctica en el país, para el experto independiente el número de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas indican que las ejecuciones extrajudiciales no eran implementadas “a pequeña escala por unas cuantas pocas manzanas podridas.” Alston advertía que el conocido caso de Soacha era “simplemente la punta del iceberg.”7
Un año después, el Relator Especial publicó su informe final, reportando que, en mayo de 2009, la Fiscalía había asumido la investigación de más de 1,700 casos de ejecuciones extrajudiciales supuestamente perpetradas por miembros de la fuerza pública.8 Alston reconoció que, en Colombia, hay un patrón de ejecuciones extrajudiciales que, si bien no llegó a convertirse en una política oficial, fue llevado a cabo de forma sistemática, incentivado por políticas gubernamentales de recompensas para el ejército. De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, estos casos tipifican de crímenes de lesa humanidad: en caso de que la justicia colombiana no actúe en la investigación, individualización y sanción de los responsables, la Corte Penal Internacional (CPI) podría intervenir sobre la base del principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma.9
En el marco del EPU, Francia, Canadá y Reino Unido recomendaron al gobierno colombiano condenar las ejecuciones extrajudiciales y poner fin a estas prácticas.10 Llama la atención la continua ocurrencia de falsos positivos en Colombia. De hecho, si bien se observa una importante reducción de casos en 2009 respeto al período 2006-2008, organizaciones de derechos humanos colombianas denuncian que esta práctica no ha desparecido. Contrariamente a lo afirmado en marzo de 2010 por el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, hoy presidente electo, que declaró que “desde octubre de 2008 no ha vuelto a haber un solo falso positivo”, un informe especial publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) documenta que hubo nueve casos nuevos de ejecuciones extrajudiciales entre noviembre 2008 y el 31 de diciembre 2009.11 La CCEEU también denunció la persistencia de esta práctica en Colombia y alertó sobre la aparición de nuevas modalidades de ocultamiento de ejecuciones extrajudiciales, entre las cuales se destaca la desaparición forzada.12
Preocupa la impunidad que acompaña estos casos. Entre las recomendaciones presentadas durante el EPU, Francia, Suecia, Eslovenia, Canadá, Suiza, España y los Países Bajos pidieron al gobierno colombiano investigar exhaustivamente los crímenes de ejecuciones extrajudiciales y juzgar los responsables ante jurisdicciones civiles.13 Es alarmante que, según el mismo Relator Especial de la ONU, el 98.5% de los falsos positivos perpetrados por parte de miembros de las fuerzas de seguridad quedan impunes.14 40 militares implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales, incluidos muchos de los soldados involucrados en el caso de Soacha15, quedaron en libertad por vencimiento de términos entre enero y marzo de 201016, lo cual denota una ineficiencia o falta de voluntad de la justicia para actuar, aún en el caso más visible y emblemático de Soacha. La existencia de 249 conflictos de competencia entre la justicia penal militar y la ordinaria sobre casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es otro factor que, si convertido en una práctica sistemática, puede llegar a dilatar los procesos judiciales. A pesar de que, hasta noviembre de 2009, 251 casos han sido remitidos a la justicia ordinaria, llama la atención la propuesta del Presidente Uribe de crear una ley especial para la protección de las fuerzas armadas, iniciativa conocida tras la condena a 30 años del coronel (r) del ejército Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas en la toma del Palacio de Justicia en 1985.17 En lugar de implementar las recomendaciones hechas tanto por las Naciones Unidas como por el Sistema Interamericano, dirigidas a aplicar de forma estricta los límites de la justicia penal militar, el mandatario destacó la necesidad de fortalecer el fuero militar, duramente cuestionado para casos de derechos humanos. Desde OIDHACO vemos importante que el gobierno colombiano acepte la oferta de la Alta Comisionada de monitorear la aplicación e implementación, por parte de las fuerzas armadas, de algunas de las medidas adoptadas a finales del 2009 por el Ministerio de Defensa, que incluyen también la remisión de los casos con características de homicidio de civiles a la justicia ordinaria.18
Recomendamos al Comité de Derechos Humanos pedir al gobierno colombiano presentar información acerca de:

  • el número de las sentencias y condenas por casos de ejecuciones extrajudiciales.

