Informe anual del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos e informes de la oficina del alto comisionado y del secretario general






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NACIONES


UNIDAS





A





Asamblea General


Distr.

GENERAL
A/HRC/10/032

19 de febrero de 2009
Original: ESPAÑOL



Consejo de Derechos Humanos

Décimo período de sesiones

Tema 2 de la agenda provisional
INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO Y DEL SECRETARIO GENERAL
Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia**

RESUMEN



En este informe se analizan los hechos más importantes ocurridos en Colombia durante el año 2008 sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en el marco del mandato establecido en el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmado en Bogotá el 29 de noviembre de 1996. El 9 de septiembre de 2007 las partes acordaron extender el mandato, sin modificaciones, hasta el 30 de octubre de 2010.
Este informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2008 y se concentra en varios temas que han sido considerados como prioritarios. No obstante, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuará trabajando otros temas que son de su interés y preocupación, realizando un seguimiento constante a los mismos.
Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia, siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos. El Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, fundamentalmente incrementando su presencia en lugares que anteriormente estaban bajo control de los grupos armados ilegales. Sin embargo, se continúan produciendo graves violaciones de los derechos humanos.
Algunos altos funcionarios del Gobierno continuaron estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de la oposición y activistas sociales.
En relación con las ejecuciones extrajudiciales, el Gobierno demostró buena voluntad y realizó importantes esfuerzos, que deberían continuar para garantizar la efectividad y estricto cumplimiento de las políticas institucionales. Hasta octubre de 2008, el número de quejas y víctimas registradas evidenciaba que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas graves violaciones. En el informe se concluye que las importantes medidas adoptadas recientemente, incluida la separación del servicio de algunos altos oficiales del Ejército, ha reforzado la política de “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos. Es necesario que estas medidas sean acompañadas por un mayor control operacional sobre las unidades militares y por una rápida y rigurosa investigación de todas las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.
Todas las partes del conflicto continúan cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario. Además, como en años anteriores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúan rechazando el estar obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Además de seguir con el reclutamiento de menores y la comisión de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, los grupos guerrilleros han seguido colocando minas antipersonal, tomando rehenes y manteniendo personas secuestradas por largos periodos de tiempo en condiciones inhumanas.
En el informe se expone la complejidad, variedad y naturaleza cambiante e impredecible de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, que continúa siendo uno de los mayores retos para el Estado de Derecho. Estos grupos continúan poniendo en serio riesgo a la población civil y se requiere una acción integral de las autoridades competentes para combatirlos.
Se reconoce que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación han tenido una mayor relevancia en las agendas política y pública durante 2008. Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, pocas víctimas han podido ejercer efectivamente estos derechos, manteniendo, en particular, a las víctimas de acciones u omisiones de agentes estatales marginadas del proceso.
El crecimiento económico obtenido en los años anteriores no se ha traducido en un suficiente y satisfactorio progreso en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Además, la brecha entre aquellos que tienen oportunidades para generar ingresos y aquellos que no las tienen no se ha reducido.
Finalmente, en el informe se resumen algunas de las principales actividades desarrolladas por la oficina en Colombia del Alto Comisionado durante 2008 y se proponen nueve recomendaciones, cuyo cumplimiento se espera que contribuya a la mejora de la situación de derechos humanos y a la aplicación de la normas de derecho internacional humanitario en el país.
La Alta Comisionada reconoce el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos, tal y como demostró durante las sesiones del examen periódico universal.

