Observaciones concretas al anteproyecto de ley de economia sostenible






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títuloObservaciones concretas al anteproyecto de ley de economia sostenible
fecha de publicación26.05.2015
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OBSERVACIONES CONCRETAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE

Nuestras observaciones concretas, en relación con los preceptos del texto articulado que en cada caso se indica, son:

Art. 93.3.- Entendemos que el órgano paritario deben integrarlo, junto con las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales existentes en el territorio, en vez de las empresas con centros de trabajo radicados en el territorio. Hay que señalar que la formación es una labor que, por ejemplo, en el sector de la construcción ya está desempeñando, con notable eficacia, la Fundación Laboral de la Construcción, que es paritaria entre sindicatos y la Confederación Nacional de la Construcción.

Capítulo IV, art. 128 a 134.- La rehabilitación es una actividad que tiene varios grados de intensidad, cuyos promotores son distintos. En el caso de las pequeñas operaciones individuales (reforma de cuartos de baño, limpieza de fachadas, arreglo de cubiertas, etc.) el promotor de la rehabilitación es el propio consumidor final (el dueño de la vivienda o la comunidad de propietarios); en ese caso, no hay razón fiscal para exonerarle del IVA, aunque pueda haber razones económicas para aplicarle, como se viene haciendo en Europa desde hace años, un tipo reducido. En demasiadas ocasiones, además, esas pequeñas obras, especialmente en épocas de crisis, son campo abonado para el florecimiento de la economía sumergida.

En el caso de las grandes operaciones de remodelación de barrios, los promotores deben ser las administraciones públicas, pues sólo ellas disponen de la competencia legal necesaria para coordinar todos los factores afectados: viario, servicios urbanísticos, expropiaciones, etc.

En el caso intermedio, que es el común en Europa y razón por la que las cifras en volumen de negocio son tan importantes en los países punteros, los promotores de la rehabilitación son empresas, que no limitan su acción a una sola vivienda, sino que la unidad de actuación es el edificio completo; y que suelen actuar dentro del campo de la legalidad en vez de en el de la economía sumergida. Y para que las empresas participen en la operación, hoy poco desarrollada, es preciso poner las condiciones que permitan a las empresas promotoras una actuación dotada de plena seguridad jurídica y de igualdad de trato con otras posibles actividades de esas empresas.

Ello implica la necesidad de dotar a la actividad de neutralidad fiscal: es decir, que tanto la compra del material de base –el edificio- como todo el resto de los bienes y servicios que se incorporan al edificio, hasta su devolución al mercado, esté sometido al mismo régimen fiscal que las demás empresas, tributando sólo por IVA y no por ITP, y sin que esa tributación esté sometida a ninguna restricción a la deducibilidad del IVA soportado, como ocurre actualmente; restricción que debe ser eliminada por completo, porque la empresa promotora no es el destinatario final, de modo que no puede ser sujeto gravado por el tributo.

Otra necesidad es la de dotar a las empresas de los medios legales para lograr el desalojo forzoso (acompañado de las cautelas que sean necesarias y de la obligación de proporcionar el realojo) y en un plazo económicamente viable de los edificios que deban ser objeto de una rehabilitación importante.

Finalmente, también es necesario que las ordenanzas municipales y las que regulan la prestación de servicios urbanísticos tengan la necesaria flexibilidad: no se puede imponer la obligación, por ejemplo, de que las casas que superen un cierto número de plantas estén dotadas de ascensor tras su rehabilitación, si éste no cabe y si, en tal caso, el municipio no está dispuesto a innovaciones tales como permitir construir el ascensor por fuera del edificio, como hace el de Barcelona.

No tiene sentido quejarnos el porcentaje de viviendas desocupadas en España, cercano al 15%, cuando no se facilita la labor rehabilitadora de las empresas; especialmente si tenemos en cuenta que el coste final de un edificio rehabilitado suele superar el coste que tendría el derribo del edificio y su posterior reedificación. Por el contrario, en las circunstancias normativas actuales, el interés de los propietarios de edificios antiguos, normalmente habitados por inquilinos de renta antigua y cuya rehabilitación es muy onerosa, es que sean declarados en ruina.

Art. 51.3.- Proponemos la eliminación de este precepto. Prever un régimen más favorable para las empresas de reducida dimensión o para los trabajadores autónomos puede producir el efecto contrario al pretendido: al ser su contratación más gravosa para la contraparte, ésta tenderá a no contratarlos, en la medida en que le sea posible.

Art. 41.- Establecer distintos plazos en función de las mayores o menores complicaciones que puede tener la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada en función de la naturaleza jurídica de sus socios o del órgano de administración, puede tener sentido; no lo tiene incluir el capital social entre esas circunstancias.

Madrid, 28 de diciembre de 2009.



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