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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

Concepto de Crédito
1. Noción etimológica y gramatical

La palabra "crédito" proviene del latín creditum y ésta a su vez de credo, que significa "confiar, creer, tener confianza, tener fe". Por su parte, el DLE señala, en lo que interesa, que crédito es la "cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar".

2. Noción doctrinal

Es evidente que la citada noción etimológica nos resulta insuficiente para entender el fenómeno del crédito en la época actual, ya que el mismo normalmente no surge sólo en base a la simple confianza, creencia o fe de que el deudor habrá de pagar. Así pues, en sentido jurídico, habrá un negocio de crédito cuando el sujeto activo, que recibe la designación de acreditante, traslada al sujeto pasivo, que se llama acreditado, un valor económico actual, con la obligación del acreditado de devolver tal valor o su equivalente en dinero, en el plazo convenido. En cuanto a lo anterior, es de hacerse notar que la LGTOC engloba bajo el rubro "operaciones de crédito" a algunas que no son tales puesto que, conforme a la noción de que se trata, en ellas no hay ningún crédito, como por ejemplo al depósito regular, al fideicomiso, a la prenda, etc.; lo que, en opinión de Raúl Cervantes Ahumada, obedece a que, por razones prácticas, el término "operación de crédito" se ha extendido al campo de aquellos negocios que, si bien no son estrictamente crediticios, tienen relación normal con los negocios de crédito, principalmente por alguno de los sujetos del negocio.

V. Operación de Crédito

Este término —que se aplica a aquellas operaciones en que se da el crédito en los términos enunciados en el párrafo que inmediatamente antecede—, en realidad no es muy adecuado, pues, con mayor propiedad, debería usarse el de "negocio de crédito"; pero como tales negocios suelen celebrase en gran escala por los bancos, que son instituciones especializadas que tradicionalmente se ha dicho que "operan" en el campo del crédito, el antiguo término "operación" ha persistido en las leyes y en el lenguaje jurídico.

VI. Operaciones Bancarias

Las operaciones bancarias, a diferencia de las de crédito, no tienen una naturaleza jurídica intrínsecamente especial, y reciben tal nombre sólo por el hecho de que en ellas interviene al menos un banco. Por lo que los términos "operación de crédito" y "operación bancaria" no son equivalentes, y, para distinguirlos, hay que atender a los criterios apuntados.

VII. Origen de la palabra banco

La palabra banco o banca deriva de abacus, que era el mueble que utilizaban los numularü y argentarii, en Roma, para realizar su actividad. Duconge, por su parte, estima que proviene de "la mesa en que los mercaderes mostraban sus mercancías a los compradores", sufriendo la expresión un cambio semántico al pasar al italiano como "el banco en que se sentaban los comerciantes y cambistas en la plaza pública, o la mesa en que contaban su dinero". Su antecedente remoto es el mostrador en que los cambistas guardaban su dinero, pero el significado actual de la palabra es muy distinto al original. En el Derecho alemán y en el Derecho anglosajón, la palabra bank —que significa "conjunto o montón de cosas, amontonar"—, expresaba la acumulación de capital, en dinero o en existencias; otra acepción es la de mostrador, silla o mueble donde se sientan las personas. Finalmente, cabe hacer notar que, como las operaciones bancarias han ido cambiando, las palabras banco o banca no alcanzan por sí a connotar lo que en realidad significa actualmente la actividad bancaria.
VIII. Antecedentes del crédito y la banca en el mundo

1. Babilonia

Ahí se utilizó por primera vez la plata como medio de cambio y, 3,000 años antes de nuestra era, se efectuaba el comercio bancario, realizándose contratos de crédito, operaciones bancarias de cambio y emisión de títulos abstractos de obligaciones, utilizando las garantías reales en múltiples formas. Según Mario Bauche Garciadiego, "bajo la III dinastía de Ur (2294-2187), el comercio de la banca se desarrolló en toda Babilonia por los dioses banqueros, cuyas dos principales operaciones eran la recepción en depósito y el préstamo. Como al lado de los templos existían haciendas pertenecientes a grandes propietarios, el comercio se secularizó poco a poco". Fue en la ciudad de Uruk, situada en la porción sur de la meseta meso-potámica y junto al río Eufrates, en un templo que se conoce históricamente como Templo Rojo de Uruk, en la que se realizaban operaciones de banca, se recibía dinero para su guarda, se prestaba dinero y se realizaban otros negocios. Según Jorge Saldaña y Alvarez, como evidencia de lo anterior se encontraron unas tabletas de barro en las que se lee la siguiente inscripción: "Dos Shekels han sido prestados a Mas Shamack, hijo de Adadrimeni, por Amat-Schmack, sacerdotiza del Sol, e hija de Warad-Enlil. Mas-Shamack, pagará el interés del Dios del Sol y cuando venga la cosecha, pagará la suma y el interés." De acuerdo con James William Durant, los babilonios tenían un bien desarrollado sistema financiero, pues, aun cuando no utilizaron la moneda antes de Hammurabi, usaban lingotes de oro y plata como signos de valor y como medio de cambio. El metal no estaba estampado y era pesado en cada transacción. Los préstamos se hacían en mercancías o en lingotes, a muy altas tasas de interés, que eran fijadas por el Estado y que fluctuaban entre el 20% en préstamos en metálico y 33% en préstamos en especie. Fundamentalmente se solían prestar cereales, que era el producto más importante de la economía mesopotámica, el sésamo, los dátiles, el aceite, la lana, los ladrillos y la plata. Los préstamos de dinero (plata) los realizaban los mercaderes (damqarum o tamkarum) o los propios templos que se habían constituido en los grandes centros bancarios. En el pueblo de que se trata surgieron las primeras disposiciones legales relativas al crédito, en el llamado Código de Hammurabi, cuya promulgación se estima que tuvo lugar aproximadamente en 1753 a.C. En el siglo vil a. C, el rey Gyges, de la región de Lidia, acuñó las primeras monedas metálicas, consistentes en fragmentos de metal, uniformes, que se autenticaban con una señal para garantizar oficialmente su valor, y con las que se sustituyeron los lingotes de plata y oro que se utilizaban hasta entonces y que dificultaban el tráfico mercantil. El empleo de la moneda fue adoptado por las colonias griegas, por los cartagineses y después por los romanos. En Atenas se otorgó un lugar preferente a la economía monetaria y el dracma ateniense fue la moneda internacional del mundo mediterráneo.

2. Grecia

En el año 700 a. C, existían los llamados colubitas, que eran simples cambistas pues sólo se ocupaban de autenticar y luego homologar las diversas monedas que se acuñaban en las distintas regiones de Grecia y de otras latitudes. Por otro lado, existían los trapecitas, a quienes se considera incipientes banqueros, pues recibían bienes de sus clientes que luego prestaban a otros mediante el cobro de un interés, el cual en algunas ocasiones era excesivo y ocasionó problemas. Por esto último, a partir del siglo rv a.C, los Estados y las ciudades de Grecia procuraron fundar bancos públicos a fin de sustraerse de las presiones de los banqueros privados, tanto religiosos como laicos.

