Resumen La Responsabilidad Social Corporativa (rsc) puede entenderse como la integración voluntaria, por parte de las organizaciones, sobre todo empresariales,






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XI Congreso Español de Sociología, «Crisis y cambio: propuestas desde la sociología», Madrid, 10, 11 y 12 de julio de 2013,
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA FRENTE A LA CRISIS

Juli Antoni Aguado i Hernàndez,

Departament de Sociología i Antropologia Social, Universitat de València

juli.aguado@uv.es
Resumen

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) puede entenderse como la integración voluntaria, por parte de las organizaciones, sobre todo empresariales, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus actividades y en sus relaciones con todos sus interlocutores, yendo más allá del cumplimiento de las obligaciones jurídicas, invirtiendo más en las personas, el entorno y las relaciones con los grupos de interés.

Tras unos años de incremento en la implantación de las políticas de RSC en diferentes organizaciones empresariales y de aumento de su relevancia debido, en gran parte, a las crecientes demandas sociales, con la llegada de la crisis económico-financiera actual, diversos indicadores muestran como la RSC también ha sido víctima de la crisis, experimentando un descenso en su implementación.

Sin embargo, pese a esta situación, consideramos que puede ser una herramienta entre otras que, aunque con un alcance limitado frente a una crisis global y estructural, puede coadyuvar en la aportación de soluciones a la misma o a evitar sus efectos más traumáticos en la medida de lo posible, dado que incide sobre todo en los ámbitos de la participación, la transparencia en la gestión y hacia los grupos de interés, la gestión responsable de los recursos humanos, la incorporación de los objetivos de los trabajadores en los de la entidad, las alternativas al despido, el respeto al medio ambiente, etc.

En definitiva, la RSC puede contribuir, entre otras cosas, a que las organizaciones se enfrenten al reto de asumir su cuota de responsabilidad a través de prácticas más honestas que generen y mantengan la confianza hacia el interior y el exterior de las empresas desde una perspectiva ética; a saber adaptarse cuando es necesario mediante el diálogo con sus interlocutores, que son los que le otorgan la legitimidad para operar en la economía de mercado; a proporcionar un valor añadido que mejore la reputación de la empresa y sus ventajas competitivas duraderas, incrementando su eficiencia así como su viabilidad a largo plazo, poniendo de manifiesto que el desarrollo económico debe ir acompañado de mejoras para el conjunto de la sociedad en las que están inmersas las empresas.

Todo ello, siempre que la RSC se incorpore en una toma de decisiones basada en la sostenibilidad de todas las partes de la cadena de valor de las organizaciones desde un planteamiento estratégico y no como mero instrumento cortoplacista de marketing o de imagen corporativa.
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, crisis
1. Introducción
La crisis económico-financiera que experimentamos en la actualidad está ocasionando efectos de gran trascendencia como el fuerte incremento de la desocupación y el recorte del gasto social en políticas activas de empleo y de desarrollo local, precisamente en un momento esencial para una actuación pública en la materia con medidas precisas y apropiadas para contrarrestar los impactos de la crisis.

Con la gran depresión también se han abierto interrogantes sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), sobre si tiene futuro o si lo tiene tal como está ahora, si se percibe como un derroche de recursos o como un inversión sostenible de futuro, si en momentos excepcionales como estos se sigue manteniendo la teorización sobre la misma pero no ocurre lo mismo con su práctica, si con la crisis se afianzará o se debilitará, etc. Por consiguiente, siempre que la RSC no quede arrinconada por la gran depresión y las prioridades inmediatas de las empresas por su superveniencia, es un buen momento para evaluar los esfuerzos, la relevancia, las limitaciones y la sostenibilidad de los enfoques de la misma implantados en los años de «bonanza» por las empresas, para deliberar sobre los fallos cometidos y para observar el impacto de la crisis en su implementación.1

De hecho, la situación actual, asentada en la económica real, al cambiar el contexto global y el papel de los negocios, las administraciones públicas y otros agentes sociales (CERSE, 2011), puede convertirse en una ocasión propicia para el cambio, para buscar nuevos caminos en el funcionamiento y la gestión de las organizaciones. Aunque no pueda hablarse de un nuevo paradigma empresarial, económico y social, la implantación de la RSC podría facilitar un cambio de modelo2 en el que se tenga en cuenta, como afirma la Comisión Europea: «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad» (CE, 2011: 7). Y ello, porque entre las causas de la crisis destacan las conductas irresponsables, la falta de ética y otros comportamientos (vid. Argandoña, 2009; Puerta, 2012), además de los equívocos en las políticas aplicadas frente a esta realidad.