  • el número de casos que está atendiendo la justicia ordinaria y que antes eran competencia de la justicia penal militar.

  • las medidas tomadas para eliminar todo tipo de incentivo que estimule estas prácticas, tales como el uso indiscriminado de recompensas a civiles informantes, como recomendado por Chile y rechazado por el gobierno colombiano, durante el EPU.

  • las medidas encaminadas a fortalecer el cumplimiento por parte de las fuerzas armadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como recomendado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos en su último informe anual sobre Colombia.

  • las medidas tomadas para garantizar la no repetición de esta práctica.


Organismos de inteligencia y personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas: derecho a la libertad y seguridad
La enorme cantidad de información recientemente hallada por parte de la Fiscalía en la sede del servicio de inteligencia colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),19 muestra que los defensores de derechos humanos y sus familiares siguen siendo objeto de amenazas, persecuciones e intimidaciones. Nuevamente, las actividades ilegales del DAS, organismo que responde directamente al Presidente de la República, quedaron al descubierto en febrero de 2009, cuando la revista Semana desató un escándalo de grandes proporciones, conocido en Colombia como el ‘escándalo de las chuzadas.’20
La filtración de esta información en los medios de comunicación no dejó al gobierno otra opción que la de empezar a indagar los hechos. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación encontraron pruebas según las cuales, desde 2004, agentes y funcionarios del principal organismo de seguridad del Estado estuvieron ilegalmente llevando a cabo seguimientos, interceptaciones telefónicas, hostigamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos del gobierno de Uribe y magistrados de las Altas Cortes. A través de la creación, financiación y promoción de unidades clandestinas y legales en el interior de la entidad, el DAS puso en marcha una política de persecución sistemática y espionaje a gran escala.21 El Grupo Especial de Inteligencia G-3, que “no se encontraba legalmente constituido, pero que era de conocimiento institucional"22, tenía acceso a recursos tecnológicos y presupuesto para “restringir o neutralizar” las acciones de organizaciones o personas opositoras a las políticas gubernamentales.23 La persecución que se desató fue implacable: 140 líneas telefónicas e innumerables correos electrónicos fueron ilegalmente interceptados,24 miles de personas asiduamente vigiladas y millones de conversaciones irregularmente grabadas.25 La prensa reveló recientemente que las operaciones del DAS sobrepasaron las fronteras de Colombia y se llevaron a cabo también en territorio europeo.26
Tras el escándalo de las chuzadas, la Procuraduría de la Nación abrió investigaciones disciplinarias contra tres ex directivos del DAS y cuatro altos funcionarios públicos de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República. La Fiscalía, por su parte, investiga los últimos cuatro directores del DAS, Andrés Peñate, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo Montalvo. Junto a ellos, más de 30 funcionarios y ex empleados del DAS han rendido indagatoria y en contra de 12 de ellos la fiscalía ordenó medidas de aseguramiento.27 A pesar de las evidencias y pruebas contundentes, el discurso oficial del gobierno se ha concentrado en negar su involucramiento con los hechos. El Presidente Uribe anunció medidas e investigaciones internas pero cuestionó las denuncias, aseguró que no existían pruebas. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna clase de disculpas públicas de su parte, aunque tenga responsabilidad directa sobre el DAS.
A pesar de estar en el ojo del huracán, el DAS sigue interceptando y realizando seguimientos ilegales a integrantes de las Altas Cortes, periodistas, políticos y algunos abogados. Según las revelaciones reportadas por la revista Semana, miembros del DAS siguen espiando a quienes consideran opositores del gobierno mediante seguimientos con detectives activos o retirados, utilización de vehículos con fachada de taxi y de empresas de telecomunicaciones y uso de equipos de interceptación que no están en los inventarios oficiales o que están ubicados en otras ciudades.28 Más recientemente, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia afirmaron que, a pesar de las denuncias hechas, siguen siendo interceptados ilegalmente por el DAS.29
