Rasgos principales del modelo weberiano






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fecha de publicación17.07.2015
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RASGOS PRINCIPALES DEL MODELO WEBERIANO
1. Los funcionarios del modelo típico weberiano se conciben como personas individuales que, sin embargo, se incorporan a la administración pública en tanto que miembros de un cuerpo burocrático con atribuciones y obligaciones directamente emanadas de la norma jurídica. En este sentido, su participación en los quehaceres públicos solamente se refiere a su ámbito profesional y al tiempo que dedican a desarrollar sus funciones que, en todo caso, es distinto al que ocupa para ejercer su libertad como persona humana. En este sentido, el funcionario es libre, pero al mismo tiempo está sujeto a las obligaciones del cargo que ocupa, mientras efectivamente está en cumplimiento de esas funciones otorgadas por el Estado. De aquí que su actividad como funcionario profesional esté plenamente normada, y sujeta a las responsabilidades que se desprenden del cargo ocupado.

2. Esos funcionarios, además, están sujetos al principio de jerarquía administrativa de manera rigurosa, en tanto que sus atribuciones se entienden vinculadas al cumplimiento de obligaciones que son vigiladas y controladas por superiores jerárquicos. No desarrollan sus tareas de manera independiente ni, en consecuencia, se pone el acento en los resultados que se esperan de su quehacer, sino que se espera de ellos tanto la obediencia a las funciones que deben desempeñar como a las instrucciones de los jefes burocráticos cuyo ámbito de responsabilidad es mayor. Desde este punto de vista, las funciones que cada uno desarrolla representan, al mismo tiempo, una escala de obligaciones y responsabilidades: una jerarquía, que compromete a la burocracia en su conjunto.1

3. De ese cuerpo de funcionarios se espera, además, un cuadro de competencias fijo y claramente establecido en las normas jurídicas que rigen su funcionamiento. Pero estas competencias no se refieren, en el léxico propio dela visión weberiana, a las cualidades profesionales de quienes ocupan los cargos sino al principio de legalidad, según el cual los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que expresamente les está atribuido por la norma jurídica. Este principio ha caracterizado la versión peyorativa de la burocracia, incapaz de salvar situaciones o tomar decisiones de obvia resolución, cuando éstas no corresponden con el grupo de funciones específicamente otorgadas a ellos. Si se trataba de acotar la discrecionalidad con la que solían actuar de los principios acuñados por el liberalismo, su resultado fue esta nueva concepción de legalidad que es, simultáneamente, un principio de sujeción a la letra de las atribuciones y de las obligaciones establecidas.2

4. La burocracia en esta segunda fase, además, opera por contrato. Es decir, no se espera de quienes lo suscriben sino el cumplimiento puntual de las cláusulas que están establecidas en su contenido. Dado que no se trata de una relación que rebase los tiempos dedicados a las tareas profesionales, el continente jurídico de la relación está en los pactos que se desprenden de ese contrato y se suspenden, a la vez, tan pronto como el contrato queda vencido. De ahí la importancia de las relaciones laborales: el Estado y su burocracia se vinculan en tanto que los contratos definen los contenidos, las características y la duración de esa relación. Y en ellos, ambas partes fijan sus condiciones: el burócrata el salario que aceptará a cambio de dedicar su tiempo al cumplimiento de la función pública, y el Estado las normas a las que sujetará el trabajo que ha decidido contratar.

5. En ese mismo sentido, la relación laboral en la que se sostiene el contrato entre el burócrata y el Estado parte del supuesto de una calificación profesional en la que se fundamenta su nombramiento como funcionario público. Dado que la lealtad individual ha sido desplazada, las razones en las que se funda la contratación son estrictamente profesionales, entendidas como las aptitudes y las habilidades que se esperan de ese funcionario. Y éstas, a su vez, pueden ser asumidas como el producto legítimo de una cierta formación previa, acreditada mediante diplomas y certificados que el Estado reconoce como válidos para sostener que la persona contratada cuenta con los conocimientos necesarios para desempeñar su función, o bien como el producto de exámenes y pruebas a través de las cuales la persona individual debe demostrar que en efecto cuenta con las calificaciones indispensables para ocupar el cargo al que aspira.

