Informe anual del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos e informes de la oficina del alto comisionado y del secretario general






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6 Otras medidas parecen haber sido tomadas, incluyendo la separación del servicio de otros oficiales y suboficiales, pero no han sido hechas públicas.

7 Estas medidas adicionales incluyen, entre otras, la revisión de la aplicación de la doctrina y procedimientos de inteligencia, operaciones y logística; la creación de una comisión que revise los casos desde un punto de vista operacional; el refuerzo de la responsabilidad del comandante; el perfeccionamiento de los sistemas de evaluación; y la redefinición de reglas de enfrentamiento.

8 Las mujeres son a menudo víctimas de esta violación al ser identificadas como compañeras sentimentales de presuntos miembros de grupos armados ilegales.

9 Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales se hacen normalmente varios meses después de haber ocurrido los hechos. Por esta razón, casos de ejecuciones extrajudiciales que hubieran tenido lugar en 2008 serian denunciados en 2009. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación ha iniciado la investigación de 41 de estos casos, mientras que los restantes 71 están al cargo de las Direcciones Seccionales.

10 Ver documentos A/HRC/7/39 y Corr.1 de 2008, y A/HRC/4/48 de 2007.

11 Informe del Gobierno para el proceso del EPU ante el Consejo de Derechos Humanos, fechado el 1 de septiembre de 2008.

12 Estas Comisiones son enviadas a lugares en los que se encuentran evidencias materiales o información que pueden facilitar la investigación de hechos relacionados con un delito de desaparición. Las Comisiones pueden concentrarse en la averiguación de hechos relacionados con un solo delito o con una serie de casos interrelacionados.

13 Informe final de la Comisión Especial de Impulso para Casanare y Magdalena (Enero 2008).

14 La oficina en Colombia, en comunicado público de 15 de agosto de 2008, condenó este ataque.

15 El Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal ha reportado, hasta noviembre de 2008, casi 170 víctimas civiles, incluidos 38 menores, y más de 430 víctimas de la fuerza pública durante 2008. Colombia es uno de los países con mayor número de víctimas por minas (7.290 víctimas están reportadas entre 1990 y noviembre de 2008).

16 FONDELIBERTAD es una dependencia del Ministerio de Defensa creada en 1995, la cual asumió las funciones del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, encargada de coordinar recursos para la lucha contra el secuestro, incluidos gastos adicionales de dotación y funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), y asistir a las víctimas.

17 El Presidente Álvaro Uribe reconoció que durante esta operación uno de los oficiales del Ejército portó, presuntamente por temor, un chaleco con el logo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el emblema de la Cruz Roja, lo que constituye un uso abusivo de estos símbolos y, como tal, una infracción al derecho internacional humanitario.

18 La desmovilización de las AUC empezó en 2003.

19 A pesar de que durante 2008 la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación registró un aumento de personal del 350%, no ha logrado avanzar de manera satisfactoria con los casos que se rigen por esta ley.

20 Además de los miembros de organizaciones paramilitares postulados para ser investigados y juzgados según el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, en 2008 por primera vez se postularon miembros de grupos guerrilleros. A noviembre de 2008, 61 individuos pertenecientes a diferentes grupos guerrilleros (FARC-EP, ELN, ERP y EPL) se habían postulado.

21 De las 1.626 personas que iniciaron versión libre, 1.189 no continuaron con el proceso debido a que la Fiscalía General de la Nación no tenía elementos para acusarlos de ningún delito grave (al 19 de diciembre de 2007, se habían iniciado 1.057 versiones libres, de las cuales 941 se descontinuaron por la misma razón). A la fecha, sólo se han finalizado siete versiones libres por la confesión de todos los delitos. Hay 430 postulados que continúan rindiendo versión libre.

22 A marzo de 2008, había un total de 50.505 desmovilizados, de los cuales 35.263 se desmovilizaron colectivamente de organizaciones paramilitares (3.592 estaban en prisión y 31.671 estaban en libertad) y 15.242 se desmovilizaron de manera individual de grupos armados ilegales (organizaciones paramilitares y grupos guerrilleros).

23 En el contexto de esta ley, la Unidad Nacional de Justicia y Paz ha remitido 2.098 casos a otras unidades de la Fiscalía General de la Nación.

24 El partido político Unión Patriótica fue establecido por las FARC-EP en 1985 como parte de las negociaciones de paz con el Gobierno.

25 La remisión de casos ha aumentado desde 2005, año en el cual sólo 35 casos fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación. El número de casos remitidos aumentó a 36 en 2006 y a 72 en 2007.

26 Estas cifras se enmarcan en el total de 18.431 delitos mencionados y 4.678 delitos confesados durante las versiones a la fecha de cierre de este informe.

27 En la sentencia T-025 del 22 de enero de 2004, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia determinar con exactitud la situación de las personas desplazadas incluidas en el Sistema Único de Registro y adoptar las medidas necesarias para garantizar los recursos necesarios para su atención.

