Sociedad de economia mixta si tiene un aporte estatal igual o superior al 90 por ciento su régimen es el de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado






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fecha de publicación13.06.2015
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SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - Si tiene un aporte estatal igual o superior al 90 por ciento su régimen es el de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado / APORTE ESTATAL IGUAL O SUPERIOR AL 90 POR CIENTO - Si es en Sociedades de Economía Mixta hace que se rijan por el régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - Su régimen jurídico se aplica a las Sociedades de Economía Mixta con aporte estatal igual o superior al 90 por ciento
De conformidad con los artículos 3° del decreto Ley 3130 de 1968 y 3° del decreto 130 de 1980, está claro que las sociedades de economía mixta, con aportes estatales iguales o superiores al (90%) se rigen por el régimen jurídico previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. Ahora bien, de ese régimen jurídico, tal como lo precisó el Tribunal y lo ha expresado la Sala en anteriores oportunidades, forma parte el régimen tributario, porque es expresa la remisión que hace la ley de manera general para la totalidad de su régimen jurídico, razón por la cual, aun en materia impositiva, las sociedades de economía mixta de carácter nacional que tengan dicha conformación de su capital social, como es el caso de Fiduciaria la Previsora S.A., están sometidas a la normatividad tributaria aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, salvo que de manera expresa se excluyan de la misma.
TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - Se aplica también para las Sociedades de Economía Mixta con aporte estatal igual o superior al 90 por ciento / SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - Se le aplica la tarifa de impuesto predial en razón de la naturaleza del sujeto / PREDIO DE SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - La tarifa del impuesto predial se determina en razón de la clase de sujeto y no de su destino / IMPUESTO PREDIAL EN EL D.C.
Si respecto de las empresas industriales y comerciales del Estado, se consagra en el régimen tributario distrital una tarifa específica del impuesto predial unificado, esa tarifa es igualmente aplicable a las sociedades de economía mixta del orden nacional con participación estatal superior al 90%, independientemente de la actividad que realice, sin que pueda admitirse un tratamiento distinto en razón al uso de los predios de propiedad de tales sociedades, puesto que prevalece la definición del sujeto frente a la destinación del predio, cuando la norma que la consagra no hace distinción al respecto. Como se observa, es clara la norma al establecer una tarifa específica del 8.5 por mil para las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, departamental y distrital, sin hacer distinción alguna respecto al uso o destinación del predio. Esto es que la tarifa se consagra en razón al sujeto y no a la destinación del predio. Mientras que tratándose de entidades del sector financiero, se atiende al criterio de uso o destinación del predio. Se tiene entonces, que cualquiera sea el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado, incluidas las actividades propias del sector financiero sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, como es el caso de la Fiduciaria La Previsora, no puede darse a tales empresas el tratamiento previsto para las entidades del sector financiero, pues ello equivaldría a desconocer el régimen jurídico aplicable, del cual hace parte la tarifa específica que por voluntad del legislador fue prevista en razón a su naturaleza jurídica.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
Consejero ponente: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE
Bogotá D.C., Trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL- NUEVA LEGISLACIÓN.