Sobre esta base, el objetivo del presente trabajo es examinar cómo la RSC, en tanto modelo de gestión, de inversión y de comportamiento de las organizaciones, puede ser un instrumento entre otros que, aunque con un alcance limitado, pueda ser eficaz en la aportación de soluciones a la crisis, o a evitar sus efectos más traumáticos en la medida de lo posible, al facilitar la colaboración entre empresas, administraciones públicas y la sociedad en la búsqueda de alternativas para un crecimiento económico diferente al que ha provocado esta dramática situación.

Pero no todos los enfoques de la RSC implantados reflejan una implicación de las empresas en la búsqueda de alternativas, pues discrepan no sólo en el tipo de responsabilidad propuesta sino en su concepto de la sociedad y de los actores de la misma, que no la favorecen (Argandoña, 2009; Villasante, 2011). Lo fundamental es que la perspectiva que tome la RSC deje a un lado ciertos caminos pre-crisis (meramente instrumentales) y reinicie su viaje post-crisis desde otros puntos de vista (Rodríguez Fernández, 2012), como el integrador, por ejemplo, rindiendo cuentas a sus skateholders y a la sociedad de forma transparente (Aguadero, 2010) o el estratégico, convirtiéndose en un dispositivo para concertar intereses de los distintos agentes hacia un mayor y mejor desarrollo económico.

Para la realización del trabajo se han revisado los fundamentos teóricos y las diferentes perspectivas de la RSC, y se ha recopilado información actualizada de estudios sobre la temática de diferentes fuentes, así como referencias normativas o institucionales recientes.3 Esto ha permitido orientar el tema de estudio en una situación de incerteza como la actual y congelar el azar, dando así forma al —construyendo un mapa del— medio (Ibáñez, 1994), para comprender las interrelaciones entre RSC y crisis. Todo ello, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha progresado mucho en la base teórica de la RSC (Ancos, 2011), aunque sigue quedando mucho camino por recorrer,4 sobre todo, en su práctica de una forma seria, no oportunista (González Muntadas, 2013), en la que cada empresa encontrará su camino.

Para avanzar en el objetivo del trabajo, se delimitan la crisis, sus causas y sus consecuencias en relación con los factores impulsores de la RSC y su situación actual. Posteriormente, se revisan los diferentes enfoques de la misma para finalizar con sus aportaciones frente a la depresión, como las alternativas a los despidos por reestructuraciones empresariales y los papeles de los diferentes agentes (AAPP, PYMEs, etc.) en esta labor.

2. La crisis y la responsabilidad social corporativa
La crisis internacional que vivimos no es una variación cíclica más de la economía, sino un desequilibrio «global» que ha afectado, en mayor o menor grado, a todo el mundo y a todos los sectores (Torres, 2007). Se inició como financiera pero ha desembocado en una recesión económica, afectando a la economía real, sobre todo tras explotar la burbuja inmobiliaria —anterior en el tiempo (Navarro et al., 2011)—, y de la deuda, especialmente en los países europeos de la periferia (vid. Cordero, 2010b; De la Cuesta y Paredes, 2012). También es una depresión «sistémica», resultado de una profunda crisis del modelo de desarrollo capitalista de las últimas décadas.5 Comenzó en los errores del sistema (ineficiencias, injusticias e irracionalidades), superando los terrenos estrictamente financieros, económicos, laborales o sociales, para impactar en su gobernabilidad, legitimidad y sostenibilidad (Cordero, 2010a). Igualmente se ha definido como «civilizatoria», «societaria» o «estructural», pues desde los años noventa, tras la «victoria» del capitalismo en la Guerra Fría, se desarrolla un crecimiento que ha generado grandes desigualdades, hambre, pobreza, deterioro medioambiental, etc. (Villasante, 2011; Piqueras, 2012).

Por otra parte, una de las definiciones más consensuadas6 de la responsabilidad social corporativa es la del Libro Verde de la Comisión Europea que informa de su carácter voluntario y entiende por tal:

la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con todos sus interlocutores, yendo más allá de su cumplimiento [de las obligaciones jurídicas] invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. (CCE, 2001: 7, puntos 20 y 21).
Recientemente, la Comisión ha presentado una nueva definición de la RSC: «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad» (CE, 2011: 7), incorporando así, expresamente, la responsabilidad empresarial por su «incidencia» sobre las comunidades.7
2.1. El nuevo modelo de empresa con licencia social para actuar
Tal como plantean Porter y Kramer (2006), sociedad y negocios no tienen por qué ser rivales sino todo lo contrario. Existe una relación de reciprocidad entre las comunidades territoriales y las empresas que conlleva oportunidades que benefician a ambos mutuamente; es decir, la RSC presenta un beneficio significativo para el negocio que también aporta valor para la sociedad.8 Lo que Porter y Kramer denominan valor compartido.9 Las firmas no son entidades ajenas a la sociedad, ni sus impactos políticos y sociales pueden gestionarse de forma aislada (Carneiro, 2004), y más ahora con su progresiva importancia en la conformación de la sociedad (Jáuregui, 2009) y el enorme poder que han adquirido (Navarro García, 2008).