3. Egipto

Debido a la influencia de los griegos, se fundó un banco del Estado dedicado principalmente a dar créditos agrícolas. Dicho banco, al parecer otorgaba concesiones para el ejercicio de la banca, ocupándose además, entre otras cosas, de la recaudación de impuestos y de pagos a terceros por cuenta de clientes, utilizando una especie de letras de cambio y órdenes de pago.

4. Roma

Después de cinco siglos de su fundación, los romanos aprendieron de Grecia la utilización de la moneda. El desarrollo primitivo de la banca se realizó por la orden ecuestre, que en su origen eran ciudadanos capaces de enrolarse en el ejército, con caballos propios o comprados con su propio dinero, y que, con el tiempo, constituyeron una élite que además de formar parte del ejército, realizaban negocios, entre otros, crediticios. El sistema bancario llegó a Roma proveniente de la parte oriental de Grecia y estuvo manejado principalmente por griegos y sirios en Italia, en el oeste y aun en las Galias, en donde las palabras sirio y banquero eran sinónimos. Los argentarii, al igual que los colubitas, eran cambistas, tenían la encomienda estatal de retirar de la circulación la moneda falsa que aparecía con mucha frecuencia y su función se reputaba viril, pues sólo podía ser desempañada por varones. Los numularii eran propiamente banqueros y, según un texto de Ulpiano, su actividad era vigilada por los praefectus urbi, ya que se consideraba de orden público, "lo que constituye el más remoto antecedente directo de la consideración de la banca como función pública y de la obligación e interés del Estado de intervenir en su manejo".

5. Pueblo Hebreo

Con el advenimiento del cristianismo se interrumpió el desarrollo del crédito, ya que la llamada Ley de Moisés prohibía el cobro de intereses, excepto en las relaciones con los extranjeros. Leo Goldsch-mied, citado por Hermilo Herrejón Silva, refiere que, debido a tal ley, "el desenvolvimiento bancario entre los hebreos fue mucho más lento" y, recordando la historia del Becerro de Oro que el profeta mandó reducir a polvo y lanzó las cenizas en el agua de un torrente, expresa con ironía: "nos inclinamos reverentes frente al Moisés legislador, pero admiramos menos sus cualidades de hombre de finanzas". En efecto, según la tradición, Moisés fue el caudillo que, hacia el siglo xm antes de nuestra era, por orden de Yahvé dirigió al pueblo hebreo desde Egipto hasta Canaán, en una marcha a través del desierto y que duró cuarenta años. Durante la travesía, Moisés acuñó la ley judía, cuyo núcleo fueron las tablas recibidas de Dios en el monte Sinaí, y que abarcaban las creencias, la moral, los ritos y el ordenamiento civil del pueblo. Esta ley, Tora llamada también ley mosaica o de Moisés—, está recogida en el Pentateuco, esto es, los cinco primeros libros de la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deutero-nomio), y en ella se encuentran las siguientes disposiciones de interés para el tema en estudio: "Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista, ni le cobres intereses" {Éxodo, capítulo 22, versículo 25); "Si alguno de tus compatriotas se queda en la ruina y recurre a ti, debes ayudarlo como a un extranjero de paso, y lo acomodarás en tu casa. No le quites nada ni le cargues intereses sobre los préstamos que le hagas; al contrario, muestra temor por tu Dios y acomoda a tu compatriota en casa. No le cargues interés al dinero que le prestes ni aumentes el precio de los alimentos que les des" {Levítico, capítulo 25, versículos 35 al 38); y "No exigirán de un compatriota que les pague interés por el préstamo que le hayan hecho, sea de dinero, de comestibles o de cualquier cosa de las que se prestan cobrando interés. Al extranjero podrán exigirle que les pague interés sobe un préstamo, pero no deberán hacerlo con un compatriota. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país que va a ocupar" (Deuteronomio, capítulo 23, versículos 19 al 20).

6. Edad Media

Paolo Greco relata que en esta época los numularii reaparecieron bajo el nombre de campsores o cambiatori, cuyos servicios eran de gran utilidad por las dificultades para el tránsito comercial y por la circulación monetaria que era caótica debido a las múltiples monedas existentes y a las alteraciones que éstas sufrían de manera frecuente. Los campsores empezaron a desarrollar sus actividades en las grandes ferias comerciales celebradas en el Mediterráneo y que tenían por objeto la compraventa e intercambio de artículos. Se instalaban haciendo uso de un banco y de una mesa en la que colocaban sus libros de registro, pesas y medidas y, cuando fracasaban en sus negocios, eran obligados a romper el banco sobre la mesa para que la gente se enterara de su situación y del riesgo que corrían si seguían operando con ellos. De esta práctica proviene la palabra "bancarrota". Luego, los campsores se asociaron entre sí y con las grandes casas comerciales y crearon los llamados "montes", palabra que significa masa, y que eran propiamente bancos. El más antiguo de ellos es el Monte Vecchio, fundado en Venecia en 1171.

En Venecia se dictó en 1270 una primera ley bancaria, que estableció la obligación de los banqueros de otorgar caución, les prohibió dedicarse a algunos comercios riesgosos y determinó una relación entre los préstamos privados y los que se concedían al gobierno.

Al Monte Vecchio le siguieron, entre otros, los siguientes bancos: en 1401, en Barcelona, el Taula di Canvi; en 1407, el Banco de Valencia; en 1409, en Genova, el Banco de San Jorge; en 1587, en Venecia, el Banco de Rialto; y, en 1609, el Banco de Amsterdam.

Finalmente, en 1694, se fundó el Banco de Inglaterra, dando lugar al nacimiento de la banca moderna, ya que su carácter de banco central fue adoptado en todo el mundo; además, a él se deben figuras, en su acepción actual, tales como el cheque, las letras de cambio, las obligaciones, las notas de caja, los pagarés y los billetes de banco.

IX. Antecedentes del crédito y la banca en México

1. Época precolonial e inicio de la actividad bancaria en nuestro país

No se registran antecedentes de la actividad bancaria en la época prehispánica, pero sí durante la Colonia. Además de los "pósitos", había cajas de comunidades indígenas que fracasaron porque las manejaban españoles. Una de las principales actividades bancarias, el crédito, lo ejercían principalmente los comerciantes, a la manera de los campsores europeos, así como las organizaciones eclesiásticas. Antes de la Independencia no existían instituciones bancarias, como tampoco existían en la mayor parte de los países europeos. "Si exceptuamos algunas tentativas oficiales para establecer bancos de crédito, no fueron conocidos, ni funcionaron con efectos útiles dichos establecimientos, sino hasta la implantación de una sucursal del Banco de Londres del que luego se hablará. Antes de esa época, apenas se conocieron conatos o embriones de bancos que, complicados en su origen y servicios con las fluctuaciones de los gobiernos, no llegaron a tener estabilidad."