En el marco del EPU, Noruega, República Checa, Irlanda, Francia y Australia pidieron al gobierno colombiano aplicar medidas concretas para eliminar la impunidad por violaciones contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. Exigieron también investigar los crímenes y condenar a los responsables.30 Al respeto preocupa la destrucción, documentada por más de 300 imágenes31, de pruebas e informaciones que se encontraban en las instalaciones del servicio de inteligencia colombiano. La revista Semana reportó que, en los días y horas previas a la inspección judicial32, detectives del DAS recibieron órdenes para encubrir y eliminar parte de la información de los archivos: "durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. […] De todas las cajas que se llevaron, sólo quedó una. […] No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido."33 OIDHACO ve con preocupación el proyecto de ley adoptado por el gobierno colombiano que suprime el DAS y crea la Agencia Central de Inteligencia (ACI)34, puesto que la liquidación del DAS pueda dejar inconclusas las investigaciones en curso, favoreciendo nuevamente el encubrimiento de la verdad y la impunidad en Colombia.
Alemania, Rumanía, República Checa, Reino Unido, España y los Países Bajos también recomendaron al gobierno colombiano aplicar medidas concertadas con la sociedad civil, promover un diálogo constructivo con las organizaciones de derechos humanos y sensibilizar la población colombiana sobre la importancia de defender los derechos humanos.35 El reciente escándalo del DAS demuestra que, mientras el gobierno proclamaba públicamente, ante la comunidad internacional y en particular antes las Naciones Unidas en Ginebra, dar "todas las garantías" a los defensores de derechos humanos, al mismo tiempo se desarrollaban planes metódicos para desprestigiarlos, judicializarlos, amenazarlos e impedir su labor. Las actividades ilegales del DAS se realizaron también gracias a la inteligencia ilegal recolectada a través de los esquemas de protección otorgados por el Programa de Protección del Gobierno, coordinado por el Ministerio del Interior. Los escoltas, conductores de vehículos y contratistas, asignados por el DAS y supuestamente encargados de brindar protección a las personas amenazadas, se convirtieron en fuentes de información de gran importancia para la puesta en marcha de planes de intimidación y seguimientos.36 La buena fe, transparencia y apertura al diálogo ostentada por las autoridades colombianas hacia la sociedad civil no ha sido acompañada por una política oficial de respaldo hacia la labor legal y legítima desarrollada por los defensores de derechos humanos, que siguen siendo blancos de señalamientos y campañas de desprestigio por parte de los más altos funcionarios del gobierno, incluyendo del propio presidente Uribe.37 Esta falta de garantías ha llevado también a un estancamiento de los diálogos entre el gobierno y la sociedad civil sobre las condiciones imprescindibles para que los defensores desarrollen sus actividades en plena seguridad. No sólo los compromisos alcanzados en la Mesa Nacional de Garantías no han sido implementados por parte del gobierno, sino que las amenazas en contra de algunos de los defensores que participaron en estas conversaciones aumentaron.38
Por último, entre las recomendaciones presentadas en el EPU de Colombia en diciembre 2008, Francia, Canadá, Suiza, Dinamarca, Azerbaiyán, República Checa, Alemania y Albania enfatizaron la necesidad de asegurar la protección de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos.39 El reciente informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) reporta que, de un total de 101 representantes sindicales asesinados durante 2009 en todo el mundo, 48 de ellos fueron matados en Colombia.40 Los casos de Hollman Morris y Claudia Julieta Duque son ejemplos concretos de la dramática persecución de la cual fueron víctimas 16 periodistas críticos del gobierno de Uribe.41 Mientras tanto, la situación de los defensores de derechos humanos y líderes de víctimas sigue siendo muy crítica. A pesar de los llamados y pronunciamientos de organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el mes de mayo pasado 7 líderes sociales fueron matados y 110 organizaciones de derechos humanos amenazadas.42 Preocupa que muchas de ellas participaron en el proceso de interlocución con el Estado colombiano en la Mesa Nacional de Garantías y que varios de los líderes asesinados, incluyendo Rogelio Martínez y Alexander Quintero43, eran beneficiarios o peticionarios de medidas de protección otorgadas por el Ministerio del Interior. Según datos proporcionadados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), desde el 2005, 214 personas han sido cobijadas con medidas de protección especial luego de un estudio de la Policía encontrara que estaban en ’riesgo extraordinario.’ A pesar de la protección brindada por las autoridades, 45 líderes de víctimas han sido asesinados por reclamar sus tierras desde que arrancó el proceso de Justicia y Paz.44
Recomendamos al Comité de Derechos Humanos pedir al gobierno colombiano presentar información acerca de:

