Circulo de Empresarios Vascos, Asociación Valenciana de Empresarios, Círculo de Economía, Círculo de Economía de Mallorca, Círculo de Empresarios, Círculo de Empresarios de Galicia, Observatorio Económico de Andalucía






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fecha de publicación22.06.2015
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IV ENCUENTRO ECONOMÍA Y SOCIEDAD

BILBAO, 29 DE JUNIO DE 2009
DECLARACIÓN CONJUNTA

Circulo de Empresarios Vascos, Asociación Valenciana de Empresarios, Círculo de Economía, Círculo de Economía de Mallorca, Círculo de Empresarios, Círculo de Empresarios de Galicia, Observatorio Económico de Andalucía

La crisis financiera internacional y el período de recesión a que ha dado lugar han acabado con una larga etapa de crecimiento y bienestar generalizado en nuestro país. Pero, junto al radical cuestionamiento del modelo de desarrollo vigente durante los últimos años del pasado siglo y los primeros de éste en España, también han puesto en evidencia las fallas, carencias, límites y riesgos que presentan tanto los mercados, como las instituciones públicas y la propia sociedad. El propósito de este documento es suscitar precisamente una reflexión que profundice en la revisión de los paradigmas que han venido asentándose en las relaciones económicas, en la vertebración del poder político y en la propia conciencia social, avanzando propuestas de actualización y progreso en cada uno de esos tres ámbitos. Reflexión y propuestas que encuentran un hilo conductor en la relación entre lo público y lo privado, entre las instituciones políticas y la sociedad civil, como una preocupación constante en el quehacer de este foro que agrupa a asociaciones empresariales y económicas de ámbito nacional y de distintas comunidades autónomas de España.


1.- EN LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA
1.1.- El grave temblor que los mercados y la economía real experimentaron en todos los rincones del mundo a consecuencia de la crisis financiera desatada por las “subprime” condujo a que, de manera precipitada, se llegase a hablar incluso de la refundación del capitalismo. Los excesos de la economía especulativa, la falta de normas y mecanismos de control sobre los mercados y las entidades, la alegría con la que las agencias de calificación procedían a interpretar los balances, la indolencia de las instituciones públicas y de los organismos reguladores, la fácil accesibilidad al dinero y la carencia de un código de responsabilidad profesional que disuadiera a las cúpulas bancarias y empresariales de operar en busca de rendimientos a corto poniendo en peligro la viabilidad a medio de las propias firmas que dirigían, fueron denunciados especialmente tras la zozobra y la desaparición física que padecieron bancos y aseguradoras a ambos lados del Atlántico.
1.2.- Parece necesario acortar la distancia que ha llegado a darse entre la economía financiera y la economía real, porque ni la excesiva valoración bursátil de las compañías más allá de sus expectativas reales de beneficios, ni la infravaloración de las mismas al margen de sus resultados contribuye a asentar la racionalidad económica y la credibilidad que las empresas requieren en un mercado cada vez más participativo.
1.3.- Las tentaciones proteccionistas que han aflorado tanto en el mercado de trabajo como en el espacio comercial constituyen reacciones defensivas que en nada contribuyen a asegurar el futuro de las economías nacionales y el empleo en las sociedades avanzadas. La libre circulación de trabajadores y bienes representa un valor que debe prevalecer en el ámbito de la Unión Europea sin que ni el consumo, ni las transacciones ni el desarrollo de las empresas vuelvan a parapetarse falsamente tras las antiguas fronteras o se levanten otras respecto a terceros países.
1.4.- La mejora en la regulación y en la supervisión de las actuaciones que se dan en el sistema financiero debería producirse de manera homologable entre los distintos países, sin que existan zonas de sombra respecto a la necesaria transparencia que ha de caracterizar a los mercados. La coordinación de tales políticas no sólo resulta imprescindible para lograr que sean eficaces. También para evitar que de la crisis surjan espacios jurídicamente tan desiguales que propicien una competencia desleal entre países y firmas.