28 Esta decisión fue reiterada en septiembre de 2008 (Auto 237).

29 Un estudio reciente confirma que la mayoría de las víctimas son mujeres, generalmente en los 40, con tres o cuatro hijos o personas bajo su responsabilidad exclusiva, con educación primaria o sin educación, y con oportunidades limitadas para generar ingresos. (Angelika Rettberg, “Reparación en Colombia. ¿Qué quieren las víctimas?”, noviembre de 2008).

30 En un comunicado público del 27 de abril de 2008, la oficina en Colombia saludó el Decreto y alentó al Gobierno a ampliar sus esfuerzos para cumplir con la obligación de proporcionar reparaciones y recursos legales a todas las víctimas.

31 Proyecto de ley 044/08 (Cámara) y 157/07 (Senado) que establece medidas de protección para las víctimas. El proyecto se enriqueció por un proceso público y participativo en el Congreso, que incluyó nueve audiencias públicas, antecedidas de talleres de reflexión, en los que participaron alrededor de 5.000 víctimas. La sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, y especialmente la oficina en Colombia, acompañaron y apoyaron activamente estas audiencias.

32 Estos elementos discriminatorios fueron incluidos después de que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes adoptara una serie de modificaciones al proyecto de ley el 12 de noviembre de 2008. Como afirmó la oficina en Colombia en un comunicado público del 18 de noviembre de 2008, existen principios esenciales que una ley de esta naturaleza no puede ignorar, que incluyen la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, los principios de igualdad y no discriminación, y la determinación de la calidad de víctima por el hecho de haber sufrido un daño injusto, independientemente de quién lo haya causado.

33 Los siguientes son ejemplos de decisiones en este sentido: Sentencia T-049 de enero de 2008 de la Corte Constitucional; sentencia T-496 de junio de 2008 de la Corte Constitucional; sentencia de noviembre de 2008 de la Sala Administrativa del Consejo de Estado, y sentencia de diciembre de 2008 de la Corte Constitucional, que a la fecha de cierre de este informe aún no había sido publicada.

34 Según la Fiscalía General de la Nación, de las 168.090 víctimas registradas a la fecha de cierre de este informe, sólo 18.839 han podido o han querido asistir a las versiones libres.

35 Trujillo, una tragedia que no cesa. CNRR, Memoria Histórica.

36 Datos del PNUD en Colombia.

37 La oficina en Colombia expresó profunda preocupación frente a esta situación en varios comunicados publicados a lo largo del año.

38 Informe anual al Congreso del Ministerio de Protección Social, 2007-2008.

39 En este contexto, por ejemplo, en diciembre de 2008 se hizo público que hacía un año que la Fiscalía General de la Nación había aceptado una solicitud policial de interceptar varias direcciones de correo electrónico pertenecientes a organizaciones y a individuos, incluyendo la de un funcionario de la oficina en Colombia. Tan pronto se dio a conocer este hecho, la Fiscalía General de la Nación tomó medidas y separó del cargo al fiscal responsable de esa decisión.

40 A octubre de 2008, la Vicepresidencia de la República registró 54 homicidios de miembros de pueblos y comunidades indígenas; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró, para el mismo período, un total de 66 víctimas. Un hecho de especial preocupación fue el asesinato por el Ejército, en circunstancias confusas, del esposo de una lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en diciembre de 2008. El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condenó el hecho en un comunicado público. No existen registros oficiales de homicidios de personas afro colombianas, pero la oficina en Colombia ha recibido información sobre el asesinato de cuatro de sus líderes sólo en el departamento de Nariño.

41 Como resultado de las confrontaciones entre las organizaciones indígenas y la Policía Nacional hubo tres personas muertas y más de 170 heridas, entre miembros de la Policía Nacional y de las organizaciones indígenas. La oficina en Colombia deploró estas confrontaciones en un comunicado público del 25 de octubre de 2008.

42 Entre enero y junio de 2008, la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) registró 270.675 nuevos desplazados, que representan un aumento del 41% con relación al mismo período en 2007. Según Acción Social, entre enero y octubre de 2008 se registraron 249.816 personas desplazadas.

43 Hechos de este tipo se han reportado especialmente en el departamento de Arauca.

44 El Auto 092 fue expedido en abril de 2008 sobre violencia sexual contra mujeres desplazadas, y el Auto 251 fue expedido en octubre de 2008 sobre medidas para proteger a la niñez desplazada.

45 Según sus propios reportes, entre enero y septiembre de 2008, el CIAT emitió sólo 28 alertas de 62 advertencias formuladas por el SAT.

46 Estos centros son parte de una iniciativa gubernamental que aspira a promover valores como la solidaridad, respeto y tolerancia entre las comunidades.

47 Casos ilustrativos de detenciones ilegales y arbitrarias de defensores de derechos humanos y líderes sociales se describen en el apartado B supra.

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