Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva






descargar 110.62 Kb.
títuloLey n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva
página1/3
fecha de publicación15.10.2016
tamaño110.62 Kb.
tipoDocumentos
e.exam-10.com > Economía > Documentos
  1   2   3
MANUEL DE JUANO

TRIBUTACIÓN SOBRE

EL VALOR AGREGADO

LEY N°. 20.631



VICTOR P. DE ZAVALIA – Editor

ALBERTI 835 – BUENOS AIRES

1975


Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva

Para uso exclusivamente académico




PREFACIO




Al publicar este libro, autor y editor han coincidido en un doble propósito: brindar al lector un material informativo útil sobre el nuevo impuesto al valor agregado y hacerlo en la oportunidad respectiva para su inmediato aprovechamiento, dada la proximidad de la entrada en vigencia de la ley N° 20.631.
La capacitación de asesores, funcionarios, docentes, magistrados y contribuyentes para cumplir con eficacia las exigencias del IV A, un tributo novedoso en nuestro sistema tributario de amplio espectro en materia de consumos, de corta experimentación en la mayoría de los países, con excepción de Francia y de compleja estructuración técnica e implementación costosa en su faz administrativa y contable, obliga sin hesitaciones a una permanente exigencia de quienes tengan algo que ver con el citado impuesto.
Nuestra antigua convicción sobre el carácter integral y funcional de la tributación dentro de las actividades estaduales, nos ha movido a escribir este libro balanceando la información jurídica, económica, contable, política y técnica, sin aspirar con ello a proporcionar un vademécum que ofrezca soluciones de tipo individual o de ejercitación, y sí a ubicar las diferentes instituciones que juegan en la aplicación de un gravamen tipo IV A dentro del marco constitucional y legal vigente en el país.
Para ello nos bastará recordar que los tributos son esencialmente mandatos de la ley. Los conceptos substantivos y formales que enmarcan su desenvolvimiento deben mirarse con un enfoque dinámico y no estático. El sentido de evolución es y será siempre permanente. El abuso del poder impositivo se transforma en un freno para el desarrollo y deja en retaguardia al pueblo que lo padece aunque tenga vivencias de progreso.
Entregamos esta obra, pues, urgidos por dificultades coyunturales y de innegable transición, apremiados por razones de tiempo y preocupados por alcanzar un nivel de seriedad informativa que satisfaga el vasto sector interesado en el tema, al que va destinada. Agradecemos al editor D. Víctor P. de Zavalia su valioso apoyo para dar a publicidad nuestro trabajo, y confiamos en la crítica benevolente de todos quienes reciban con.. igual sinceridad nuestro esfuerzo.


Rosario, 23 de diciembre de 1974.


