Declaración contra la Economía Sumergida en la Comunidad Valenciana






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fecha de publicación26.05.2015
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Declaración contra la Economía Sumergida en la Comunidad Valenciana
En el Acuerdo sobre las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana en febrero del año pasado se establecían, entre otros compromisos, la necesidad de impulsar actuaciones que pudieran hacer frente a la economía irregular.
Los efectos que la economía sumergida conlleva son en estos momentos más evidentes que nunca. No solo los trabajadores, también las empresas que, en su mayoría y pese a las dificultades actuales, cumplen con todas sus obligaciones, sufren con mayor rigor las actuaciones irregulares, desleales e insolidarias por parte de aquellas que operan en la economía sumergida. En este contexto, las condiciones de trabajo que se ven obligados a soportar los trabajadores y trabajadoras no alcanzan los más básicos derechos laborales, al tiempo que dificultan o imposibilitan el acceso a las prestaciones sociales. Estas prácticas son una lacra para el conjunto de la sociedad y un lastre para el desarrollo económico y social, porque impide el reconocimiento y visibilidad de empresas y actividad, no asume contribución impositiva alguna, se defrauda en el IVA, no se paga el Impuesto de Sociedades ni a los trabajadores el salario establecido legalmente, además de no cotizar a la Seguridad Social. La economía irregular socava, no solo el crecimiento económico, sino al propio Estado del bienestar que entre todos estamos sosteniendo.

 

Ante esta situación, y por lo que determinados estudios técnicos están denunciando: que en nuestra comunidad autónoma el fraude a Hacienda (y su correspondiente correlato a la Seguridad Social) se sitúa en torno al 25% del PIB, los agentes sociales emplazamos y queremos comprometer a las Administraciones Públicas a multiplicar los esfuerzos para erradicar estas prácticas. Según los estudios técnicos referidos, en España, y también en la Comunitat Valenciana, mantenemos una de las tasas más altas de nuestro entorno europeo.
Una disminución sustancial de la misma, para llegar a estándares equivalentes a la media europea, conllevaría una mejora de la situación económica y social, al producirse una mayor actividad empresarial ordinaria y una mayor recaudación; así como una mejora en las condiciones de trabajo.

 

Cuando trabajadores, empresas y Administraciones, la sociedad en su conjunto, lleva años de ajustes, con la contribución diaria para salir de la actual crisis, las actitudes y conductas de elusión y fraude en la contribución económica para el sostenimiento del sistema, deben contar hoy más que nunca con la denuncia, con el rechazo social, con la reprensión pública y con la acción legal pertinente por parte de las autoridades.

 

Debemos exigir a todas nuestras Administraciones, tanto la Administración central, que es donde residen la mayor parte de las competencias: Inspección de Trabajo, INSS, Tesorería General de la Seguridad Social, Ministerio de Hacienda, así como a las Administraciones Autonómica y Local, en sus respectivas responsabilidades, que actúen de manera eficaz contra el fraude, con campañas de denuncia, concienciación y fiscalización efectivas, con resultados objetivos y constatables, que lleguen a toda la ciudadanía. Campañas que permitan detectar y actuar contra las bolsas de fraude fiscal, el trabajo clandestino, contra la falta de afiliación a la Seguridad Social, contra conductas que atenten contra la seguridad y la salud en el trabajo y el fraude en contratación laboral. Unas actuaciones diseñadas de forma eficiente y coordinadamente entre todos los implicados, que maximice recursos y evite resultados estériles.

 

Se hace necesario un Plan Integral para la Prevención y Control de la Economía Sumergida y sus consecuencias económicas y sociales. Plan que necesariamente debe contar con la asistencia de los agentes sociales y con el que debemos dar una respuesta efectiva a un problema al que la sociedad valenciana debe enfrentarse resueltamente.
Suscriben en Valencia, a 3 de febrero de 2014,


José Vicente González Presidente CIERVAL

Paco Molina Balaguer


Secretario general CCOO PV

Conrado Hernández Secretario general UGT-PV

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