Referencia del consejo de ministros






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REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

30 de DICIEMBRE DE 2004

SUMARIO

PRESIDENCIA

  • REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

[…]

APROBADO EL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

  • El texto, que pretende facilitar la inmigración legal y ordenada, es la norma de extranjería con mayor grado de consenso.

  • El Reglamento entrará en vigor un mes después de su publicación en el BOE, fecha en la que comenzará el proceso de normalización que tendrá una duración de tres meses.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de 11 de enero de 2000.

Este Real Decreto es la norma de extranjería con mayor grado de consenso, ya que ha sido construido contando con los más de 4.000 folios de aportaciones de Comunidades Autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales. Además de haber sido acordado con los agentes sociales en la Mesa de Diálogo, tiene el apoyo de la gran mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria y del Foro de Integración Social de los Inmigrantes.

El Gobierno, en línea con la participación social y el diálogo que ha fomentado en materia de extranjería, ha enviado también el proyecto del Reglamento antes de su aprobación al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Poder Judicial, organismos que han emitido un informe muy favorable al contenido de la norma.

El nuevo Reglamento supone la primera oportunidad del Ejecutivo para materializar normativamente un cambio de orientación en la política migratoria, teniendo el convencimiento de que es un asunto de Estado que precisa de la unión de todas las fuerzas políticas.

El texto resultante, coherente en su forma y en su fondo con el marco normativo de referencia (Ley Orgánica 4/2000 y legislación de la Unión Europea, adecuación que ha sido refrendada expresamente en el informe del Consejo de Estado), es fruto del esfuerzo por priorizar la inmigración legal y por perseguir más eficazmente la inmigración irregular a través de la lucha contra la economía sumergida.

Proceso de normalización

La existencia de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular ha llevado al Gobierno a establecer, como medida excepcional y previa a la aplicación del régimen ordinario del Reglamento, un proceso de normalización para que puedan contratarse legalmente los trabajadores extranjeros que ya se hallan en nuestro país.

Los agentes sociales han diseñado junto con el Gobierno esta medida transitoria, que va a permitir aflorar la economía sumergida, es decir, hacer posible el cambio de una herencia de desorden a un presente de legalidad, y que va a permitir recuperar las contribuciones al sistema vía impuestos y cotizaciones sociales que no se estaban produciendo hasta el momento.

El proceso estará vigente durante los tres meses siguientes a la aprobación del Reglamento, período en el que los trabajadores extranjeros que hayan llegado a España seis meses antes de la entrada en vigor del mismo y que cuenten con un contrato de trabajo real podrán regularizar su situación.

Presentación de documentación

Por primera vez, será el empleador o empresario el que presente la documentación necesaria ante las instancias administrativas, en donde deberá presentar el certificado de penales, el empadronamiento del inmigrante como mínimo seis meses antes y un contrato de trabajo, con carácter general, de seis meses.

También por primera vez, a diferencia de otros procesos de legalización, se van a examinar los antecedentes penales del país de origen de los extranjeros que pretendan acogerse a la normalización.

Una vez examinada la documentación por la administración pública, y en el plazo de un mes desde que ésta notifique la autorización, el empresario deberá dar de alta al trabajador en la Seguridad Social, condición indispensable para que el permiso comience su período de vigencia.

Situación nacional de empleo y contingente

La circunstancia que abrirá o cerrará la puerta para la llegada de trabajadores inmigrantes a España será la situación nacional de empleo, que se evaluará objetivamente con catálogos de ocupaciones de difícil cobertura que tendrán un ámbito provincial. De esta manera, cuando se demuestre que la ocupación demandada por un empresario es de difícil cobertura por parte de trabajadores españoles, se permitirá la contratación de un extranjero.

Otro de los puntos clave del Reglamento de la Ley de Extranjería es el sistema de contingente de trabajadores extranjeros, que funcionará como instrumento para la contratación programada, permitiendo actuaciones como la selección y la formación en los países de origen. Este sistema, que será más ágil y eficaz, podrá revisar las previsiones iniciales a lo largo del año cuantas veces sea necesario.

En relación con el trabajo de campañas agrícolas de temporada, la Mesa de Diálogo Social ha introducido la novedad de que las ofertas de empleo se conozcan previamente en los Servicios de Empleo de todo el territorio nacional para su publicidad, de manera que sólo los empleos que efectivamente se compruebe que no pueden ser cubiertos por españoles serán ofertados en el extranjero.

Residencia por circunstancias excepcionales y lucha contra la inmigración clandestina

Dentro de los supuestos de residencia por circunstancias excepcionales se da cabida a situaciones como el arraigo laboral, el arraigo social o motivos humanitarios.

En el terreno de la lucha contra la inmigración clandestina, el Gobierno, consciente de que los empleos ofertados en la economía sumergida son el principal efecto llamada de la inmigración irregular, quiere incidir en la ordenación del mercado laboral, sin dejar a un lado los instrumentos necesarios para el control de fronteras, retornos, devoluciones y expulsiones.

En este contexto, el Ejecutivo quiere fomentar el protagonismo de la inspección laboral en la persecución de conductas relacionadas con la explotación laboral y con la contratación irregular de trabajadores.

[…]

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