MANUEL DE JUANO

Capítulo I

PAUTAS PREVIAS PARA LA TRIBUTACION
§ l. Filosofía del planteamiento
La vida humana genera un incesante intercambio de bienes y servicios. El hombre aislado entraña sólo un pensamiento quimérico como bien lo definiera Leroy-Beaulieu, partiendo de las características gregarias de la especie.
Todas las decisiones del individuo presuponen una elección. Cuando las gentes -dice Von Mises 1- las llevan a efecto, deciden no sólo entre bienes y servicios materiales, sino que cualquier valor entra en la elección. Todos los fines y todos los medios -las aspiraciones espirituales y las materiales, lo sublime y lo despreciable, lo noble y lo vil-, ofrécense al hombre a idéntico nivel para que elija, prefiriendo unos y repudiando otros.
Claro está que las apetencias difieren por la lógica gravitación de factores internos, ambientales o por la diversidad de motivaciones que surgen de la convivencia y que presuponen la exigencia de una organización estadual.
El Estado tiene sus atributos, nombre, lugar, tierra, pueblo, etc. Entre todos éstos quizá sea el más necesario, el que corresponde a su "status" o estructuración jurídica, vale decir, al conjunto de normas, procedimientos y fundamentos de justicia que actúan coercitivamente sobre los hombres en particular, para que el total del núcleo humano pueda desenvolverse pacíficamente y dentro de un apetecible marco de bienestar general, goce y progreso.
La economía da sus pautas para la satisfacción de las necesidades, pero no todas éstas tienen idéntica significación ni cabe asignarles igualdad en su importancia. La distinción entre lo necesario y lo superfluo es antigua y tanto ha preocupado a filósofos como a economistas y juristas. Sócrates2 y la Escuela de los Cínicos que seguía sus pensamientos, consideraban que la verdadera felicidad de los hombres radica no en satisfacer sus necesidades, sino en la virtud propia de la capacidad de reprimir sus apetitos y limitar sus exigencias para que aquéllos no lleguen a convertirlos en esclavos de un mundo externo.
Aristóteles apuntó al respecto un claro distingo entre las cosas necesarias y las superfluas. Algunas superfluidades resultan, al final de cuentas más importantes que las propias necesidades y por ende más deseadas. Así una "buena vida" es mejor que una "simple vida", aunque la primera pueda calificarse de superflua y la segunda como necesaria.3
Ni faltaba razón a Epicuro, dentro de la filosofía heleno-romana, al señalar al placer como finalidad de una vida feliz, ni fue-vana la advertencia de Jean Jacques Rousseau a sus contemporáneos, alertándolos sobre la desventaja de la civilización, comparada con la primitiva vida de los hombres en su estado salvaje y preconizando una "vuelta a la naturaleza", ni se equivocaba Manuel Kant al recordar la desigualdad de los hombres y la incontable diversificación de la-producción de bienes y servicios no bien distribuidos ni al alcance de todas las clases, ni podría negarse hoy que el n1undo actual se mueve condicionado por impulsos diferentes en el correr del tercio final de nuestro siglo.4
Sea que consideremos a la sociedad actual como una sociedad de consumo o una sociedad afluente o de abundancia, parafraseando a Galbraith5 entendiendo por tal una comunidad bien abastecida, con elevado potencial industrial, tendiente a proporcionar al individuo un alto nivel de bienestar, sea, por otra parte que se estime con crudeza que la realidad viviente nos muestra que media una gran distancia entre tales ideales y el saldo de frustraciones, angustias y desesperanzas de una grey en permanente cambio, va de suyo, que no por ello podríamos prescindir de computar aspiraciones, exigencias y necesidades que permiten la supervivencia del hombre y que obligan a un comportamiento social positivo )' coherente que evite su propio aniquilamiento o la destrucción de su especie.
Coincidimos con este notable economista norteamericano en el deber científico de distinguir entre ]as necesidades del propio individuo que por partir de él han de aceptarse como imperiosas, de aquellas otras urgencias creadas por la actividad productora que de común no revisten la misma intensidad.
Es verdad también que la mera mención del concepto de "necesidad" formulada a título independiente, o sea sin la calificación arriba asignada, cede en su trascendencia o pasa a planos secundarios. Si la sociedad atribuye una gran in1portancia a la capacidad requerida para obtener un alto nivelo están dar de vida, está claro que aquélla ha de proveer a las personas de los "productos" que crea o posee.
Por otro lado, la "voluntad de consumir" se genera por el sistema de valores puestos en evidencia por la capacidad de la sociedad para producirlos.
Existe, pues, dentro de este parámetro, una relación directa entre la producción y las necesidades que proporcionan las instituciones de propaganda y del mercado. Estas urgencias no pueden identificarse con la noción de los apetitos o deseos que se determinen con independencia, pues al final de cuentas la función primordial de tales instituciones es precisamente la de crear deseos o la de dar vigencia o corporalidad a las necesidades que antes no existían.6
En este orden de ideas, cabe relacionar la satisfacción de las necesidades individuales con el sistema político al que está sometido el hombre gregario. El gobierno de un país determinado -apunta Henry Tilbery7- según su sistema socio económico y político, puede usar su potencial tecnológico e industrial, bien sea para conceder a su pueblo el más elevado nivel de vida y confort, con abundancia alimentaria, de vestidos, habitaciones, diversiones, automóviles, televisores, etc., o bien, de 10 contrario, puede decidir la concentración de todos sus recursos en la provisión de armamentos, planes de navegación espacial o proyectos similares, imponiendo a su población muy severas restricciones en la disponibilidad de bienes de consumo.