Las empresas son portadoras de valores y creadoras de comportamientos que las relacionan con sus interlocutores mediante interacciones de confianza de utilidad social (Carneiro, 2004). Su razón no es sólo obtener beneficios o lucrase. Tienen fines y funciones sociales que consisten en proporcionar los bienes o servicios que demanda la sociedad (clientes, proveedores, comunidad local, etc.) a través de determinadas actividades cooperativas (capital económico, humano, etc.) para conseguir resultados conjuntos de la forma más eficiente, generando riqueza y empleo, cumpliendo con la legislación vigente. Todo ello, fundado en la promoción o, al menos, en el respeto a los Derechos Humanos.10

Lo antedicho implica una evolución desde un concepto de empresa «explotadora» hacia otra «responsable» de sus impactos. No es un simple cambio en la gestión sino de un nuevo rol, en el que la legítima búsqueda de beneficios en sentido amplio no se realiza a toda costa sino teniendo en cuenta al resto de agentes interesados, más allá de los clásicos socios-accionistas-clientes, en la búsqueda de la sostenibilidad futura de la organización. Un modelo que puede resultar beneficioso para el negocio y, también, para la sociedad, en el marco ya ampliamente reconocido del desarrollo sostenible; es decir, una «empresa ciudadana». Este comportamiento ético y sustentable, en definitiva, responsable e implicado con la sociedad en la que actúan, es el que le concede, por parte de los stakeholders, su legitimidad y su «licencia social» para operar en el mercado, equilibrando así los privilegios de su situación como principal agente económico con sus compromisos con la sociedad y el medio ambiente.11
3. Los factores impulsores de la RSC y la crisis
Antes de continuar, hay que aclarar el porqué de la RSC, los factores y motivaciones que conducen a asumir los compromisos en la materia.12 De hecho, muchos de ellos coinciden con los impactos de las empresas y sus operaciones que están en el origen de estas crisis (Cordero, 2010b). Por ejemplo, comportamientos conscientemente irresponsables, inmorales, imprudentes, falta de competencia profesional, mal gobierno de las organizaciones, disparates, abusos y estafas de numerosos actores del sector financiero y de los negocios, etc. Estos agentes, obedeciendo a la codicia «inducida» (abundancia de liquidez, tipos de interés bajos, innovaciones financieras, rápido incremento del precio de los activos, etc.), buscan el beneficio propio a corto plazo13 y terminan generando opacidad e, incluso, fraudes y corrupción, al premiar estas malas praxis y pervertir el legítimo derecho al lucro (Argandoña, 2009). Ello, sin olvidar que la crisis actual se caracteriza por la pérdida de confianza y credibilidad en la integridad de las empresas y su falta de responsabilidad (Carneiro, 2004; Fernández Daza, 2011).

En primer lugar, entre las motivaciones para implantar la RSC destaca la globalización de la economía que obliga a las empresas diseñar nuevas estrategias para ser más competitivas y productivas (Fernández Daza, 2011) y demanda unas conductas cada vez más responsables de las mismas (Requejo, 2008). Precisamente, entre los determinantes de la crisis también destaca la globalización financiera, inseparable de la lógica especulativa del sector FIRE,14 vigente desde los años 80 (Cordero, 2010b; Fontana, 2012), que tiene como consecuencia la desindustrialización de la economía y la deslocalización a países en desarrollo.15 Esta mundialización financiera ha permitido la propagación de sus efectos tóxicos —títulos hipotecarios «basura» (subprime)— desde sus inicios en Estados Unidos, a los sistemas financieros de casi todos los países del mundo desarrollado originando, al mismo tiempo, una crisis hipotecaria y otra financiera y de liquidez (Torres, 2007).