1.5.- Pero ha de tenerse en cuenta que la regulación legal y expresa de las relaciones económicas no puede ni debe ser tan exhaustiva que pretenda adelantarse a toda la casuística de anomalías y excesos que pudieran producirse. De ahí que junto a las necesarias normas se ha de abrir paso también una ética de las finanzas y de la empresa en diálogo permanente, de manera que junto a la fuerza sancionadora de las leyes opere el reproche moral que merezcan determinadas actuaciones aunque en sentido estricto puedan ceñirse a la Ley o, sencillamente, su ilicitud no esté contemplada por ella.
1.6.- En este sentido, es necesario revalidar y profundizar en los códigos de buen gobierno de las entidades financieras y de las empresas, y en la responsabilidad que atañe a los directivos. La constatación de que buena parte del auge de los fondos y de las operaciones de mayor riesgo se debió a los incentivos que percibían quienes las ordenaban dio cuenta de la cínica perversión a la que se puede llegar en nombre del libre mercado. Resulta difícil que los estímulos a la gestión creativa y rentable de una determinada firma puedan ser realmente eficaces si no van acompañados de algún mecanismo sancionador para el caso de que se produzcan excesos, abusos o graves perjuicios en la administración del poder delegado.
1.7.- La remuneración de los consejeros y de los puestos de alta dirección requeriría ser revisada mediante una autoregulación que racionalice la magnitud de la percepción base, los criterios sobre los que se establecen los ingresos variables e incentivos en esos niveles de responsabilidad, la función de los contratos blindados y sus efectos reales, fijando paralelamente las responsabilidades inherentes a tales cargos como expresión en positivo de las consecuencias que podrían acarrearles su no cumplimiento o su franca vulneración.
1.8.- El tránsito hacia un modelo de crecimiento en el que prime la productividad y la innovación exige de las empresas, de su propiedad y de sus directivos, un compromiso de urgencia debido, especialmente, a la concurrencia de factores exógenos y endógenos en la crisis que atraviesa la economía española. La revisión crítica de productos y procesos constituye un deber inmediato e ineludible para cada compañía. Tarea que deberá compatibilizar con sus obligaciones respecto a los accionistas. Es necesario buscar alternativas a las áreas de actividad económica que se han visto afectadas por la crisis económica, y que presumiblemente no van a recuperar su peso en nuestra economía, debiéndose incentivar nuevas actividades, con un importante valor añadido, alta productividad, tecnología, conocimiento y capacidad exportadora, basándose principalmente en aquellas áreas en las que lideramos mercados.
1.9.- Es probable que esta crisis no sólo acabe afectando seriamente a realidades o proyectos empresariales de dudosa viabilidad o interés. Puede que también frustre hoy propósitos de futuro que pudieran tener su horizonte de rentabilidad más a medio plazo. De ahí que el diálogo entre las empresas y las entidades financieras, y entre las empresas y las administraciones, deba procurar la diferenciación entre aquellos proyectos y negocios que han podido ser puestos en cuestión por la propia crisis y aquellos otros que, aun representando un desafío financiero, vayan en línea con un nuevo modelo de crecimiento.
1.10.- Asimismo la cooperación y el establecimiento de alianzas estratégicas o de acuerdos en torno a proyectos concretos entre las empresas -propiciando flujos de transmisión tecnológica y de conocimiento, desarrollando de manera informada planes de expansión de la producción, de los servicios y de los mercados hacia el exterior o, sencillamente, optimizando las posibilidades de la especialización- brinda oportunidades que han de ser aprovechadas como fórmulas innovadoras que expriman los frutos de un bagaje industrial y empresarial compartido.
1.11.- La recuperación económica dependerá entre otros factores, especialmente en España, del restablecimiento del espíritu emprendedor y de su potenciación tanto a nivel educativo y cultural, como en el ámbito de cada empresa y en cuanto a la normativa y actuación de las distintas administraciones que concurren en el nacimiento y desarrollo de cualquier proyecto empresarial. El incremento del desempleo constituye un problema difícil de afrontar si, especialmente en el caso de los profesionales más cualificados, no se asumen y potencian fórmulas de autoempleo o de micro-empresa, incluso como salidas que las compañías en regulación podrían fomentar entre sus trabajadores.