2. El Banco de Avío de Minas

A fines de 1772, el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa manifestó al rey que para "corregir radical y cómodamente los nocivos abusos introducidos entre mineros y operarios, y precaver por consiguiente las recíprocas quejas que de ello resultaban", era urgente la formación de nuevas Ordenanzas Generales de Minería. Examinada esta instancia por el Consejo Supremo de las Indias, Carlos III, el 20 de julio de 1773, mandó que se redactasen. Más tarde, el 26 de septiembre de 1774, el propio Bucareli transmitió al monarca la solicitud de los mineros en el sentido de que se establecieran un Banco de Avíos y un Colegio de Metalurgia, contando para ello con el doble del derecho de señoreaje que pagaban sus metales. Estas bases sirvieron para crear la primera institución formal de crédito de Nueva España. En el título XVI de las Ordenanzas de Minería, expedidas en 1783, se consigna que todas las platas que entrasen a la Casa de Moneda o que se remitiesen en pasta a España por cuenta de particulares, debían contribuir con dos tercios de real para el fin de formar, conservar y aumentar el fondo total de la minería. La administración, el cobro y la custodia de estos caudales quedaban a cargo del Cuerpo de Minería, al que pertenecían, por medio de su Real Tribunal de México. Separado de estos caudales lo necesario para mantener el Tribunal y el Colegio, así como otros gastos extraordinarios, el sobrante y los sucesivos aumentos y productos se invertirían precisamente en avíos y gastos de laborío de las minas, estableciendo un Banco de platas, según las reglas que ahí mismo se daban. Martínez Sobral estima que el capital así constituido ascendió a 5 millones de pesos; y Alejandro de Humboldt calculó en 200 mil ducados sus rentas anuales.

Para la administración del Banco se nombró a un factor, al que se asignó un porcentaje de las utilidades o bien un sueldo fijo. El factor tuvo a su disposición los efectos y mercaderías de los avíos de minas y la parte del caudal necesaria para su corriente giro y movimiento, pues la masa gruesa de los caudales en monedas o en pastas de oro y plata quedaba en poder del Tribunal. El Real Tribunal, para calificar las solicitudes de avío, pedía a los dueños los títulos de propiedad y posesión o cualesquiera otras pruebas suficientes. Calificada la pretensión por buena y admisible, se trataban con el dueño las estipulaciones para suministrar los avíos y se otorgaba escritura ante el escribano de minería. Entre tanto, los fondos no fueron suficientes para habilitar todas las minas; se atendía al minero que más lo necesitase, sin otra preferencia que la utilidad previsible. En las minas habilitadas por el Banco se ponían interventores, que en compañía del dueño recibían y mantenían en su poder el dinero y efectos, en bodegas y arcas de dos llaves, interviniendo en todo a nombre del Banco, en tanto no se pagaran los avíos. Con el objeto de evitar un monopolio crediticio, la institución actuaba sin pretender privilegio alguno en perjuicio de aviadores particulares, quienes debían ser preferidos en igualdad de circunstancias, pues el Banco no debía tener otro objeto "que el de suplir su falta o escasez, y hacer constante y perpetuo el fomento de la minería en cuanto fuere posible".

Los mineros mexicanos, según informa Joaquín Velázquez de León, no podían por sí mismos costear los gastos que exigía la explotación de sus fundos y por ello estaban obligados a solicitar dinero a los aviadores y mercaderes de platas, a los cuales se refiere el título XI de las Ordenanzas de 1783, dando las disposiciones conducentes a evitar y a decidir las disputas. Estaban muy lejos de ser capitalistas, pues, según afirma Francisco Xavier Gamboa, no había doce de ellos que, como el marqués de Fagoaga y los opulentos condes de la Valenciana, San Mateo Valparaíso, Santa Rosa y Santiago de la Laguna, tuvieran caudal propio para el beneficio de sus yacimientos y haciendas de fundición. La inmensa mayoría se encontraba en una precaria condición, desprestigiados y faltos de crédito, ya que los grandes capitales acumulados por el clero no se aventuraban nunca en inversiones mineras. Los comerciantes sí realizaban operaciones con las minas de mayor garantía, proporcionando dinero y mercancías en las que llevaban por adelantado considerables ganancias, pero rara vez acudieron en ayuda de un minero en bancarrota, por más sólido que fuera su prestigio. Muchos mineros consumieron su vida y sus recursos en explotaciones poco remunerativas y llegaron incluso a la quiebra, viéndose obligados a trabajar sus minas "al partido", esto es, dividiéndose los minerales extraídos con los barreteros, o a abandonarlas del todo a los gambusinos.

La penuria y las vicisitudes que padecían los mineros los hicieron concebir grandes esperanzas en el Banco de Avío de Minas. Las operaciones principales que éste efectuaba eran el préstamo refaccionario, la admisión de capitales a rédito y la atención de las cuentas del Tribunal. El Banco tuvo apoyo de la Corona y los créditos a su favor gozaban de algún privilegio. Aunque no se conoce bien la distribución que se hizo de los fondos de avío, parece ser que estuvo mal dirigida. Para Humboldt, estos avíos se habían dado con más liberalidad que discernimiento. Un minero de Pachuca obtuvo de una vez 170 mil pesos; los accionistas de las minas de Temascaltepec recibieron 214 mil pesos; pero estos socorros nada produjeron. Por estos datos se advierte que se otorgaban avíos personales por un monto similar al del total de los ingresos anuales del Banco, con la agravante de que no se reponía a corto plazo el capital. El virrey Revillagigedo, en su Instrucción reservada de 1793, apunta que: "se ha presentado, pretendiendo avío en el Tribunal, el Conde de Regla: será regular que se le conceda, y su mina absorberá todo el caudal que pueda haber en el Tribunal en mucho tiempo, así como ha consumido todo el dinero y asombrosas existencias que dejó al actual conde su difunto padre. Así vendrá a suceder que un minero sólo disfrutará el caudal formado de las contribuciones de todos los del Reino, y quedará en pie el origen y raíz que fue del desarreglo y desorden del Tribunal".

Ernesto Lobato asegura que si no hubiera sido suficiente el desorden y el favoritismo en la distribución de los avíos, los apuros de la Corona contribuyeron a malograr la acción del Banco. El Tribunal, durante las últimas guerras contra Francia e Inglaterra, se vio forzado a hacer a la Corte de Madrid un don gratuito de 500 mil duros, y prestarle además otros 3 millones de la misma moneda, de los cuales quedaron sin pagar 1.4 millones. Para hacer frente a esos gastos extraordinarios, fue preciso acudir a empréstitos, y en 1804 la mitad de la renta del Tribunal se empleó en pagar los intereses de esos capitales, no obstante haberse aumentado el impuesto de señoreaje, hasta la amortización de las deudas, de 8 a 12 g por cada marca de plata. En tal estado de cosas el Tribunal no pudo ya adelantar caudales a los mineros, los cuales por falta de fondos se vieron impedidos de acometer empresas útiles. "El desempeño del Banco de Avío de Minas —añade el propio autor— no cumplió los objetivos señalados por las Ordenanzas de Minería. Su acción crediticia en favor de los mineros necesitados fue prácticamente nula. Después de algún tiempo de existencia dificultosa y desarreglada, fue entrando en decadencia hasta extinguirse en los primeros años del México independiente."