ÍNDICE

Párrafos Página

I. Introducción 1-5

II. Contexto 6-8

III. Derechos humanos y derecho internacional humanitario 9-89

A. Ejecuciones extrajudiciales 9-15

B. Detenciones ilegales y arbitrarias 16-17

C. Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes 18-21

D. Desaparición forzada 22-26

E. Derecho internacional humanitario 27-41

F. Grupos armados ilegales surgidos del proceso de
desmovilización de organizaciones paramilitares 42-49

G. Justicia 50-62

H. Víctimas 63-71

I. Derechos económicos, sociales y culturales 72-74

J. Grupos vulnerables 75-89

IV. Principales actividades de la oficina en Colombia 90-97

V. Recomendaciones 98-99

ANEXO
Casos ilustrativos de violaciones de derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario

I. INTRODUCCIÓN


  1. Este informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2008 y se concentra en varios temas que han sido considerados como prioritarios. No obstante, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (“la oficina en Colombia”) continuará trabajando otros temas que son de su interés y preocupación, realizando un seguimiento constante a los mismos.




  1. Como se comunicó en 2007, el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acordaron extender el mandato de la oficina en Colombia del Alto Comisionado en su integridad, hasta el 30 de octubre de 2010. En cumplimiento de su mandato, la oficina en Colombia continúa asistiendo a las autoridades en el desarrollo de políticas y programas de promoción y protección de los derechos humanos, asesorando a la sociedad civil en temas de derechos humanos, observando la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado interno que padece el país y remitiendo informes analíticos a la Alta Comisionada.




  1. La Alta Comisionada visitó Colombia del 27 de octubre al 1.º de noviembre de 2008. Durante su visita, mantuvo reuniones con el Presidente, ministros y altos funcionarios públicos encargados de la promoción y protección de los derechos humanos. También se reunió con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de mujeres, asociaciones de víctimas y sindicatos. La Alta Comisionada viajó a Arauca donde pudo conocer los desafíos en derechos humanos a nivel regional y reunirse con líderes comunitarios y autoridades civiles y militares. En el marco de su visita, la Alta Comisionada expresó a todos sus interlocutores su agradecimiento por el apoyo que su oficina en Colombia ha estado recibiendo. Por otro parte, resaltó los esfuerzos del Gobierno para fomentar la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos dentro de las fuerzas militares, así como para desmovilizar organizaciones paramilitares. Al destacar la mayor atención prestada a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, la Alta Comisionada expresó también su preocupación por la persistencia de retos estructurales en derechos humanos.




  1. La Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados visitó Colombia del 12 al 14 de mayo de 2008 y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del 1 al 10 de octubre.1




  1. El 10 de diciembre, Colombia fue analizada por el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).2


II. CONTEXTO


  1. Colombia continúa inmersa en un conflicto armado interno complejo y de múltiples facetas, cuyo efecto sobre los derechos humanos representa un desafío permanente para el Estado y su población. Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y la fuerza pública, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con las subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso efectivo a la justicia siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos. En este contexto, los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el Estado de derecho, fundamentalmente incrementando su presencia regional en lugares que anteriormente estaban bajo control de los grupos armados ilegales, han colocado al país en una mejor posición para asegurar el pleno respeto por los derechos humanos.




  1. Durante 2008, los hechos políticos y de orden público más relevantes que han marcado el panorama de los derechos humanos fueron: a) las ejecuciones extrajudiciales y las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentarlas; b) las tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como consecuencia de las últimas investigaciones sobre los presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares, proceso conocido como la “parapolítica”; c) la extradición a los Estados Unidos de América en mayo de 2008 de 13 de los principales jefes paramilitares3 investigados en el marco del proceso de la Ley 975, conocida como “ley de Justicia y Paz”4; d) los éxitos militares contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la muerte de su líder y fundador, así como las liberaciones, rescates y fugas de secuestrados en su poder; e) el aumento de la conciencia cívica, expresado a través de las masivas movilizaciones ciudadanas, en contra de los grupos armados ilegales y a favor del respeto por los derechos humanos; f) la desaceleración económica en el marco de la crisis financiera mundial, así como el importante impacto, sentido en el último trimestre del año, de los esquemas ilegales de inversión (pirámides) que han arrastrado a miles de personas a la quiebra con promesas de altos rendimientos.