De conformidad con las precitadas disposiciones, está claro que las sociedades de economía mixta, con aportes estatales iguales o superiores al (90%) se rigen por el régimen jurídico previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
Ahora bien, de ese régimen jurídico, tal como lo precisó el Tribunal y lo ha expresado la Sala en anteriores oportunidades, forma parte el régimen tributario, porque es expresa la remisión que hace la ley de manera general para la totalidad de su régimen jurídico, razón por la cual, aun en materia impositiva, las sociedades de economía mixta de carácter nacional que tengan dicha conformación de su capital social, como es el caso de Fiduciaria la Previsora S.A., están sometidas a la normatividad tributaria aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, salvo que de manera expresa se excluyan de la misma.1
Así las cosas, si respecto de las empresas industriales y comerciales del Estado, se consagra en el régimen tributario distrital una tarifa específica del impuesto predial unificado, esa tarifa es igualmente aplicable a las sociedades de economía mixta del orden nacional con participación estatal superior al 90%, independientemente de la actividad que realice, sin que pueda admitirse un tratamiento distinto en razón al uso de los predios de propiedad de tales sociedades, puesto que prevalece la definición del sujeto frente a la destinación del predio, cuando la norma que la consagra no hace distinción al respecto.
Como se observa, es clara la norma al establecer una tarifa específica del 8.5 por mil para las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, departamental y distrital, sin hacer distinción alguna respecto al uso o destinación del predio. Esto es que la tarifa se consagra en razón al sujeto y no a la destinación del predio. Mientras que tratándose de entidades del sector financiero, se atiende al criterio de uso o destinación del predio.
Se tiene entonces, que cualquiera sea el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado, incluidas las actividades propias del sector financiero sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, como es el caso de la Fiduciaria La Previsora, no puede darse a tales empresas el tratamiento previsto para las entidades del sector financiero, pues ello equivaldría a desconocer el régimen jurídico aplicable, del cual hace parte la tarifa específica que por voluntad del legislador fue prevista en razón a su naturaleza jurídica.
En síntesis, no asiste razón a la Administración cuando pretende aplicar a los predios de la demandante la tarifa prevista para las entidades financieras, amparada en el uso o destinación de los predios, pues tal interpretación se aparta del expreso mandato contenido en la norma que consagra una tarifa específica atendiendo a su naturaleza jurídica de sociedad de economía mixta del orden nacional sujeta al régimen jurídico tributario de las empresas industriales y comerciales del Estado.
Radicación número: 25000-23-27-000-2000-01068-01(13426)
Actor: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Referencia: IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -1996
F A L L O

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Distrito Capital de Bogotá contra la sentencia del 15 de Mayo de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Subsección A, por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda instaurada contra los actos administrativos en virtud de los cuales se liquidó oficialmente el Impuesto Predial Unificado del año gravable de 1996, en relación con los predios de propiedad de la actora.

ANTECEDENTES
El 30 de abril de 1996 la sociedad FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. presentó las declaraciones de Impuesto Predial Unificado de 59 predios de su propiedad, correspondientes al año gravable de 1996, liquidando el impuesto sobre una tarifa del 15 por mil. (fls. 386 a 444 c. a.)
El 23 de mayo de 1996 presentó declaraciones de impuesto predial por ocho (8) predios mas de su propiedad, donde liquidó el impuesto con base en la tarifa del 8.5 por mil. (fls.)
El 30 de mayo de 1996 presentó corrección a las declaraciones de abril 30 de mismo año liquidando el impuesto sobre una tarifa del 8.5 por mil. (fls. 581 a 632 c. a.)
El 7 de junio de 1996 formuló ante la Dirección de Impuestos Distritales solicitud de devolución y compensación por valor de $7.607.000 correspondiente a los menores valores que se originaron en su favor como consecuencia de las correcciones realizadas. (fl. 164 c. a.)
Mediante Resolución 1218 del 18 de Junio de 1996 la Dirección Distrital de Impuestos efectuó la compensación solicitada por la suma de $5’276.000 y ordenó la devolución de $2.231.000. (fl. 148 c.a.)
Con el fin de verificar la procedencia de la devolución y compensación realizadas, la Dirección de Impuestos Distritales profirió Requerimiento de información N° 04-294 del 18 de Abril de 1997, donde solicitó a la actora enviar los Estatutos de la Fiduciaria y la explicación acerca de su naturaleza jurídica. (fl. 155 c. a.)
El anterior requerimiento fue atendido por la sociedad con escrito radicado el 15 de mayo de 1997, al cual anexó la información solicitada, y sobre su naturaleza jurídica manifestó que se trata de una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, en razón a que la participación estatal en su capital excede el 90%, de acuerdo con el artículo 3° del Decreto 3130 de 1968. (fl. 370 c. a.)
El 5 de junio de 1998 la Administración Distrital expidió Requerimiento Especial 009-3786 en el cual propuso modificar las declaraciones de corrección de mayo 30 de 1996 y las declaraciones iniciales de mayo 23 de 1996, por considerar que si bien está previsto que a las sociedades de economía mixta se aplica el régimen jurídico que corresponde a las empresas industriales y comerciales del Estado, la contribuyente es una entidad del sector financiero, vigilada por la Superintendencia Bancaria, por lo que la tarifa aplicable es la del 15, según el artículo 4° del Acuerdo 039 de 1993 y artículo 19 del Decreto 403 de 1996. Adicionalmente liquidó sanción por inexactitud en relación con cada una de las declaraciones revisadas. (fls. 648 a 658 c. a.)
Las razones aducidas por la actora con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial fueron desestimadas por la Administración y como consecuencia de ello profirió la Liquidación Oficial de Revisión 024 del 10 de Febrero de 1999, modificando y liquidando el impuesto correspondiente a las declaraciones privadas presentadas por la contribuyente, en los mismos términos propuestos en el requerimiento especial. (fls. 17 a 26 c. p.)
El recurso de reconsideración propuesto contra la liquidación oficial se decidió con la Resolución SH-112 del 3 de Abril de 2000, confirmando el acto recurrido. (fls. 27 a 56 c. p.)