3. El Nacional Monte de Piedad

En 1767, el rey Carlos III solicitó la autorización para establecerlo, misma que le fue concedida por Real Cédula emitida en Aranjuez el 2 de junio de 1774. Fue la primera institución en nuestro país en emitir billetes, bajo el nombre de certificados de depósito. Pedro Romero de Terreros, conde de Regla y caballero de Calatrava, la fundó el 25 de febrero de 1775, mediante un donativo de 300 mil pesos y con el nombre de "Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas", donde "alcanza el pobre su alivio", según sus propias palabras. Por conducto de la Junta de Temporalidades, se le cedió la parte que ocupaba el Colegio de San Gregorio en el convento de San Pedro y San Pablo, en la actual calle de San Ildefonso, que había pertenecido a los jesuítas. El montepío entró en servicio con el doble propósito de prestar dinero con garantía prendaria (alhajas y ropa, inicialmente) y obtener a cambio limosnas voluntarias en el momento del desempeño, para sufragar ocho misas diarias "por el eterno descanso de las benditas ánimas del santo purgatorio". Al inicio de las actividades había en caja 40 mil pesos. Durante el primer año de operación, el Monte perdió 17,368 pesos, lo que obligó a fijar, el 11 de octubre de 1782, un interés fijo y obligatorio de medio real por cada peso prestado. Los tasadores podían prestar de 3 a 100 pesos; el director, de 101 a 2 mil; la Junta Particular hasta 3,999, y para sumas mayores la decisión correspondía a la Junta Superior. Estas juntas eran los órganos de gobierno: la Superior estaba formada por el virrey, el ministro togado (juez protector), el conde de Regla, el provisor del arzobispado, un canónigo o dignidad del Cabildo metropolitano a elección del virrey, el corregidor y el prior del Tribunal del Consulado; y la Particular por seis personas (ministros), cuatro de ellas empleados superiores de la institución (contador, tesorero, depositario y juez de sala de almoneda) y dos nombradas por el virrey. Romero de Terreros nunca ocupó la dirección del Monte, pero nombró para ese cargo a su cuñado Vicente Trebuesto.

El 6 de septiembre de 1818 el virrey Apodaca ordenó la desocupación del inmueble, argumentando cierta complicidad de algunos funcionarios con la insurgencia, pero su orden no fue cumplida sino hasta el 2 de abril de 1821, en virtud de que el rey Fernando VII había devuelto a los jesuítas sus viejas propiedades. La institución, entonces, se trasladó al antiguo convento de Santa Brígida, en la actual calle de San Juan de Letrán, entre las avenidas Juárez e Independencia. Las reuniones de la Junta Superior se suspendieron de 1815 a 1836, hasta que el presidente Anastasio Bustamante dispuso integrarla con personas designadas por su gobierno. Ese mismo año se le compraron al duque de Monteleone, heredero de Hernán Cortés, representado por Lucas Alamán, las Casas Viejas de Moctezuma, frente a la plazuela del Marqués, donde actualmente se encuentra la casa matriz. Al hacerse las adaptaciones, la capilla se instaló en el local que había ocupado la contaduría general del marquesado del Valle, pues era indispensable seguir diciendo las misas diarias, que en 1841 se redujeron a seis, cuando ya se debían cerca de 40 mil. Ahí siguió oficiándose hasta julio de 1926. Entre los tesoros que se guardan en esta capilla, hoy convertida en museo, hay dos cuadros de La Piedad, obra de José de Páez, fechados en 1775; ornamentos que datan de los siglos XVIII y XIX, matasellos, billetes emitidos en 1880 y los estatutos originales de la institución.

Las malas administraciones, los préstamos forzosos al gobierno, la situación política inestable y la precaria condición económica del país en la primera mitad del siglo XIX, produjeron algunos desajustes en las operaciones del Monte; pero una vez consolidado, sus finanzas llegaron a ser tan saludables que se le autorizó la emisión de billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1,000 pesos por un total de 3 millones en 1879, y 6 millones más en 1881. Esas emisiones recibieron el nombre de "certificados de depósito confidenciales". En ese último año, además, se abrieron las primeras sucursales foráneas en San Luis Potosí, Oaxaca y Puebla, aunque poco después se cerraron. La Caja de Ahorros fue también un instrumento de captación de fondos. En 1927 fue clausurada, se reabrió dos años después y fue la base para crear el Departamento Bancario, único de ese tipo en el país, que funcionó hasta 1948.

En 1927, por decreto presidencial, el Nacional Monte de Piedad, fue declarado institución de Beneficencia Privada, se suprimieron las Juntas y se nombró un patronato. En 1945 se creó el Departamento de Valuadores con el objeto de capacitar, entrenar y actualizar los conocimientos de quienes determinan el valor de los bienes a recibir en prenda.

Según los estatutos aprobados el 22 de julio de 1975 y protocolarizados el 5 de agosto siguiente, las funciones del Nacional Monte de Piedad son: otorgar préstamos con garantía prendaria sobre bienes que queden bajo su guarda y custodia, o en poder de los deudores o de terceros en los casos en que la Ley lo permita, y realizar obras asistenciales en favor de las clases económicamente débiles, dentro del territorio nacional. Para cumplir estas actividades, el Monte está autorizado a cobrar intereses sobre los préstamos que otorga y a poner a la venta en sus almonedas las prendas que los deudores no rescatan oportunamente y aquéllas que, por deseo expreso de los propietarios, deben ser vendidas; por ambas operaciones obtiene la comisión de venta correspondiente. Recibe, además, alhajas y otros bienes y valores en depósito, y realiza avalúos de bienes muebles.

4. El Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre

La penuria de los primeros gobiernos independientes los obligó a acuñar moneda de cobre de bajas denominaciones, para aprovechar la gran diferencia que existía entre su costo y su valor nominal. Pronto los particulares advirtieron las ventajas de este negocio y se dedicaron a falsificar moneda de cobre, a tal grado que las que se fabricaban con metales preciosos casi desaparecieron de la circulación y para obtenerlas era necesario pagar un premio cada vez más alto. Quienes se veían obligados a utilizar las monedas de cobre, sufrían los inconvenientes de éstas, tales como carecer de ley y de tipo de cambio para las demás monedas, sin contar con el excesivo peso, lo que hacía difícil utilizarlas aun en operaciones de escasa importancia. Las protestas populares arreciaron como consecuencia de que los jornales de 25 y 30 centavos, que se pagaban en monedas de cobre, perdían cada vez más su poder adquisitivo.