  1. El avance en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio sigue siendo lento. Es motivo de especial preocupación la superación de la brecha entre aquellos grupos poblacionales con oportunidades de progreso, asentados sobre todo en las grandes urbes, y otros grupos excluidos del desarrollo y alejados de los bienes y servicios que presta el Estado, localizados principalmente en el mundo rural y en las zonas deprimidas urbanas.5


III. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

A. Ejecuciones extrajudiciales





  1. En 2008, la oficina en Colombia continuó trabajando con el Ministerio de Defensa presentando directamente casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales para el conocimiento y acción de los altos mandos militares. En enero de 2008, el Ministerio de Defensa publicó la “Política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario” para las fuerzas militares, que incluye, entre otras iniciativas, el establecimiento de asesores legales operacionales dentro del Ministerio para asegurar que las operaciones militares cumplan con los estándares de derecho internacional humanitario. Además, funcionarios civiles y militares del más alto nivel han declarado pública y repetidamente su voluntad de adoptar medidas para proteger y respetar los derechos humanos, incluida la erradicación de las ejecuciones extrajudiciales.




  1. La destitución por el Presidente en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, así como otras medidas disciplinarias, por “una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción” fue una importante señal para reforzar la política de “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos.6 En noviembre de 2008, el Comandante del Ejército renunció, el Ministro de Defensa anunció medidas adicionales7 y el Presidente inició una serie de sesiones periódicas de rendición de cuentas con los altos mandos militares para responder a las denuncias por ejecuciones extrajudiciales.




  1. El número de quejas recibidas por ejecuciones extrajudiciales y la cantidad de víctimas registradas hasta octubre de 20088 han evidenciado sin embargo que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas violaciones. Es necesario realizar renovados esfuerzos para garantizar la efectividad y el estricto cumplimiento de las políticas institucionales establecidas para prevenir y sancionar las ejecuciones extrajudiciales.




  1. A finales de noviembre de 2008, la Fiscalía General de la Nación había iniciado 112 investigaciones sobre presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en 2008.9 Adicionalmente, otros 473 casos, la mayoría ocurridos en 2006 y 2007, habían sido asignados durante 2008 a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. Esta Unidad investiga actualmente cerca de 716 casos con más de 1.100 víctimas. Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. En 2008, de acuerdo con la información obtenida por la oficina en Colombia, en algunos departamentos, como Antioquia, se ha registrado un incremento de estos casos.




  1. A los patrones descritos en informes anteriores,10 se suman este año nuevas modalidades de comisión de esta grave violación, que sugieren una mayor complejidad y sofisticación en su planeación y ejecución. La oficina en Colombia confirmó la existencia de redes encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a los de su lugar de origen, y de procurarles medios para trasladarlos hasta tales lugares, donde eran ejecutadas y presentadas como “muertos en combate”. Según varias investigaciones en curso, otros miembros de esas redes (entre los que podrían encontrarse miembros del Ejército) serian los encargados de presentar denuncias contra los muertos, como integrantes de la guerrilla o de grupos armados ilegales surgidos después del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, y de elaborar informes de inteligencia o declaraciones de desmovilizados para corroborar tal vinculación. Asimismo, es reiterada la presentación de las víctimas sin identificar, como “NN”, aún cuando portaban sus documentos o se conocía su identidad. Esta práctica parecería estar dirigida a evitar la identificación de las personas reportadas como desaparecidas y a impedir las investigaciones.




  1. La ausencia de un control eficaz por los comandantes militares pudo favorecer la ocurrencia de estas graves violaciones de derechos humanos. Los incentivos económicos, días de descanso y reconocimientos otorgados sin control ni supervisión previa a quienes presentaron como resultados “muertos en combate” pudieron también alentar la repetición de esta preocupante práctica. Al mismo tiempo, la ausencia de un claro mensaje de condena al interior del Ejército pudo haber permitido la perpetuación de estas violaciones.




  1. Se requieren medidas adicionales y una mayor colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para erradicar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación deberían redoblar sus esfuerzos para investigar los casos en el menor tiempo posible.



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