DEMANDA
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la actora solicitó por intermedio de apoderado la nulidad de la Liquidación de Revisión y de la Resolución que la confirmó y como restablecimiento del derecho se declaren en firme las declaraciones privadas del Impuesto Predial del año gravable de 1996 presentadas.
Los cargos de la demanda se resumen así:
De acuerdo con lo previsto en los artículos 3° del Decreto Ley 3130 de 1968 y del Decreto 130 de 1976, la ley hace distinción en cuanto a la participación del Estado en las sociedades de economía mixta, y así se tienen dos categorías y regímenes jurídicos diferenciales a saber: sociedades de economía mixta con participación mayor o igual al 90%, cuyo régimen jurídico, incluido el tributario, se remite a lo regulado para las empresas industriales y comerciales del Estado, que es el caso de la Fiduciaria La Previsora, donde la participación estatal en el capital asciende al 99.9997%; y sociedades de economía mixta con participación estatal menor al 90%, a las que se aplica el régimen del derecho privado. Sin embargo la Dirección de Impuestos hace abstracción de la naturaleza jurídica de la demandante y la encuadra dentro de la segunda categoría descrita, lo cual riñe con la realidad.
La constitución de Fiduciaria la Previsora fue autorizada mediante Decreto 1547 de 1984 a través del cual se creó el Fondo Nacional de Calamidades, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa contable y estadística. En la actualidad, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, es una sociedad de economía mixta de carácter indirecto del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, como se consagra en el artículo 70 del Decreto 919 de 1989, vinculada al Ministerio de Hacienda, y tiene como objeto la realización de todas las operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias por el Código de Comercio y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Mediante los actos acusados, con base en diversos conceptos que aluden a situaciones aplicables a entidades financieras de derecho privado y a sociedades de economía mixta con participación estatal inferior al 90%, se abroga la Administración la facultad de aplicar a la actora un régimen diferente al ordenado por la ley, liquidando el impuesto predial a la tarifa del 15 por mil, que es diferente al que corresponde a las empresas industriales y comerciales (8.5 por mil), según el artículo 19 del Decreto 423 de 1996, con lo cual incurre en indebida aplicación de la norma.
En el caso debatido, de las dos tarifas específicas contenidas en el Acuerdo 39 de 1993, recogido por el artículo 19 del Decreto 423 de 1996, a saber: la del 15 por mil que se consagra para los predios destinados al funcionamiento de entidades financieras sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria; y la del 8.5 por mil que se consagra para los predios de las empresas industriales y comerciales del Estado; tiene aplicación prioritaria la tarifa específica para las empresas industriales y comerciales del Estado, por las siguientes razones:
Entre varias disposiciones que tengan una misma especialidad y se hallen en un mismo código se preferirá la disposición consignada en el artículo posterior (art. 5° Ley 57 de 1887). De otra parte, porque los bienes de las empresas industriales y comerciales del Estado tienen características de otras categorías de bienes, por lo que de atenderse a la destinación de los predios para determinar la tarifa aplicable, el tratamiento específico previsto para tales empresas quedaría sin efecto.
Lo anterior fue confirmado por la misma Dirección Distrital de Impuestos a través de los conceptos 081 de junio 27 de 1994 y 307 de mayo 25 de 1995.
Al ser improcedente el cobro señalado en los actos acusados, la sanción por inexactitud no es aplicable. Adicionalmente se desconoce con su imposición la diferencia de criterios respecto del derecho aplicable que se presentó durante la investigación, la cual se hace evidente con la simple remisión a los fundamentos esbozados por las partes en sede administrativa.
OPOSICIÓN
El apoderado del Distrito Capital al contestar la demanda precisó que para establecer la tarifa a la cual se debe tributar es necesario tener en cuenta la destinación del predio, de acuerdo con la clasificación prevista en el artículo 4° del Acuerdo 39 de 1993, por lo que la tarifa aplicable a los predios de propiedad de la entidad demandante es el 15 por mil, ya que según su objeto desarrolla actividades financieras.
Frente a la sanción por inexactitud estimó que no se configura la diferencia de criterios, toda vez que la demandante no aplicó en debida forma la normatividad relativa a la tarifa, y porque la claridad del artículo 19 del Decreto 423 de 1996, al prever la tarifa aplicable respecto de los predios en donde funcionan entidades financieras, no admite interpretación distinta a la que se deduce de la norma.