Para resolver este problema se decidió "amortizar dicha moneda, reemplazándola por otra más sana y en forma tal que los poseedores de la primera salieran indemnizados". La ley del 17 de enero de 1837, que estableció el Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre, suspendió su acuñación en todas las casas de moneda de la República y estableció que no podía fabricarse otra distinta de las de oro y plata, "sin expreso decreto del Congreso, que prefije su peso, tipo que haya de tener, y la cantidad que deba acuñarse". Las diversas clases de la sociedad elegirían a los directores del Banco, quienes no tendrían otra dependencia del gobierno que la de rendirle cuentas anuales de su administración. Como fondos se le adjudicaron: A) Todos los bienes raíces de propiedad nacional. B) Todos los créditos activos del erario vencidos hasta junio de 1836, con algunas excepciones. C) Los productos de la renta del tabaco (sin Yucatán). D) Los rendimientos en todo ese año de las contribuciones rural, urbana y de patentes en los departamentos de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que recaudaría el Banco y reintegraría al gobierno cuando se lo permitieran los demás ramos de sus fondos. E) La nueva moneda que se acuñara y todo el metal y materiales que resultaran inútiles al suspenderse la acuñación de la moneda de cobre. F) Todo el monto de las penas pecuniarias sobre monederos falsos. G) Los capitales que tomare a premio. H) El moderado premio que se estableciese para el cambio directo de la moneda de cobre. I) Lo que tocara al gobierno en la negociación de las minas de Fresnillo, y J) Otros arbitrios que al gobierno parecieren convenientes.

El Congreso nombraría al presidente de la Junta Directiva y autorizaría sólo las cédulas necesarias para amortizar la moneda de cobre existente y las de crédito por los capitales que sobre él se impusieren; podría abonar por dichas cédulas un rédito hasta de un 18% anual y quedaba autorizado para negociar un préstamo en el extranjero hasta por 4 millones de pesos. La moneda en poder del público debía recogerse y fundirse; y la nueva no sería alterada en su valor nominal ni en su curso, como moneda legal, para los pagos fiscales. Ninguna de estas disposiciones se cumplió durante el corto tiempo en que operó el Banco. Este empezó por rebajar el valor nominal de las monedas en perjuicio de sus tenedores y luego se convirtió en un instrumento para proporcionar recursos al Estado. En efecto, el 27 de enero de 1838 se le permitió contratar un préstamo de 6 millones de pesos, y el 16 de febrero de 1839 se dispuso que entregara al tesorero del Congreso el valor de los presupuestos aprobados para ambas Cámaras y sus respectivas oficinas, "sin desatender el principal objeto de su establecimiento". Esta carga adicional no logró compensarse con los exiguos ingresos de otras contribuciones y derechos que se le asignaron, impidiéndole por otra parte que atrajera el capital privado para reforzar su situación.

Para cubrir nuevas urgencias, por ley del 18 de febrero de 1839 se le facultó para que, con hipoteca de sus mismos fondos y de los que se le adicionaban, pudiera contratar con el clero un préstamo por 500 mil pesos, y en octubre del mismo año se le pidió promover otro de 800 mil pesos con el menor gravamen posible. Estas y otras manipulaciones similares causaron su rápido desprestigio y pronto llegó a ser para el gobierno un estorbo en vez de un instrumento provechoso. Se hizo necesaria entonces su liquidación. El presidente López de Santa Anna expidió un decreto el 6 de diciembre de 1841, cuyo primer artículo decía: "Al día siguiente de la publicación de este decreto en los lugares respectivos, cesarán en sus funciones el Banco

Nacional de Amortización y todos sus agentes, subagentes, apoderados o comisionados de cualquier clase que sean". El artículo noveno declaraba que: "se establece en la Tesorería General una sección denominada de Créditos Activos de la Hacienda Pública, Amortización de la Moneda de Cobre y Temporalidades..., que se ocupará del despacho de los negocios consiguientes al desempeño de las obligaciones que este decreto impone a la Tesorería, la que llenará las que por decreto y órdenes del Gobierno se habían fijado al Banco y queden pendientes por su extinción".

Por haber tenido una efímera vida de cinco años, algunos autores califican de reducida e intrascendente la actuación del Banco de que se trata; sin embargo, su importancia histórica estriba en que los abusos y errores en que incurrió el gobierno al pretender convertirlo en una fuente de ingresos para su particular provecho, arrojaron sobre la banca estatal un descrédito que se prolongó por varias décadas.

5. Época Independiente

La materia mercantil se consideró de jurisdicción local, de manera que cada Estado tenía facultad de fundar sus propios bancos de emisión. Al respecto, es de destacarse que Jacinto Pallares señala que "la iniciativa particular del capital extranjero iba a realizar lo que las leyes no pudieron hacer". Esto porque, como se verá, la mayoría de los bancos que surgieron en esta época se conformaron con capital extranjero.

6. Banco de Londres, México y Sudamérica

De conformidad con las disposiciones del Código de Comercio, el 22 de junio de 1864 se registraron la sociedad y los estatutos del que se considera el primer banco comercial mexicano, originalmente llamado London Bank of México and South-America, Limited. Era una sucursal de la matriz que operaba en Londres con un capital de 5 millones de libras esterlinas. En su establecimiento del número 3 de la calle de San Bernardo, en la ciudad de México, manejaba en su etapa inicial, según Tomás Mendoza, un capital suscrito de 1.5 millones de pesos. Como la institución comenzó sus actividades durante la época turbulenta de la Intervención Francesa, son muy escasas las noticias de sus primeras operaciones. Se sabe que en 1865 tenía 10 agencias foráneas, en las ciudades de Veracruz, Tampico, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelia, Matamoros, Puebla, Colima y Durango, y otras dos en La Habana y en la capital de Columbia Británica. Durante sus primeros 20 años no publicó balances ni informes, pero la opinión generalizada le concedía amplia confianza. Se considera que tuvo el mérito de introducir en el país el uso del billete de banco, difundir las ventajas de la organización del crédito a través de instituciones especializadas y demostrar a los capitales nacionales la forma práctica de dirigir la banca. Con el triunfo de la República sobre Maximiliano, estuvo a punto de perder la autorización para operar, pero logró acogerse a la ley de 20 de agosto de 1867, que revalidó las actuaciones judiciales del período imperial.

El nuevo Código de Comercio de 1884 señalaba que para el establecimiento de cualquier clase de banco se requería autorización del Gobierno Federal, y que ninguna sociedad bancaria y ningún particular establecidos en el extranjero podrían tener en el país sucursales o agencias para cambiar los billetes que emitiesen, cualquiera que fuera la forma de éstos. De aplicarse la ley en sus términos, el Banco de Londres, México y Sudamérica habría tenido que desaparecer, y por ello adoptó la actitud más conveniente a sus intereses y en forma deliberada dejó pasar el plazo de seis meses que el nuevo ordenamiento bancario le fijaba para su regularización. En enero de 1885, una vez cumplido dicho plazo, el gobierno le notificó que debía recoger sus billetes circulantes, y nombró para ese efecto un interventor. El Banco entonces acudió en demanda de amparo ante la justicia federal, alegando que la ley recientemente dictada sólo debía aplicarse a bancos de futura fundación, ya que no podía tener efectos retroactivos en el sentido de anular derechos preexistentes, como eran los suyos. Esta demanda abrió un debate de mucha trascendencia, en el que participaron los más destacados abogados. La controversia fue larga y enconada, pero tuvo que resolverse al margen de los ordenamientos jurídicos, mediante una transacción: el Banco retiró su demanda y, con el objeto de que pudiera regularizar su situación, se le permitió que adquiriese, por traspaso, la concesión del Banco de Empleados, según acuerdo con la Secretaría de Hacienda del 23 de agosto de 1886. Posteriormente, el 21 de agosto de 1889, se le otorgó el carácter exclusivo de banco de emisión y se sancionó un supuesto traspaso de la sucursal del London Bank of México and South-America a una nueva sociedad nacional, que desde entonces se denominó Banco de Londres y México, con lo cual dejó de ser una sucursal extranjera y se convirtió en banco mexicano.

