Informe anual del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos e informes de la oficina del alto comisionado y del secretario general






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B. Detenciones ilegales y arbitrarias





  1. En algunos departamentos, como Arauca y Norte de Santander, la Fiscalía General de la Nación continuó expidiendo órdenes de captura sin bases jurídicas sólidas por rebelión y delitos relacionados, lo que se tradujo en detenciones arbitrarias. Estas órdenes estaban en muchas ocasiones fundamentadas en declaraciones de antiguos miembros de grupos guerrilleros desmovilizados que reciben incentivos y beneficios del Estado para cooperar en estas labores, lo que hace que la información obtenida no sea siempre creíble. La Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación basada en la Brigada XVIII de Arauca ordenó al menos cuatro órdenes de captura masivas en estas circunstancias.




  1. Las víctimas de esta violación, incluyendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, son detenidas sin una justificación jurídica adecuada, en ocasiones por periodos que llegan hasta dos años. Además, en departamentos como Antioquia y Chocó, se han reportado varios casos de detenciones ilegales realizadas por el Ejército. La oficina en Colombia también recibió información de acciones de la Policía Nacional, particularmente detenciones y arrestos de individuos pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad, en particular de las zonas deprimidas de Medellín, sin justificación jurídica adecuada.



C. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes





  1. La oficina en Colombia fue informada sobre casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a miembros de la fuerza pública en departamentos como Antioquia, Cauca y Chocó. Los pueblos y comunidades indígenas, los grupos afrocolombianos, así como los sectores más deprimidos de la sociedad, fueron con frecuencia víctimas en tales casos.




  1. En algunos departamentos, como el de Cauca y Chocó, la oficina en Colombia recibió información de casos de tratos crueles y degradantes contra mujeres y niñas por miembros del Ejército, que, en ocasiones, se tradujeron en violencia sexual.



  1. A principios de 2008, en la prisión de Valledupar (Cesar), la oficina en Colombia registró casos de graves tratos inhumanos y degradantes contra reclusos, así como un uso excesivo de la fuerza por guardias para reprimir protestas.




  1. El Gobierno ha dado pasos importantes para capacitar a funcionarios públicos y oficiales y suboficiales militares en los estándares internacionales de prevención de la tortura. Sin embargo, como fue reconocido por el mismo Gobierno, los retos siguen vigentes. 11 El Gobierno daría un paso significativo para enfrentar estos retos aceptando ser parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.



D. Desaparición forzada





  1. La oficina en Colombia continuó observando casos de desaparición forzada, particularmente en municipios como Buenaventura (Valle del Cauca), donde según la Defensoría del Pueblo, fueron reportados 132 casos entre 2006 y 2008. En otros lugares, en particular en centros urbanos del departamento de Antioquia y Chocó, esta práctica parece haber sido utilizada para intimidar a enemigos en el contexto de disputas entre bandas criminales y grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares.




  1. Las víctimas de desapariciones son normalmente jóvenes desempleados de familias sin recursos, habitantes de zonas urbanas marginales y de áreas rurales aisladas. Entre las víctimas de desaparición forzada también se encuentran, tanto defensores y defensoras de derechos humanos, como sindicalistas.




  1. La Fiscalía General de la Nación ha investigado 111 casos de desaparición forzada en 2008. La mayoría de estos casos fueron referidos a su Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tras investigaciones preliminares llevadas a cabo por Comisiones Especiales de Impulso.12 La Unidad Nacional ha realizado además 39 exhumaciones, pero los restos recobrados aun están en fase de identificación. Otras exhumaciones durante el periodo reportado en este informe, referidas más adelante, han sido realizadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.




  1. La fase piloto del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, concentrada en la situación del departamento de Casanare, se limitó en gran medida a recoger información que pudiera ser referida a la Fiscalía General de la Nación y a capacitar a funcionarios públicos. Como el Gobierno reconoció, éste y otros desarrollos institucionales positivos, como la creación del Mecanismo de Búsqueda Urgente para personas desaparecidas, necesitan más esfuerzos para alcanzar la efectividad deseada. Organizaciones de víctimas y autoridades judiciales parecerían estar de acuerdo en que ha habido una limitada efectividad en el cruce de los sistemas de información y en general, una cierta negligencia en el funcionamiento de estos mecanismos institucionales.13 Estas organizaciones también han criticado la persistencia de tener que realizar una declaración de “muerte presunta” para, entre otras cosas, recibir ayuda humanitaria del Gobierno. En su opinión, este requisito inflige un daño emocional a las familias y las convierte de nuevo en víctimas.




  1. La ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, a lo que se comprometió el Gobierno durante el proceso del EPU en diciembre de 2008, sería un paso significativo para garantizar una respuesta efectiva y completa a las reclamaciones de las víctimas.



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