SENTENCIA APELADA
El Tribunal de instancia mediante la sentencia apelada declaró la nulidad de los actos acusados y en firme las declaraciones privadas presentadas por la actora, previas las siguientes consideraciones:
Fiduciaria La Previsora S.A., conforme a sus estatutos y lo certificado por la Superintendencia Bancaria, es una sociedad de economía mixta, de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado por el artículo 70 del Decreto 919 de 1989, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, cuya constitución fue autorizada por el Decreto 1547 de 1984. Su objeto social es la celebración, realización y ejecución de todas las operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias y la participación del Estado, de acuerdo a su composición accionaria, supera el 90%.
De lo dispuesto en los artículos 3° del Decreto Ley 3130 de 1968 y del Decreto 130 de 1970, así como de lo previsto en el parágrafo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998, se desprende claramente que las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte del Estado sea igual o superior al 90%, como es el caso de la actora, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado, pues cuando la ley se refiere al régimen jurídico éste comprende entre otros, el régimen impositivo de tales empresas.
Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que en los términos de los artículos 5° parágrafo 8 del Acuerdo 39 de 1993 y 19 del Decreto 423 de 1996, la tarifa del impuesto predial viene dada en consideración al sujeto y no al uso o destinación que se le de al predio, la tarifa que debe liquidar la actora, a quien se aplica el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, es del 8.5 por mil y no del 15 por mil, como lo determinó la Administración.
Al desparecer los fundamentos que dieron origen a la sanción por inexactitud, ésta resulta improcedente.

APELACIÓN



El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandada se sustentó en los siguientes términos:

Se consideran equivocados los argumentos aducidos por el Tribunal para anular los actos acusados, teniendo en cuenta que respecto del impuesto predial las tarifas deben observarse en relación al uso dado al predio. Es así como en la escala tarifaria se contemplaron las tarifas aplicables para los años gravables 1995 y siguientes, conforme lo señalado en el artículo 4° de la Ley 44 de 1990, y artículo 5° del Acuerdo 39 de 1993, según los siguientes criterios:
Tarifas fijadas de acuerdo a la destinación o uso del predio.