2.- EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

2.1.- Las fallas evidenciadas en los mercados han dado lugar a la reivindicación de un papel más protagonista por parte de las instituciones públicas que, afortunadamente, no se ha deslizado hacia una revisión ideológica de su relación con la economía de libre mercado. Pero lo acontecido hace recomendable que esta relación no se vea sometida de forma excesiva al vaivén pendular de los ciclos económicos, dando por supuesto que cuando la economía va bien el Estado no tiene nada que decir, y que cuando va mal se recurre con urgencia a él. Esta concepción de lo público como elemento auxiliar de lo privado no sólo representa una visión equívoca que contribuye a confundir al emprendedor y al accionista; supone también un factor que debilita la solvencia y desdeña la alta responsabilidad con la que los gestores públicos han de actuar en todo momento.
2.2.- La necesidad de introducir medidas anti-cíclicas no debería dejar atrás el indudable avance que ha supuesto el pacto de estabilidad y la fijación de un máximo para el déficit público de las administraciones europeas. La salvedad no debería cuestionar la necesidad de que el Estado contenga el esfuerzo de los contribuyentes, recurriendo si acaso a la deuda pública pero sin que ello dispare el déficit. La contracción recaudatoria, previsible para éste y para próximos ejercicios, así lo aconsejan.
2.3.- En estos momentos la prioridad de las políticas sociales no puede ser otra que la de paliar los efectos de la crisis sobre el empleo. El paro alcanzó el primer trimestre del año el 17,36%, con más de cuatro millones de desempleados, y su composición anuncia las dificultades que afectarán a la generación de nuevos empleos. La cobertura del desempleo y, sobre todo, el esfuerzo por recolocar los excedentes que la recesión ha ido dejando sin trabajo ha de centrar los esfuerzos de las administraciones, siempre en línea con el tránsito hacia un nuevo modelo de crecimiento, propiciando la cualificación de los nuevos puestos de trabajo y evitando que el objetivo de mantener empleos continúe lastrando el mismo. La cobertura del desempleo y la creación de empleo constituyen una prioridad tan indiscutible que, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, los poderes públicos deberían posponer nuevas políticas sociales al previo inicio de la recuperación económica y al previo incremento de la capacidad recaudatoria.
2.4.- El Estado, en cuanto categoría que en España integra a las administraciones que actúan en tres ámbitos competenciales, debería proceder a redimensionarse en tres sentidos: a) desarrollar el principio de subsidiariedad, evitando la duplicación o solapamiento de atribuciones que conllevan un incremento de los costes; b) simplificar al máximo el organigrama que ha ido derivando de las distintas administraciones con la creación de organismos autónomos o empresas públicas cuya necesidad no siempre es tal, cuyo funcionamiento se vuelve en ocasiones opaco para su control parlamentario, cuya existencia acaba multiplicando el gasto, o cuya concurrencia en el mercado se da en situación de franca ventaja respecto a la empresa privada; c) revisar el concepto mismo de función pública, de manera que los criterios de eficiencia en la prestación de los servicios prevalezcan sobre los corporativos.
2.5.- Es necesario un nuevo modelo de financiación de las CCAA que permita a éstas disponer de los fondos necesarios para poder desarrollar adecuadamente las transferencias recibidas y dar a sus ciudadanos unos servicios similares en prestaciones y calidad. Un modelo de financiación que sea transparente en su aplicación, que se ajuste periódicamente a los parámetros que se acuerden, que incluya y regule la solidaridad, y valore el esfuerzo fiscal. La suficiencia financiera con la que deberían actuar las distintas administraciones presenta, además, un problema de dependencia absoluta por parte del nivel municipal. La anunciada “segunda descentralización” no sólo quedó pendiente sino que las entidades locales han acabado desasistidas y algunas de ellas en una situación muy crítica a raíz de la crisis inmobiliaria. El establecimiento de un equilibrio financiero entre los tres ámbitos institucionales constituye una condición necesaria para el desarrollo armónico del país.