Evidentemente, ejemplifica Tilbery, la rivalidad entre las dos filosofías gubernamentales, diametralmente opuestas, puede conducir a una visible aproximación de sus objetivos. Así lo hemos podido ver, en tiempos muy recientes, cuando por un lado, el presidente John Kennedy, tras el lanzamiento del "Sputnik" que hizo Rusia, dio al programa espacial norteamericano un plano prioritario y del otro lado, el Primer Ministro Kruschev, en los útimos años de su gobierno, se inclinó hacia un tono suavizante de la austeridad impuesta a los consumos de productos manufacturados, por parte del pueblo soviético. De cualquier forma y en última instancia, va de suyo que la fijación de las necesidades indispensables y su clasificación varía apreciablemente según las estructuras sociales y los regímenes políticos.
§ 2. Necesidades públicas o colectivas y necesidades individuales
Los servicios tienden o responden al propósito de satisfacer necesidades. El Estado es responsable del funcionamiento y eficiencia de los servicios que crea la convivencia. Hay servicios que atienden necesidades muy urgentes. Algunas de ellas, sin embargo, son satisfechas por la gestión de los mismos hombres en las esferas privadas. Otras de esas necesidades, ineludibles, impostergables, son atendidas por el propio Estado.
Naturalmente que esos servicios que presta el Estado y que satisfacen necesidades, se ajustan a las distintas características y exigencias de los pueblos. Hay exigencias o necesidades que son de índole general, y por ende atendidas por un tipo de servicio que llamamos "indivisible”.8
Así, por ejemplo, la defensa del país es la defensa de toda la colectividad, la salud pública es la salud de toda: la población. La enseñanza primaria, fundamental en cualquier pueblo, no puede ser medida por el beneficio que individualmente toque a cada alumno o a un minúsculo sector o pequeño grupo de alumnos. Otros servicios implican beneficios que sí son de corte individual. Con respecto a ellos, acotaremos que no queda duda sobre el interés estadual en su prestación, aunque también satisfagan las exigencias que singularmente interesan.
Así vemos que el alumbrado, el barrido, la limpieza de calles interesan a la colectividad, pero en lo fundamental, también ocurre lo mismo con el propietario de inmuebles, que individualmente desea y aprovecha la luz o transita por calles limpias que conducen a su predio. Cuando acudimos a ciertas vías de comunicación, sea por ejemplo el correo, la tasa respectiva nos da la pauta de la naturaleza del servicio al que ella se afecta. Nuestra correspondencia llega a destino por el correo que el Estado sostiene (art. 4 de la Constitución Nacional) pero éste nos reclama, a su vez, un tipo de compensación por tal servicio.
Todos los servicios públicos traducen pues erogaciones y gastos, que demandan con frecuencia y sin posibilidad de postergación la presencia oportuna de recursos suficientes. "Gastos y recursos" son a nuestro juicio una especie de brete dentro del cual se desenvuelve la actividad financiera del Estado. El Estado cumple su misión procurando de este modo atender las necesidades que la convivencia impone, con los recursos financieros que sus arcas le permiten disponer.
Claro está, que no faltaba razón a Montesquieu9 cuando afirmara que tales recursos o rentas públicas son en su esencia el aporte de una pequeña parte de la propia riqueza que cada uno de nosotros entrega al Estado para que, por su intermedio, tengamos posibilidad de disfrutar el resto.
Benvenuto Griziotti, aquel insigne profesor del Instituto de Hacienda de la Real Universidad de Pavia, definía la “actividad financiera” como “la acción que e l Estado desarrolla.a los efectos de procurarse los medios necesarios que requieren los gastos públicos, para atender las necesidades colectivas y, en general, para la satisfacción de su propio fin.10
Ella consiste, a nuestro juicio, en la utilización de los bienes que por posesión originaria están a disposición del Estado y en el reparto de las cargas públicas entre clases y generaciones de contribuyentes.11 Hay en verdad, un conjunto de operaciones preordenadas, que al realizarse por el Estado tienen por motivación, y por fin, la satisfacción de necesidades que el propio Estado estima deben ser llenadas o proveídas por los gastos públicos.
El Estado puede encontrar recursos dentro de su propio patrimonio, porque siendo una persona jurídica de carácter público (art. 33 del Código Civil) tiene bienes que le pertenecen con exclusión de terceros. Su patrimonio lo surte de medios financieros del mismo modo que a un particular se los proporcionan los bienes que integran el suyo.
Pero ocurre, además, que es condición del Estado la de ejercer un poder económico sobre bienes y personas sometidos a sus leyes financieras. Esto nos lleva a una nueva fuente de recursos que difieren de los originarios, dominiales o patrimoniales que antes mencionamos. Son los denominados “recursos derivados", porque provienen de patrimonios distintos al que corresponde al Estado como persona jurídica de carácter público.
Sin embargo no todos los recursos derivados exhiben similar naturaleza. Entre ellos están los que provienen de ]a utilización de] crédito público u operaciones de préstamos al Estado, voluntarios, patrióticos o forzosos, con más o menos onerosidad pero siempre destinados a un ulterior reembolso, y están también los llamados “recursos tributrarios” que derivan del citado “poder de tributación”, “poder de imposición” o “soberanía fiscal”, según la distinta terminología doctrinaria.