En la adopción de la RSC han sido importantes, asimismo, las nuevas tecnologías —que también están entre las causas de la crisis (Villasante, 2011)— que permiten el acceso a la información y a la formación de la población y facilitan la visibilidad de las prácticas de las empresas, sus «irresponsabilidades sociales», sus impactos medioambientales, etc. y obligan al ejercicio de la transparencia.16

En la instauración de la RSC han tenido mucho que ver, igualmente, los casos de explotación, prácticas laborales abusivas y trasgresión de derechos humanos, los nuevos valores sociales y el aumento de la preocupación ciudadana en aspectos medioambientales. También han habido graves escándalos financieros y de ingeniería contable y múltiples embrollos urbanísticos, cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, entidades financieras saliendo inmunes a su mala gestión de los recursos públicos o acuerdos para ocultar los incrementos de precios.17 En el terreno de las desvergüenzas, los grandes capitales están consiguiendo ingentes beneficios por los elevados rendimientos que obtienen de los países europeos más castigados por la crisis como España.18 A lo que hay que añadir las estrategias de «elusión fiscal», derivando importantes cantidades de dinero a «paraísos fiscales», donde apenas pagan impuestos, junto con el descenso de sus aportaciones al sostén del Estado mediante la negociación de recortes de impuestos y exenciones particulares19 y el silencio de las compañías financieras y, consecuentemente, la falta de transparencia y ética (Fund. Alternativas, 2009; Gómez y Ucieda, 2013).

Todo ello, acompañado de la socialización de las perdidas y de los rescates multimillonarios con recursos públicos de las grandes compañías privadas con ánimo de lucro, lo que equivale a utilizar la deuda pública para financiar intereses particulares, convirtiendo la situación en una crisis de las finanzas públicas (Cordero, 2010b). Y, también, de la serie de privatizaciones iniciadas en los años 70 que culminan ahora sustituyendo la inversión pública por gestiones concertadas con compañías que generan beneficios con la prestación de servicios que cubren necesidades, incluso básicas, de los ciudadanos. Esto plantea la cuestión de si la rentabilidad económica y los intereses de los accionistas pueden gobernar las actividades públicas fundamentales y pone de manifiesto la influencia política de los grandes empresarios. De hecho, no se hace un esfuerzo equivalente por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro o por remediar la situación de los ciudadanos que pierden sus hogares al no poder seguir pagando las hipotecas.20

Entre los factores impulsores de la RSC no pueden olvidarse los sobresueldos millonarios, los bonus o las opciones sobre acciones (stock options) —una variante del self-dealing21— de los directivos y ejecutivos de las grandes compañías, una de las causas de la crisis y una de sus consecuencias, incluso de empresas en las que caen los beneficios y son rescatadas con dinero público, mientras se incrementan los efectos de la crisis —paro, EREs, desahucios, etc.— y las desigualdades sociales.22

Toda esta relación de despropósitos, y muchos otros, han tenido un importante impacto en la opinión pública, provocado un aumento de la desconfianza de los ciudadanos hacia las empresas y una exigencia de mayor transparencia sobre sus actuaciones. En consecuencia, muestran —más allá de su inmoralidad o ilegalidad— su incompetencia (Argandoña, 2009) y ayudan a entender porqué muchas compañías pretenden relegitimarse socialmente, coadyuvando con ello a colocar a la RSC en los debates y las diferentes agendas públicas.23

En este sentido, uno de los factores que han contribuido a la implantación de la RSC en los negocios, sobre todo de sectores «sensibles» —alimentación, textil, etc.—, han sido las protestas y denuncias de la sociedad civil, más o menos organizada, incluidos los consumidores y usuarios, que demandan «otra forma de hacer las cosas», como el movimiento alterglobal en el tránsito del siglo XX al XXI o los más recientes, relacionados con las causas, efectos y políticas implementadas ante la crisis, como el 15-M o los Occupy. Estas protestas ponen de manifiesto que las empresas no son ajenas a su entorno ni a la sociedad sino que tienen una función social, y plantean la necesidad de nuevos equilibrios entre los grupos de interés.24

Pero también encontramos razones económicas o empresariales en la implicación de las compañías con la RSC que hacen que se les demande responsabilizarse de sus costes sociales, sobre todo, cuando derivan de sus propias ineficiencias (Carneiro, 2004). Entre estas motivaciones pueden destacarse las limitaciones de la productividad e innovación en Europa y las nuevas iniciativas de negocio con valores distintos a los tradicionales, por ética de los negocios, por criterios de rentabilidad y eficiencia, para mejorar su reputación o su marca, para anticiparse o distinguirse de sus competidores, para gestionar mejor sus riesgos o por el auge de los criterios sociales como referencia para las inversiones.25

Todo ello implica un cuestionamiento de la mentalidad de gestión empresarial por parte de la sociedad, junto con importantes objeciones al propio del sistema democrático, y pone de manifiesto que son exiguas las políticas anticrisis que se están implementando en España que puedan ser consideradas de acuerdo con el punto de vista de la RSC (Cordero, 2010a). Pero ¿ha afectado la crisis a la implantación de la RSC?
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