Tarifas de acuerdo al sujeto.

Las que califican al sujeto y especifican la destinación del predio.
Además los artículos 53, 54 y 55 del Acuerdo 6 de 1990, definen los usos y la zonificación para la estructura urbana de Bogotá, teniendo en cuenta el uso del suelo y los tipos de impacto que puedan producir, como el ambiental, físico y social.
En cuanto a los predios de las entidades financieras, en el parágrafo 7 del artículo 5° del Acuerdo 39 de 1993, como regulación específica se señaló que los predios en los que funcionen entidades del sector financiero sometidas a control de la Superintendencia Bancaria pagarán una tarifa del 15 por mil, aplicación que se hace sin importar que el propietario del predio tenga o no la calificación de entidad financiera, la tarifa grava el hecho de que dentro de la extensión del predio funcione una entidad del sector financiero.
Por tanto, deja de tener importancia la característica de la persona del sujeto pasivo, ya que lo importante para la aplicación de la tarifa es que dentro de la extensión del predio funcione una entidad financiera, sin tener en cuenta la proporción del mismo que ocupe, ni que el predio sea o no de una entidad financiera, debiendo tributar por el predio a la tarifa del 15 por mil, y nó del 8.5 por mil como erróneamente lo interpretó el Tribunal.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante reitera los fundamentos de la demanda y adicionalmente resalta el desconocimiento por parte de la Administración Distrital a la posición adoptada en los conceptos que sobre el tema discutido fueron emitidos por la misma entidad y la insistencia en apartarse de la naturaleza jurídica de la demandante para aplicar una tarifa que no le corresponde pagar.
La parte demandada insiste en que la tarifa que debe aplicarse es la que corresponde al uso de los predios de acuerdo con las normas que rigen el impuesto predial en el Distrito Capital.
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA



De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, corresponde en la instancia establecer, si en relación con los predios de propiedad de la actora, es procedente aplicar la tarifa del 15 por mil que se consagra para los predios destinados al funcionamiento de entidades financieras, como se dispuso en los actos acusados; o si por el contrario, asiste razón a la demandante cuando considera que la tarifa aplicable es la del 8.5 por mil que se consagra para los predios de las empresas industriales y comerciales del Estado, atendiendo a su naturaleza jurídica de sociedad de economía mixta del orden nacional.
Sea lo primero precisar que en relación con la naturaleza jurídica que corresponde a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., no existe controversia entre las partes, pues lo que se afirma por parte de la Administración Distristal es que atendiendo a la destinación o uso de los predios sobre los que recae el gravamen y al objeto social de la actora, debe aplicarse la tarifa que corresponde a las entidades del sector financiero, y no la prevista para la Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
En efecto, de acuerdo con los estatutos de la sociedad (fls.145 a 185 c.p.); lo certificado por la Superintendencia Bancaria (fl. 9 c.a.), y la composición accionaria que se describe en documento suscrito por contador publico (fl. 186 c.p.), esta plenamente probada la naturaleza jurídica de la accionante, que se define como una sociedad anónima de economía mixta, de carácter indirecto, y del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales el Estado por el artículo 70 del Decreto 919 de 1989, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuya constitución fue autorizada por el Decreto 1547 de 1984, con una participación estatal que asciende al 99.9997%.
Tal definición, tiene respaldo legal en los artículos 3° del Decreto Ley 3130 de 1968 y del Decreto 130 de 1980, que en su orden disponen:
“Artículo 3°- Del régimen jurídico para algunas sociedades de economía mixta.- Las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social se somete al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.”
“Artículo 3°. Del régimen aplicable a las sociedades con aporte nacional igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital social.- Las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital social, se sujetan a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado.”
De conformidad con las precitadas disposiciones, está claro que las sociedades de ecomonia mixta, con aportes estatales iguales o superiores al (90%) se rigen por el régimen jurídico previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
Ahora bien, de ese régimen jurídico, tal como lo precisó el Tribunal y lo ha expresado la Sala en anteriores oportunidades, forma parte el régimen tributario, porque es expresa la remisión que hace la ley de manera general para la totalidad de su régimen jurídico, razón por la cual, aun en materia impositiva, las sociedades de economía mixta de carácter nacional que tengan dicha conformación de su capital social, como es el caso de Fiduciaria la Previsora S.A., están sometidas a la normatividad tributaria aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, salvo que de manera expresa se excluyan de la misma.1
Así las cosas, si respecto de las empresas industriales y comerciales del Estado, se consagra en el régimen tributario distrital una tarifa específica del impuesto predial unificado, esa tarifa es igualmente aplicable a las sociedades de economía mixta del orden nacional con participación estatal superior al 90%, independientemente de la actividad que realice, sin que pueda admitirse un tratamiento distinto en razón al uso de los predios de propiedad de tales sociedades, puesto que prevalece la definición del sujeto frente a la destinación del predio, cuando la norma que la consagra no hace distinción al respecto.
En efecto, dispone el artículo 19 del Decreto Distrital 403 de 1996 que recogió el artículo 4° del Acuerdo 39 de 1993:
“ARTÍCULO 19. Tarifas. –En desarrollo de lo señalado en el artículo 4° de la Ley 44 de 1990, las tarifas del impuesto predial unificado, son las siguientes:
(...)