2.6.- La tramitación de los Presupuestos Generales para 2009 evidenció una clara anomalía dado que el proyecto del Gobierno, basado en un cuadro macroeconómico fallido para cuando dio comienzo su debate parlamentario como se anunció por instituciones y expertos, no fue actualizado ni en cuanto a las previsiones de recaudación y de cobertura social del desempleo, ni en cuanto al horizonte general al que se enfrentará el citado ejercicio. De ahí que resulte obligado subrayar la necesidad de que las instituciones públicas tramiten siempre sus presupuestos conforme a un cuadro macroeconómico real y no ficticio, a corregir hasta el último momento.
2.7.- Asimismo, una gestión cabal de las cuentas públicas exige que se ejerza con especial precisión el control parlamentario sobre la liquidación de las partidas presupuestadas. Esta tarea, que ha sido prácticamente abandonada en muchas instituciones, constituye una función clave para dotar de rigor y transparencia a la gestión presupuestaria. Además, solo así puede procederse a una evaluación crítica de la eficacia del gasto público. En este sentido, transcurrido un tiempo prudencial desde que se pusieron en marcha las primeras medidas de estímulo fiscal frente a la crisis, resulta obligado que el Gobierno y las demás instituciones concernidas procedan a evaluar públicamente sus efectos reales, de manera que los agentes económicos y sociales y el conjunto de la opinión pública puedan realizar su propio examen crítico al respecto.
2.8.-La generación de contratos públicos exigiría, a la luz de los acontecimientos, una mayor agilidad en los concursos, cláusulas más abiertas a las posibilidades que se les presenten a empresas e iniciativas empresariales de nueva creación, una mayor transparencia en las decisiones, una mayor disposición a la diversificación de proveedores y concesionarios. De manera urgente resulta imprescindible que las administraciones impriman mayor celeridad al trámite e intervención sobre los pagos a empresas, rayana en algunos casos a la morosidad.
2.9.- Las diferencias en el diagnóstico de los problemas y en las respuestas que deberían aplicarse frente a la crisis forman parte del debate democrático al que partidos e instituciones están sujetos. Pero es necesario que todas las formaciones parlamentarias, y especialmente aquellas que asumen responsabilidades en el gobierno de las instituciones nacionales, autonómicas o locales, se esfuercen en hallar el máximo de coincidencias administrando, además, las divergencias con mesura y afán constructivo. En todo caso, la gravedad de la situación obliga a los principales actores de la política a renunciar a la búsqueda sistemática del desencuentro en materia de economía y empleo con afán partidista. La primera aportación que la política ha de ofrecer para que España remonte esta situación de crisis e incertidumbre es consolidar un marco de diálogo y colaboración entre las distintas fuerzas y las diversas instituciones para optimizar la utilización de los recursos públicos y procurar el clima de confianza que la economía necesita para salir adelante.

3.- EN LA SOCIEDAD
3.1.- La vivencia democrática en España ha propiciado que la ciudadanía tome conciencia de sus derechos sociales, al tiempo que el desarrollo económico ha permitido a la sociedad española alcanzar cotas sin precedentes de bienestar en condiciones de apreciable equidad. Pero, llegados a este punto, es necesario que tanto las instituciones –y especialmente las cámaras legislativas-, la sociedad organizada, así como cada ciudadano, procedan a distinguir qué es un derecho social a satisfacer obligatoriamente bien sea por los poderes públicos, bien en el marco de las relaciones económicas y laborales, qué es una cobertura o servicio al que el ciudadano puede tener acceso dependiendo de diversos factores, y qué es una aspiración legítima. Entre otras razones porque la catalogación como derecho de prestaciones justas y de demandas legítimas desborda totalmente las posibilidades materiales del erario. Los derechos consagrados por la Constitución encuentran su marco de desarrollo y concreción en las leyes orgánicas y en las disposiciones que permiten su aplicación. Pero el legislador ha de ser cuidadoso respecto a aquello que consigna como derecho. De igual forma que en el ámbito de las relaciones sociales y laborales conviene no convertir en un absoluto el recurso al “derecho adquirido”.