§ 3. Poder de tributación
Para las finanzas públicas, el sujeto de la actividad respectiva es y será siempre el Estado. Este tiene poderes y posibilidades legales de coacción sobre los individuos. El más típico de tales poderes y sin la menor duda, en el campo presupuestario, el más importante es el denominado “poder de tributación”, que reside en "el derecho de exigir tributos a los individuos o personas de existencia ideal, que resultan así ]os sujetos pasivos de la actividad cumplida". Estos tributos son al final de cuentas" medios económicos" en los procedimientos de la actividad financiera del Estado, de los que se sirve éste para alcanzar los fines políticos que se traza y estar en condiciones de satisfacer los elevados montos que implican los gastos públicos.12
Nuestra afirmación es y debe ser muy genérica, pues, como bien lo apunta Dalton13 el poder de imposición corresponde a los" entes- públicos" entendiendo por tales no sólo al Estado Nacional sino a toda clase de gobierno local.
Será prudente recordar aquí que el ejercicio de ese poder de tributación, de ese poder impositivo asignado al Estado, es de por sí muy delicado y muy grave. Hemos creído siempre que el gobernante ha de meditar muy serenamente antes de establecer el sacrificio que traduce la vigencia de un nuevo tributo. Es muy fácil gobernar, ha sido siempre cómodo hacerlo, cuando el que gobierna dispone de un tesoro inagotable generalmente integrado con exacciones fiscales. Pero en la medida en que el Fisco o el Estado cuenta con mayores fondos para atender los servicios pl1blicos, en la misma proporción va disminuyendo el patrimonio o las rentas de los contribuyentes o quienes se ven coaccionados para transferir al Tesoro estadual parte de su riqueza.
En este orden de ideas, claramente se advierte que el poder de imposición se traduce en "tributos" y llamamos "tributación" a la actividad o a la acción que tal poder engendra y que al respecto se cumple.
Según lo dicho la "tributación" es pues una función del Estado que dinámicamente refleja la derivación de riqueza de las fuentes particulares a las arcas fiscales, pero tal derivación tiene un sentido político que conduce como n1eta final al bienestar general.
"La tributación significa un fluir, un transferir, un trasvasar de dinero o especies equivalentes que llegan al tesoro de] Estado desde las fuentes individuales contributivas para que aquél devuelva el sacrificio en realidades y en servicios públicos."14
El juez americano Oliver Wendell Holmes llamaba al tributo, y en especial al impuesto, el "precio de la civilización". Teodoro Moscoso creía que era el "precio del desarrollo", y ya antes muchos otros, como Montesql1ieu, según lo hemos referido arriba, y Girardin le atribuyeron calidad de contrapartida de los beneficios que nos da el Estado o la cobertura de riesgos de la seguridad o del progreso.
Vistas así las cosas hay una conclusión que se impone a nuestro juicio. La tributación es una “actividad funcional” y no una mera expresión estática. Tributamos al Estado para que el Estado funcione, no para que nos deprima, nos empobrezca o encadene con obligaciones infecundas.15
La tributaci6n no es expiaci6n, como hace algunos siglos enseñaba Cobden, ni es dinero tirado al mar, como creyeron algunos clásicos comercialistas, sino que implica por naturaleza, funcionalidad de raigambre dinámica inconfundible con imágenes frías de orden especulativo o de simple registración contable. El Estado está obligado a respetar los márgenes razonables del sacrificio, científicamente graduado, que impone al contribuyente, tras la consulta a las respectivas capacidades contributivas. El Estado para fijar sus rentas debe elegir las formas apropiadas y, como dijera el barón de Montesquieu, respetando igualmente tanto sus necesidades como la de los sujetos pasivos de las obligaciones que crea.
Quien pretenda conocer con base seria la naturaleza de la funci6n tributaria, tendrá además que someterse a las exigencias que derivan de su "integralidad", ya que" la tributación demanda la conjunción de los estudios, medios y finalidades de muy diversas disciplinas, que es imposible desdeñar individualmente si han de comprenderse los alcances de la primera.16
  1   2   3

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconProponen suprimir la cadena nacional de Cristina ciudad de buenos...

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconGuillermo Daniel Masio Certified Translator – English – (University...

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconEl senado y cámara de diputados de la provincia de buenos aires sancionan con fuerza de ley

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconBoletín de filosofía : colección 30 años, 1981-2010 [Documento electrónico]....

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconEl presente documento se redacta al amparo del Capítulo III, Título...

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconPor Luis Bruschtein para Página12 Buenos Aires

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconEditado también por Panamericana, Bogotá, y Lumen, Buenos Aires

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconApuntes del paso de Íñigo Errejón (Podemos, España) por Buenos Aires

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconDiputado nacional, ambos por derecho propio y constituyendo domicilio...

Ley n°. 20. 631 Victor p. De zavalia – Editor alberti 835 – buenos aires 1975 Documento digitalizado por: Gustavo Leal Cueva iconDigitalizado por Biblioteca Upasika




Economía


© 2015
contactos
e.exam-10.com