Entidades del sector financiero


Los predios en los que funcionen Entidades del sector financiero, sometidas al Control de la Superintendencia Bancaria, o quien haga sus veces.

15%o (quince por mil)



Empresas Industriales y Comerciales del Estado


Las empresas industriales y comerciales del Nivel Distrital, Departamental y Nacional


8.5%o (ocho y medio por mil)


Como se observa, es clara la norma al establecer una tarifa específica del 8.5 por mil para las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, departamental y distrital, sin hacer distinción alguna respecto al uso o destinación del predio. Esto es que la tarifa se consagra en razón al sujeto y no a la destinación del predio. Mientras que tratándose de entidades del sector financiero, se atiende al criterio de uso o destinación del predio.
Se tiene entonces, que cualquiera sea el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado, incluidas las actividades propias del sector financiero sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, como es el caso de la Fiduciaria La Previsora, no puede darse a tales empresas el tratamiento previsto para las entidades del sector financiero, pues ello equivaldría a desconocer el régimen jurídico aplicable, del cual hace parte la tarifa específica que por voluntad del legislador fue prevista en razón a su naturaleza jurídica.

En síntesis, no asiste razón a la Administración cuando pretende aplicar a los predios de la demandante la tarifa prevista para las entidades financieras, amparada en el uso o destinación de los predios, pues tal interpretación se aparta del expreso mandato contenido en la norma que consagra una tarifa específica atendiendo a su naturaleza jurídica de sociedad de economía mixta del orden nacional sujeta al régimen jurídico tributario de las empresas industriales y comerciales del Estado.
Procede en consecuencia la confirmación de la sentencia apelada, y se niega la prosperidad del recurso de apelación interpuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
F A L L A:
CONFÍRMASE la sentencia apelada.
Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Se deja constancia de que ésta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Ligia López Díaz German Ayala Mantilla

presidente de la sección

María Inés Ortiz Barbosa Juan Ángel Palacio Hincapié


Raúl Giraldo Londoño

Secretario


1 Sentencia de septiembre 4 de 1992, Exp. 3945, C.P. Consuelo Sarria Olcos.


1 Sentencia de septiembre 4 de 1992, Exp. 3945, C.P. Consuelo Sarriá Olcos.


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