3.2.- Junto a lo anterior, es erróneo concebir al Estado y a su disponibilidad presupuestaria como si se tratara de una sociedad mercantil cuyos remanentes se convierten, en buena parte, en dividendos para sus accionistas. Algo de esto pudo entreverse mientras las circunstancias permitían imaginar un ciclo de crecimiento ininterrumpido, y la capacidad recaudatoria animó tanto al Gobierno de la nación como a los ejecutivos autonómicos a promover la consolidación de servicios e incluso a afianzar como derechos prestaciones siempre dependientes de dicha capacidad recaudatoria. Los hechos han venido a demostrar que siempre será mejor contener que recortar.
3.3.- Es necesario introducir en la conciencia social, cuando menos, la distinción entre derecho positivo y derecho subjetivo. El derecho constitucional a una vivienda digna no puede ser interpretado, en ningún caso, como una obligación del Estado para proveer a cada ciudadano de un piso en propiedad. La concesión para un determinado ejercicio presupuestario de una subvención pública individual para ocupar una plaza residencial, la concesión de una beca de estudios, o la concesión de una ayuda específica para cubrir cualquier necesidad básica en ningún caso generan –o pueden generar- un derecho a satisfacer obligatoriamente por los poderes públicos en años venideros.
3.4.- El Estado del bienestar del que disfrutamos los españoles representa un logro histórico que ha brindado a la sociedad actual niveles de calidad de vida y de equidad sin precedentes. Pero la sociedad civil saldrá más fortalecida cuanta más responsabilidad sea capaz de asumir el ciudadano respecto a su propio bienestar y respecto al porvenir de los suyos. De ahí que los esfuerzos públicos deban orientarse prioritariamente a garantizar una vida digna a los más necesitados, tratando siempre de que las ayudas públicas contribuyan a una justa igualdad. En cualquier caso, las vicisitudes que están atravesando los españoles no deberían conducir a la demanda de un sistema de prestaciones y coberturas generalizadas. No sólo porque el modelo resultaría económicamente inviable y, en el límite, daría lugar a una formulación fallida de la organización del poder político. También porque como consecuencia desembocaría en una sociedad dependiente en su totalidad y, en esa misma medida, injusta.
3.5.- La reactivación económica que deje atrás la crisis precisará de un diálogo franco sobre el mercado de trabajo y su necesaria flexibilización. De manera que las condiciones que acompañan a los contratos fijos no contribuyan a retraer nuevos proyectos empresariales o la ampliación de los existentes, o favorezcan el mantenimiento de las tasas actuales de contratos eventuales. La estabilidad en el empleo constituye un estímulo para el conjunto de la economía. Pero la misma obliga a revisar de manera serena y consensuada tanto la naturaleza de los actuales contratos laborales, como el papel que vienen jugando las políticas activas de empleo o la función que desempeña la negociación colectiva. Es necesario evitar la identificación simplista entre flexibilización y abaratamiento del despido, contemplar abiertamente la sugerente propuesta de que exista un único tipo de contrato, adecuar el ámbito de los convenios colectivos al nivel en el que más ventajosos resultan para las empresas y los trabajadores y estudiar fórmulas de revisión salarial que atiendan a los índices de productividad.
3.6.- El paulatino incremento de ciudadanos que invierten sus ahorros en participaciones accionariales y en fondos de pensiones a la búsqueda de la máxima seguridad de futuro, pero también de la máxima rentabilidad en lo inmediato, añade una serie creciente de aspiraciones, inquietudes y derechos que no siempre son percibidos por el ciudadano en cuanto a inversor o depositario de forma nítida. La democratización de la participación económica ha de llevar consigo la ampliación y la clarificación de los derechos inherentes a la condición de inversor o depositario. Pero, al mismo tiempo, cada ciudadano que reúna dicha condición deberá ser consciente y responsable respecto a los riesgos que asume en sus opciones inversoras.



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