Luis Pompo, en su libro México: 1876-1892, informa que el Banco, con un capital de 5 millones de pesos y con derecho a emitir billetes hasta por el duplo de la suma que tuviera en caja, en junio de 1892 tenía una circulación fiduciaria de 7.5 millones de pesos y una existencia en metálico de 4.4 millones de pesos. Por su parte, Antonio Peñafiel establece que las operaciones del Banco de Londres y México se incrementaron de 18.7 millones de pesos en 1893 a 99.2 millones de pesos en 1906.

El impacto de la Revolución de 1910 sobre la estabilidad del sistema bancario fue muy profundo, de manera que aunque el Banco repartió en 1913 más de un millón de pesos de supuestas utilidades, en julio de 1914 acordó que 5.15 millones de pesos de su fondo de previsión se aplicaran a las pérdidas del ejercicio anterior. La situación financiera se agravó cuando Victoriano Huerta, urgido de recursos para combatir el movimiento constitucionalista, obtuvo de los bancos un préstamo de 46.5 millones de pesos, de los que casi la mitad fue aportada por el Nacional y por el de Londres y México, los cuales accedieron a cambio de que se les autorizara emitir billetes por el triple de sus existencias en caja. Cuando Venustiano Carranza entró triunfante a la capital, en agosto de 1914, los bancos tenían varios días de permanecer cerrados y volvieron a reanudar sus actividades sólo hasta que el Ejecutivo declaró que las oficinas federales recibirían toda clase de billetes de los bancos de emisión, sin limitación alguna, en cuantos pagos se hicieran por contribuciones e impuestos. Para corregir la caótica situación bancaria, se creó en 1915 la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, encargada de examinar y calificar el estado financiero de los bancos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897. Por lo que se refiere al de Londres y México, la Comisión encontró que mientras sus existencias metálicas ascendían a 22.1 millones de pesos, los billetes en poder del público llegaban a la suma de 61.9 millones de pesos, y por ello le fue cancelada su concesión en 1916. Poco después, el 2 de octubre, el Consejo de Incautación se hizo cargo del banco, que no fue devuelto a sus propietarios hasta enero de 1921.

El l9 de julio de 1977 el Banco de Londres y México se fusionó a Financiera Aceptaciones, S.A., y a partir de la misma fecha se denominó Banca Serfin, S.A, lo que implica que esta institución es la decana de la banca privada mexicana.

7. Banco Nacional Mexicano

En 1881 un grupo de inversionistas franceses y mexicanos del Banco Franco-Egipcio fundó el Banco Nacional Mexicano, primero al que se autorizó a establecer sucursales y agencias en las principales ciudades del país, llegando a ser la institución bancaria del gobierno, ya que éste se comprometió a no aceptar pagos con billetes que no fueran de dicho banco y a manejar sus fondos con su intermediación. Al igual que el Banco Mercantil, Agrario e Hipotecario, tenía capacidad para emitir billetes. Ambas instituciones se fusionaron en 1884 para establecer el Banco Nacional de México.

8. Época revolucionaria

Durante el porfirismo se favoreció la creación de bancos privados, al dictarse, en marzo de 1897, la primera Ley General de Instituciones de Crédito, con el propósito de acabar con la anarquía y el desorden que en ese momento imperaba en materia financiera. También en esta época se propició la apertura de muchos bancos nuevos nacionales y locales, contándose entonces con 25 de emisión, tres hipotecarios y siete refaccionarios, de los cuales muy pocos sobrevivieron después de la Revolución Mexicana. Mientras duró ésta, se registró una de las peores crisis de la banca privada, originada principalmente porque los banqueros habían abusado de su prestigio y de la tolerancia del gobierno. Además, la lucha armada precipitó su quiebra. La aludida Ley fijó el procedimiento para constituir los bancos, sometió sus funciones a la vigilancia de la Secretaría de Hacienda y estableció tres categorías: A) Bancos de emisión; B) Hipotecarios, y C) Refaccionarios. Los primeros prosperaron más. Para 1903 se habían otorgado 24 concesiones y existían bancos en toda la República, con excepción de los estados de Colima y Tlaxcala. En 1907 llegó a su punto culminante el desarrollo de las instituciones bancarias, pues a partir de esa fecha comenzaron a decrecer debido a la organización de la propiedad en el régimen porfirista. La Revolución de 1910 provocó la decadencia total del sistema bancario. En 1913 la quiebra de algunas empresas industriales suscitó desconfianza en el público, que trató de convertir los billetes en dinero efectivo. De inmediato se interrumpió la devolución, pues los bancos no estaban en condiciones de reembolsar en metálico a sus depositantes. El presidente Huerta expidió un decreto que declaraba la inconvertibilidad de los billetes, reconociéndose de hecho el estado de quiebra en que se encontraban las instituciones de crédito.

9. Período de 1914 a 1941

Los revolucionarios reconocieron el valor que tiene la moneda en la integridad del Estado. Una moneda nacional, respaldada por las reservas del banco central, y una política cambiaría efectiva, contribuyen al poder del Estado. El control sobre el valor de la moneda también tiene consecuencias políticas. Tiene el potencial para jugar un papel estratégico en el control de la asignación del crédito, y, por tanto, del dinero y del poder nacional. La creación del Banco de México tiene por ello un significado especial dentro del proceso de estabilización económica y de reconstrucción política que se llevó a cabo durante la década de los veintes.

En 1913, Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, hizo publicar un discurso en el que presentó, para una vez restaurado el régimen constitucional, su programa de reorganización bancaria, en el que propuso: abolir los monopolios privados y la emisión por parte de los bancos particulares; establecer un banco único de emisión de control público directo; y cancelar las concesiones a los bancos privados no controlados por el Ejecutivo.

Obligados a distinguir entre billetes de múltiples emisiones, el jornalero y el obrero, el dependiente y el oficinista, conocieron en verano de 1914 la estrecha relación que existe entre el orden monetario y la autoridad política. La población trabajadora, incorporada a las relaciones del mercado, es dependiente del salario que percibe. Su vida cotidiana está regida por la capacidad de transformar su fuerza laboral en dinero y éste en mercancías que necesita para satisfacer sus necesidades y las de su familia. El Estado es la autoridad que, en última instancia, sanciona el valor del dinero. Y tanto el gobierno de Victoriano Huerta como el de los ejércitos constitucionalistas de Venustiano Carranza habían estado emitiendo papel moneda durante los últimos meses para financiar sus campañas militares, socavando con ello el contrato social en que se basa el curso de la moneda fiduciaria.