  • las medidas tomadas para investigar y sancionar los responsables de la interceptaciones y seguimientos ilegales por parte de los servicios de inteligencia contra jueces, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, sindicalistas, funcionarios de Naciones Unidas, diputados del Parlamento Europeo y ONGs internacionales.

  • las medidas tomadas para que las víctimas tengan acceso a la información contenida en los archivos de inteligencia y para que éstos sean depurados con el fin de prevenir su uso indebido e ilegal en contra de defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y sindicalistas.

  • las medidas adoptadas para poner fin a la impunidad, investigar exhaustivamente y condenar a los responsables de las violaciones contra defensores, sindicalistas y periodistas.

  • las medidas tomadas para restablecer el buen nombre de los defensores de derechos humanos, víctimas de señalamientos, campañas de desprestigio y judicializaciones.

  • las medidas tomadas para restablecer un diálogo efectivo y productivo con los voceros de la sociedad civil.


Consulta previa, concentración y titulación de tierras y tratado de libre comercio: derechos de las minorías
Durante el EPU, Suiza, Dinamarca y Canadá recomendaron al gobierno colombiano tomar medidas para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones indígena y afrocolombiana en Colombia. Pidieron la efectiva implementación de las recomendaciones enunciadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas en 2004. Asimismo, solicitaron al estado colombiano reconocer, promover y visibilizar los derechos y la cultura de las comunidades afrocolombianas.45
Luego de su visita de seguimiento al país, realizada en el mes de julio de 2009, el Relator Especial para pueblos indígenas, James Anaya, notó que la grave situación de los pueblos indígenas no había sido “afrontada con la urgencia que la gravedad de la situación merece.” A pesar de reconocer algunos avances importantes en la materia, el panorama observado durante su misión a Colombia lo llevó no sólo a reconfirmar el análisis de la situación hecha por su predecesor Rodolfo Stavenhagen, quien en 2004 describió la situación de los pueblos indígenas de Colombia como “grave, crítica y profundamente preocupante”46, sino también a recomendar al estado colombiano que invite al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas.47 Datos reportados por fuentes gubernamentales y por organizaciones de la sociedad civil muestran la seriedad de la situación de las comunidades indígenas en Colombia. La Vicepresidencia de la República registró, para el período desde enero a septiembre de 2009, un aumento de 71% en homicidios contra personas indígenas48 mientras que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), por su parte, denunció que, desde el año 2002, más de 1.000 indígenas han sido asesinados en Colombia, 164 de ellos en 2009.49
En 2009, la Corte Constitucional Colombiana adoptó el auto 004 con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las personas y comunidades indígenas desplazadas o en riesgo de desplazamiento por el conflicto armado interno. El alto tribunal identificó 34 etnias amenazadas con ser exterminadas cultural o físicamente y, para cada una de ellas, exhortó el gobierno a formular e implementar Planes de Salvaguardia y Garantías.50 A pesar de la existencia de marcos jurídicos para la salvaguardia de la población indígena, el Relator Especial de la ONU Anaya consideró ineficaz la respuesta de las autoridades colombianas a esta crítica situación. Según el experto independiente, el gobierno no logró garantizar “una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos para las comunidades indígenas en el país.”51 El caso del pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño es significativo al respecto: a pesar de las constantes denuncias formuladas por las autoridades indígenas, así como de la emisión de un Informe de Riesgo por la Defensoría del Pueblo y del Plan de Salvaguarda y Programa de Garantía suscrito con el gobierno el 9 de julio de 2009, en seis meses los Awás fueron víctimas de dos masacres que causaron un total de 20 muertos y el desplazamiento masivo de 250 personas.52 El 10 de junio de 2010, en un comunicado conjunto, la ONIC y la Unidad Indígena del Pueblo Awá volvieron a denunciar que, a pesar del incremento en los riesgos para la pervivencia física y cultural del pueblo Awá, el gobierno nacional todavía no ha tomado medidas eficaces de atención para superar la crisis humanitaria e implementar el plan de salvaguarda.53
La acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos exacerba el conflicto armado interno. El desplazamiento de campesinos, indígenas y afrocolombianos no ha sido solamente un efecto colateral de la confrontación armada sino un objetivo en sí de la guerra. Mediante años de sistemático desplazamiento forzado, masacres, torturas y desapariciones forzadas, se ha llegado en Colombia a una auténtica contrarreforma agraria, donde el 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% de las tierras cultivables.54 Preocupa el reciente incremento de amenazas contra líderes y organizaciones sociales que luchan por la devolución de las tierras que les fueron usurpadas ilegalmente o que se oponen a la implementación de megaproyectos. Según datos proporcionados por la CNRR, 20 de las 70 organizaciones defensoras de derechos humanos amenazadas en mayo por las Águilas Negras trabajan el tema de restitución de tierras en diferentes zonas del país como, por ejemplo, en el Sur de Bolívar y en los Montes de María, departamento de Sucre. En el caso del Alto Naya, Cauca, donde era líder Alexánder Quintero, los panfletos los acusan de "oponerse al desarrollo." Tanto la CNRR como la Fiscalía señalan que los intereses económicos y el proceso de restitución de tierras disparan las amenazas contra líderes de víctimas.55 Los indígenas Emberas del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba, fueron objetos de numerosos atentados e intimidaciones por haber protagonizado unas de las confrontaciones legales y políticas más significativas, al defender su existencia y sus territorios frente a la construcción de los proyectos hidroeléctricos Urrá I y Urrá II.56 Igualmente, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), así como las comunidades organizadas de este territorio, han sido objeto de persecución, detenciones arbitrarias, desaparición y asesinatos de sus principales líderes por resistir a las presiones que ejercen varias empresas transnacionales para la extensión del monocultivo de palma aceitera. Más recientemente, ocho líderes afrocolombianos fueron asesinados en Suárez, Cauca, mientras que otros fueron amenazados por medio de panfletos o mensajes de texto a nombre de un grupo que se identifica como ‘Águilas Negras - Nueva Generación’. Las intimidaciones aducían a la resistencia de los mineros frente a la explotación de recursos por parte de las empresas multinacionales que operan en la región.57
En el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional observó que “la precariedad en la titulación de tierras es un factor que facilita ampliamente el despojo y la invasión territorial.”58 Muchos pueblos indígenas, al igual que muchas comunidades afrocolombianas, viven en tierras sobre las que no tienen títulos de propiedad, a pesar de la existencia de leyes que reconocen el derecho al título colectivo, como la Ley 70 de 1993 para las comunidades afrocolombianas y la Ley 21 de 1991 para los pueblos indígenas. Es importante señalar que, en la práctica, la titulación formal de tierras no garantiza la posesión material por las comunidades, ya que sus territorios han sido o son frecuentemente ocupados por grupos armados ilegales y/o repobladores que se aliaron con empresarios y comerciantes para la implementación de megaproyectos. El caso de los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, ejemplifica estas dinámicas. A pesar de la existencia de las resoluciones 2159 y 2424 del 2007 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), que reconocieron los títulos colectivos al Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Curvaradó, el 18 de mayo de 2010 fue necesario que la Corte Constitucional ordenara suspender el proceso de restitución administrativa y entrega física de los territorios colectivos a personas afrodescendientes que no eran representantes legales de las comunidades desplazadas.59 A esto se sumó la orden de captura de la Fiscalía para 24 empresarios palmeros por su responsabilidad en el desplazamiento forzado ocurrido a finales de los años 90 en colaboración con grupos paramilitares.60