6. Como se ha dicho, la función pública asumida por este modelo como el producto de un contrato profesional, se basa estrictamente en una retribución en dinero, con sueldos e incentivos fijos y claramente establecidos sobre la base de la jerarquía en las que se ubique el cargo correspondiente. El sueldo, en ese sentido, es la base de la relación laboral individual, tanto como las normas a cumplir lo son de las responsabilidades asignadas a cada cargo. Y de ahí también que el establecimiento de nóminas y rangos salariales determinen no sólo el ingreso de los funcionarios, sino su posición dentro de la jerarquía burocrática.

7. Al mismo tiempo, este modelo supone que los funcionarios efectivamente contratados ejercerán su trabajo como la única o, al menos, como la principal profesión. El tipo ideal weberiano parte del supuesto de que las personas que ocupan los cargos han decidido dedicar su tiempo completo de índole profesional al desempeño de las funciones públicas que les han sido asignadas y, en este sentido, se asume también que no puede ser aceptado ningún trabajo ni ninguna actividad adicional que interrumpa, distraiga o contravenga los intereses del aparato estatal al que pertenece el funcionario. Se trata, en efecto, de funcionarios de tiempo completo.

8. Como contraprestación de esa dedicación profesional, los funcionarios que pertenecen a la burocracia tienen sin embargo la perspectiva de una carrera. Es decir, una perspectiva profesional de ascenso en la jerarquía burocrática a la que pertenecen, ya sea por el tiempo que le han dedicado o por la calidad de los servicios que han ofrecido, o por ambas. En este sentido, la burocracia no solamente ejerce su función sobre la base del sueldo que percibe, sino por la expectativa de pertenencia al cuerpo de funcionarios en el largo plazo. Y de aquí que los criterios de estabilidad y de pertenencia se vuelvan también un elemento crucial para afirmar su labor propia.

9. Los funcionarios, por otra parte, no sólo mantienen una ética basada en la responsabilidad y en la plena separación entre los asuntos y los intereses de la política, sino que además operan con absoluta separación de los recursos que se ponen a su alcance. Es decir, en tanto que miembros del cuerpo de funcionarios, todos los medios financieros, materiales o humanos que se les entregan para el desarrollo de sus funciones se asumen como cosa ajena a sus intereses personales. El principio de corrupción, en el modelo weberiano, no consiste sino en la apropiación privada de los recursos públicos, en cualquiera de sus modalidades.

10. Finalmente, los funcionarios públicos están sometidos a la más estricta disciplina y a una constante vigilancia sobre los procesos que desarrollan. Responsabilidad y control se asumen, en esta visión administrativa, como partes inseparables de un mismo continuo. Si los funcionarios no pueden ni deben emprender sus tareas al margen del expediente que norma su actuación cotidiana, y al mismo tiempo pertenecen a una jerarquía claramente establecida que utiliza recursos ajenos para cumplir sus obligaciones, la idea del control está llamada a formar parte integral de ese sistema.



1 Para un análisis más detallado acerca de la jerarquía administrativa, véase Jorge Barenstein, El análisis de la burocracia estatal desde la perspectiva weberiana. Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 1981. De este libro, destaco la siguiente cita: “El señor es el “superior” que ordena con base en reglas estatuidas y dentro de una competencia específica. El tipo más característico de miembro del cuadro administrativo es el “funcionario”, nombrado por el señor y seleccionado con base en su calificación técnica (…) Las relaciones dentro del cuadro administrativo, y entre éste y el señor, están estructuradas en una jerarquía de cargos con subordinación de los inferiores a los superiores, y el funcionamiento está basado en la llamada “disciplina del servicio””. p.59.


2 Sobre este particular vuelvo a remitir a Max Weber: “Rige el principio de las atribuciones oficiales fijas, ordenadas por lo general, mediante reglas, leyes o disposiciones del reglamento administrativo. Es decir: 1)Existe una firme distribución de las actividades metódicas –consideradas como deberes oficiales- necesarias para cumplir los fines de la organización burocrática. 2) Los poderes de mando necesarios para el cumplimiento de estos deberes se hallan igualmente determinados de un modo fijo, estando bien delimitados mediante normas los medios coactivos que le son asignados (…) 3) Para el cumplimiento regular y continuo de los deberes así distribuidos y para el ejercicio de los derechos correspondientes se toman las medidas necesarias con vistas al nombramiento de personas con aptitudes bien determinadas”. Max Weber. “La dominación legal con administración burocrática”, en Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México, 1944 (de la edición alemana de 1922), p.716-717.




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