En 1914, se dio a conocer un decreto por el cual disminuyó, de 50% a 33% a que obligaba la Ley de 1897, la exigencia de garantía metálica a los bancos de emisión.

En 1915 no se advertían síntomas de vida comercial ni bancaria. El presidente Carranza promulgó un decreto dando a los bancos de emisión un plazo de 45 días para regularizar su situación operativa global en los términos de la Ley General de Instituciones de Crédito, fundamentalmente, en el sentido de probar que su emisión fiduciaria correspondía a los límites legales. Con ese motivo se creó la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, que tenía facultades de inspección, complementarias del referido decreto y que desapareció en 1916. La aludida Comisión encontró que de los 24 bancos emisores sólo nueve se ajustaban a la ley; por lo que, a los restantes, se les canceló la concesión. Para proceder a la liquidación de los bancos emisores, la Secretaría de Hacienda nombró un Consejo de Incautación en cada uno de ellos. La incautación duró de 1916 a 1921, suspendiéndose entre tanto el crédito bancario.

El 3 de abril de 1916, el gobierno constitucionalista creó la Comisión Monetaria, primer antecedente del Banco de México, la cual funcionó hasta 1925 en que fue sustituida por este último, y absorbió las funciones de la antigua Comisión de Cambio y Moneda, establecida en 1905.

En enero de 1921, en virtud del "Decreto de Devolución a sus legítimos Representantes, de los Bancos y los Bienes Incautados", expedido por el presidente Obregón, los bancos incautados fueron devueltos a sus propietarios. Los que estaban en condiciones económicas aceptables continuaron funcionando y a los demás se les dio un plazo razonable para realizar su liquidación definitiva. En dicho decreto se hace una triple clasificación de los bancos: los que tuvieran un activo superior al pasivo en 10%, podrían continuar operando, pero sin emitir; los que tuvieran un activo superior al pasivo, pero en menos de 10%, podrían operar sólo para terminar su liquidación; y los que tuvieran un pasivo mayor al activo, deberían consignarse a la autoridad hacendaría para ser liquidados. Es decir, se reinstaló incipientemente el sistema bancario, y como la Ley de 1897 había sido derogada, su operación institucional se confió a la costumbre bancaria y a circulares de contenido específico, emitidas por el Gobierno Federal.

En 1924, para regular adecuadamente la actividad bancada conforme al nuevo marco constitucional, se publicó la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, en la que se prevé la creación de una Comisión Nacional Bancaria y se enuncian algunas de las facultades de la misma.

En 1925 se fundó el Banco de México, Sociedad Anónima, e inició sus funciones la Comisión Nacional Bancaria.

En 1926 se dio a conocer la primera Ley de Establecimientos de Fideicomiso, así como la segunda Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, misma que contemplaba a las Cajas de Ahorro, las Compañías de Fianzas y los Almacenes Generales de Depósito. También en dicho año se publicaron la Ley de Crédito Agrícola —que preveía la creación de sociedades regionales y locales de crédito agrícola— y la Ley de Bancos Ejidales Agrícolas —cuyo objeto, como su nombre sugiere, era promover actividades ejidales de cualquier tipo, por medio del crédito—, y se creó el primer banco de participación estatal plena, a saber, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, Sociedad Anónima.

En 1932 se publicó la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en la que se incluyen los entes fiduciarios, al considerárseles instituciones de esa índole, y se deroga la Ley de Establecimientos de Fideicomiso. Igualmente se crean, como instituciones nominales, las llamadas nacionales de crédito, que serían denominadas "paraestatales" por tener una participación mayoritaria o total del gobierno. Este año se modificó de manera drástica la Ley Orgánica del Banco de México, Sociedad Anónima, dando lugar a que dicha entidad se convirtiera en una banca central típica. Finalmente, en el año de que se trata se publicó la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la que se organiza el fideicomiso por primera vez, de manera sustantiva, en México. Más tarde, con los importantes movimientos de 1982, esta ley se convertiría en cuasi-bancaria, porque las Leyes Reglamentarias del Servicio Público de Banca y Crédito de 1982 y 1985 y la LIC de 1990, así como múltiples leyes orgánicas de bancos de desarrollo, la erigieron en su ley supletoria por excelencia. Así, al volverse por completo administrativo, el Derecho Bancario carecía de reglas específicas acerca de los contratos y su operatividad.

En 1935 se publicó el Reglamento de Inspección, Vigilancia y Contabilidad de las Instituciones de Crédito.

Y en 1936 se emitió la segunda Ley Orgánica del Banco de México, por medio de la cual dicha institución se consolidó como una banca central moderna.

10. Período de 1941 a 1982

En 1941 se publicó la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que fue el sustento del hacer crediticio por más de cuarenta años. En su articulo 1B transitorio se declaró inaplicable el derecho civil a la materia bancada. Quedaron previstos, como los únicos seis tipos y subtipos de establecimientos bancarios, los bancos de depósito, los de ahorro, los de fideicomiso, los de capitalización, las financieras y las hipotecarias. Esta Ley se ocupó, igualmente, de organizar las facultades de la Comisión Nacional Bancaria.

En 1946 se modificó la Ley Orgánica del Banco de México, Sociedad Anónima, y se hizo obligatorio para los bancos depositar, en el Banco de México, el 33% para los localizados fuera del Distrito Federal, y el 50% para los localizados en éste, de todos los depósitos que recibieran por motivo de la operación de su especialidad.

En 1947 se creó el Patronato del Ahorro Nacional, institución destinada, exclusivamente, a la promoción del ahorro nacional, y facultada para emitir títulos de crédito denominados bonos del ahorro nacional.

En 1953 se publicó el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

En 1960, México se encontraba a la mitad plena de su modelo proteccionista de sustitución de importaciones, el cual se había iniciado desde 1944, con la Comisión Nacional de Inversiones y que culminó, en 1965, en la materia bancaria, y en 1973, en toda la economía, con la mexicanización de las empresas constituidas en México, mediante la prohibición a los extranjeros, relativa a que no pueden poseer en ellas capital o control por más del 49% —y del 0% en bancos—. Situación que, según se verá, en mayo de 1989 se revirtió y anuló con el Reglamento de Inversiones Extranjeras.

En 1965 se reformó el artículo 8a de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941, en el sentido de mexicanizar a los bancos privados, prohibiendo que personas físicas o morales extranjeras tuviesen participación, directa o indirecta, en su administración o capital. Este es uno de los motivos por los que algunos denominaron estatización y no nacionalización al movimiento expropiatorio de 1982.

En 1967 se giró a los bancos, mediante circular, el Reglamento de Tarjetas de Crédito Bancarias, que se puede considerar el primer dispositivo en México destinado a regular las actividades bancarias automatizadas o computarizadas.