El gobierno colombiano no ha logrado instalar un sistema efectivo de consulta previa para pueblos indígenas y afrocolombianos, como recomendado por Dinamarca en el EPU.61 De hecho, el desarrollo de un procedimiento efectivo de consulta, establecido por el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sigue siendo uno de los principales desafíos en el país. El Relator Especial Anaya reportó en su informe final que, desde el año 1993 hasta el 2006, la Corte Constitucional ha fallado cerca de 18 tutelas a favor de los pueblos indígenas en casos de violación del derecho al territorio por proyectos de intervención o grandes obras de infraestructura.62 Recientemente, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU concluyó su cuadragésimo cuarta sesión advirtiendo que en Colombia los megaproyectos se siguen implementando sin el consentimiento previo de las comunidades afrocolombianas e indígenas.63 Por ejemplo, antes de que fuera suspendido por una tutela emitida en marzo por la Corte Constitucional64, el proyecto minero Mandé Norte/Murindó de la empresa norteamericana Muriel Mining Corporation arrancó a pesar de que las autoridades indígenas emberas de la región negaron en repetidas ocasiones la validez de la consulta previa, alegando que quienes firmaron no representaban las comunidades, lo hicieron a título personal y bajo engaño.65 Lo mismo pasa en la costa pacífica donde, según la Relatora Especial para Minorías, Gay McDougall, el avance de megaproyectos económicos se está realizando sin respetar disposiciones legales como la realización de la consulta previa con las comunidades afrocolombianas que habitan la región.66
El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU también exigió al gobierno colombiano la adopción de medidas concretas y eficaces para contrarrestar los efectos negativos de los tratados de libre comercio (TLC) sobre los sectores más pobres en Colombia, que incluyen los pueblos afrocolombiano e indígena.67 En este sentido, preocupa la eventual firma del TLC entre Colombia y la Unión Europea (UE). Para OIDHACO, el acuerdo comercial beneficia en primer lugar los intereses económicos de la UE y no respeta los derechos de estos pueblos ancestrales. Al ratificarse el TLC, la UE no sólo enviaría el mensaje político de que las violaciones a los derechos humanos en Colombia caben dentro de lo ‘aceptable’ por la UE, sino que existe el riesgo concreto de que las inversiones europeas tengan como destino las tierras ilegalmente despojadas a las comunidades afrocolombiana, indígena y campesina o sean ejecutadas en los territorios colectivos sin consentimiento previo, aumentando el riesgo de desaparición de estos pueblos ancestrales.68
Recomendamos al Comité de Derechos Humanos exigir al gobierno colombiano presentar información acerca de:

  • las medidas adoptadas para proteger el ejercicio de derechos de propiedad colectiva sobre territorios reconocidos a comunidades indígenas y afrocolombianas.

  • las medidas tomadas para facilitar la restitución de tierras a comunidades que han sido desplazadas y declarar inválidos los títulos emitidos que corresponden a partes de tierras colectivas vendidas por particulares.

  • los avances para adoptar una legislación que regule el derecho a la consulta previa de conformidad con el Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

  • las medidas que se han tomado para impedir colusión entre grupos armados ilegales y actores privados con intereses económicos en la explotación de recursos naturales y el cultivo de agro combustibles.



1 Las Madres de Soacha son un grupo de mujeres colombianas cuyos hijos fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del estado en 2008. Los cadáveres de los once jóvenes de Soacha, localidad pobre cercana a Bogotá, aparecieron a cientos de kilómetros de sus hogares, en Ocaña, Norte de Santander. Sepultados en una fosa común como ‘NN’, los jóvenes fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Amnistía Internacional, sección española, “Las Madres de Soacha”, http://www.es.amnesty.org/presidencia-europea/casos/las-madres-de-soacha/
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