En 1970 se modificó y adicionó el artículo 99 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941, en el sentido de permitir la creación, en demérito del criterio de especialidad fuertemente arraigado en México hasta esas fechas, de grupos financieros; ello, siempre que pudieran garantizar ante la SHCP, con un fondo común correspondiente al 10% de las utilidades consolidadas de cada grupo, el cumplimiento del convenio concesional que se firmara entre ellos. Este puede considerarse el antecedente más claro, primero, de la banca múltiple y, segundo, de las actuales agrupaciones financieras.

En 1971 se institucionalizó el fideicomiso como el apoyo estructural a las actividades de promoción industrial a favor de todo el público, y no de sectores geográficos, sociales o económicos determinados, al publicarse el Decreto de Fideicomisos Turísticos en Zonas Prohibidas.

En 1975, como una clara erradicación del criterio de especialidad, se permite por vez primera la fusión de los bancos pertenecientes a un grupo financiero y se publicó el decreto que autoriza la fusión destinada a crear, en el fusionante, una banca múltiple.

En 1976 se emitieron las Reglas para el Establecimiento y Operación de Bancas Múltiples.

En 1978 se reformó la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941, mediante la incorporación de un capítulo relativo a las bancas múltiples.

Y en 1981 se publicó un segundo reglamento para el funcionamiento y operación de las tarjetas de crédito bancarias.

11. Período de 1982 a 1990

El 1Q de septiembre de 1982, el entonces presidente de la república, José López Portillo, se presentó ante la Asamblea Legislativa a rendir su VI Informe Presidencial, tal como lo establece la CPEUM. Había expectativa sobre lo que iba a decir en su último informe, ya que la situación económica por la que atravesaba el país no le permitía, como en ocasiones anteriores, hablar en tono triunfalista. Tres horas doce minutos después de haber comenzado a leer su informe, anunció la nacionalización de la Banca Privada y el control generalizado de cambios. Casi la totalidad de los asistentes, en su mayoría del sector público, se pusieron de pie y aplaudieren largamente la decisión presidencial de estatizar la banca privada. Al otro día, miles de burócratas y obreros pertenecientes a sindicatos oficialistas, fueron "invitados" a solidarizarse con la medida y acudieron "voluntariamente" al Zócalo de la ciudad de México. En los periódicos, decenas de desplegados, pagados en su mayoría con dinero del erario público, manifestaron su apoyo a la estatización de la banca. En general, todo pareció ser favorable a la medida. El presidente había logrado, debido a dichos decretos, que los sectores de izquierda, minoritarios pero bien organizados, mostraran adhesión a su gobierno.

El ls de septiembre de dicho año ocurrió que, más bien que informar, el presidente notificó al Congreso allí reunido de la existencia de dos nuevos decretos, expedidos por el propio funcionario precisamente "en ese primer día de septiembre de mil novecientos ochenta y dos" y publicados en el Diario Oficial de la misma fecha, punto de partida para entrar en vigor. Si los decretos hubieran sido expedidos la víspera, podrían haber ocupado su sitio, con todo derecho, en el informe presidencial del día siguiente. Pero la ocasión era propicia para escenificar, como remate del informe, la comunicación al Congreso y al país de la sensacional e imprevisible noticia que los decretos significaban.

El decreto que expropió la banca privada y estableció su "nacionalización", otorgó al Estado el monopolio del servicio público de banca y crédito, modificó el régimen societario de los bancos de Sociedades Anónimas —funcionaban como tales desde 1897— a Sociedades Nacionales de Crédito; desapareció el voto de sus socios y luego las asambleas y los consejos de administración; y, finalmente, dentro de muchos otros cambios, modificó la estructura del banco central de sociedad anónima estatal a organismo descentralizado. Probablemente, aún más que en 1916, en el que los avatares propios de una revolución hacen comprensibles tanto el fondo como la forma de los cambios operados entonces —que además acabaron por retrotraerse en gran medida a su situación original—, a partir de 1982, en materia de banca, es necesario hablar de un antes y de un después. La ausencia de la lógica política, la violencia esgrimida en el anuncio público, la inconstitucionalidad de los decretos, la ausencia de beneficios evidentes desde el punto de vista de la clientela y la desconfianza que motivó en la inversión extranjera, fueron irregularidades difíciles de dilucidar. Cabe decir que algunas de ellas fueron impugnadas por los particulares en juicios de amparo, cuyos resultados se desvanecieron en los acuerdos de indemnización, pero, fundamentalmente, en la arrolladura maquinaria administrativa que con rapidez y emergencia evitó la pérdida de control, consiguiendo continuidad en la operación del crédito, así como un nuevo estado de cosas eficiente, con relación al anterior. Como quiera, la banca mexicana se convirtió a partir de entonces —cinco años después de que sucediera lo mismo en Francia— en una actividad exclusiva del Estado, pero no mediante una compra —caso de las industrias eléctrica y azufrera— sino de una expropiación, es decir, mediante la fuerza de voluntad de imperio de un Estado.

La expropiación es un acto de pleno imperio, de autoridad soberana, ante el cual no hay negociación, por lo que la única voluntad que participa es la del pueblo, a través de sus órganos de representación. La compraventa (por ejemplo, la que hace el gobierno de una empresa propiedad de particulares) es un acto de naturaleza y características privadas, en el que participan dos voluntades, aun la del Estado, con la misma intensidad; en tanto que, por su parte, la nacionalización es un acto en virtud del cual un sector económico, un sector geográfico o una empresa, pasa a ser por disposición de ley, con carácter excluyente, de los nacionales, es decir, de los mexicanos; así pues, en este sentido, nacionalización y mexicanización sí son sinónimos. Y la estatización es un acto de Estado por el que un sector o una empresa pasan a ser exclusivamente de este último, cualquiera que sea la vía seleccionada (una expropiación, una compraventa o una disposición de ley).

Por tanto, la expropiación, la compraventa o la disposición de ley son tres formas con las cuales las cosas cambian, son los medios; y la nacionalización o la estatización son su consecuencia. El caso de la banca en 1982, se ubica en el primero de los medios (expropiación) y en la segunda de las consecuencias (estatización), ya que, por una parte, el acto de cambio fue de imperio y, por tanto, unilateral; y por otra, porque, desde la modificación del artículo 5a de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941, en 1965 la banca ya estaba nacionalizada, pues, como ya se dijo, se convirtió en un negocio exclusivo de los mexicanos, siendo que en 1982 dejó de ser de los mexicanos para convertirse en exclusiva del Estado. Así pues, el término "nacionalización de la banca privada" está mal empleado, porque lo que se realizó fue la estatización, por medio de la expropiación, de una banca que ya estaba nacionalizada.

El decreto expropiatorio de septiembre de 1982, con siete artículos, dos transitorios y once considerandos, fue fuertemente criticado por diferentes foros y doctrinas, debido a la deficiente estructura constitucional que, sin embargo, no fue suficiente para suponer que las cosas pudieran volver a su estado anterior. En efecto, algunos de sus puntos más criticados fueron los siguientes:

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