Intervención del presidente de cea, santiago herrero, en el acto de toma de posesióN






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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE CEA, SANTIAGO HERRERO, EN EL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN

Sevilla, 18 de marzo de 2010

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía,

Excmos. Sres. Consejeros,

Excmas. e Ilmas. Autoridades,

Queridos Presidente y Secretario General de CEOE,

Señores Secretarios Generales de UGT y CCOO,

Queridos amigos,

Señoras y señores,
Hoy, como hace cuatro años, deseo comenzar mi intervención con la expresión de mi más profundo agradecimiento a todos vosotros que me acompañáis en el inicio de este tercer mandato al frente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
Gracias a los miembros de la Asamblea General, que han tenido a bien concederme de nuevo su confianza. Todos ellos saben que, como he hecho hasta ahora, cuentan con mi firme compromiso para trabajar sin descanso y con toda la ilusión y el esfuerzo necesarios para no defraudarles.

Gracias al Presidente de la Junta de Andalucía, a los Consejeros que le acompañan, así como a las demás autoridades y representantes de instituciones andaluzas con las que tenemos en común la preocupación y el mejor afán por servir a nuestra tierra.

Gracias a Gerardo Díaz Ferrán y a José María Lacasa, presidente y secretario general de CEOE, por su afectuosa compañía.

Gracias a los secretarios generales de CCOO y UGT, con quienes me une una estrecha relación personal y un compromiso común por el desarrollo de Andalucía desde la búsqueda permanente del acuerdo desde la legítima defensa de los intereses de cada organización.

Gracias a todos los empresarios, a los que estáis aquí esta mañana y a todos aquéllos que, desde los distintos territorios y sectores productivos, creen en las organizaciones y dedican parte de su tiempo a la defensa de los intereses empresariales.
Gracias a todos y cada uno de los amigos que me acompañan y que proceden de los distintos grupos en los que se desenvuelve mi vida cotidiana: las Hermandades de Las Penas y del Rocío de Triana, representadas por sus hermanos mayores, y mis paisanos de Villanueva del Ariscal, con su alcalde al frente. A esta localidad me encuentro vinculado desde mi nacimiento, y tuve el honor de ser nombrado hijo adoptivo por acuerdo unánime de su Ayuntamiento.
A mi mujer y a mis hijos y al resto de mis familiares. Unos por gentileza y otros por sentimiento me acompañan en todos los actos relevantes de mi vida personal, profesional o empresarial, y éste lo es, sin duda.
Gracias a todos ellos por su compañía y su aliento.

Os agradezco a todos muy sinceramente vuestra presencia, y me reconforta vuestra cercanía. Es grato sentirse tan bien acompañado cuando inicio un tercer mandato en un entorno cargado de graves incertidumbres y riesgos, pero también de esperanza.
No puedo finalizar este apartado sin dedicar un agradecimiento especial a Miguel Santaella y Javier Ciézar, que me han acompañado como vicepresidentes y que por decisión propia dejan paso a otras personas. Siempre les estaré agradecido por su amistad, por su labor, por su dedicación y por el apoyo prestado en todos estos años.
Ellos, junto a Antonio Ponce y José Manuel Ledesma, que continúan, han sido fundamentales para llevar a cabo los fines que nos habíamos propuesto. El testigo lo recogen Vicente García Martín, de la CEM, y Federico Muela, de FADECO, a quienes expreso mi más cordial bienvenida a la nueva responsabilidad que asumen.

No debo soslayar una cuestión relevante. A los empresarios nos afectan las circunstancias económicas. Y cuando dirigimos organizaciones como ésta es inevitable la trascendencia que tienen las mismas ante la opinión pública. Ni deseo ni es bueno reabrir el debate sobre el modelo de patronal que nos conviene a los intereses empresariales, porque no es el momento y ya me referí a ello cuando sí era oportuno hacerlo. Al margen de las cuestiones que afectan a Gerardo como empresario con intereses concretos, su gestión como presidente de la CEOE ha gozado de una aceptación general del empresariado, reaccionando éste de manera muy positiva con respecto a su gestión, a la entrega personal, y aceptación de riesgos por encima de lo que era en unos casos previsibles y en otros exigibles.

La opinión empresarial se ha hecho eco de eso, y ello explica que en cuantas ocasiones Gerardo ha puesto a nuestra disposición la titularidad de su cargo, le hemos pedido que continue.

Creía hace unos meses y lo sigo creyendo ahora que las organizaciones no funcionan si los que las dirigimos no mantenemos una línea clara de lealtad a estas mismas organizaciones, como principio fundamental de nuestro comportamiento como dirigentes empresariales, y eso justifica las lealtades personales labradas en el transcurso de las tareas llevadas a cabo en beneficio de un proyecto común.

Con frecuencia me veo concernido en una situación inexistente. En la presidencia de la CEOE no se espera que haya vacante hasta que su presidente lo decida, por el transcurso del tiempo de los mandatos o por cualquier otro motivo que él estime.

Ésta es la cuestión que yo no quería de ninguna manera soslayar. Gerardo debe saber que cuenta con mi colaboración leal; lealtad labrada en el transcurso de las tareas llevadas a cabo en un proyecto común.
Cuando hace cuatro años, en enero de 2006, recibí la confianza para continuar al frente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, no imaginábamos que la situación iba a cambiar tanto y de forma tan radical en poco tiempo. Celebrábamos, entonces, el crecimiento de la economía andaluza por encima de la media española y europea, el alto índice de creación de empresas y las buenas perspectivas de un tejido empresarial volcado con el desarrollo de Andalucía y el empleo.
Pero, desafortunadamente, llegó la crisis económica y financiera, y trastocó todos los planes previstos.
Y lo que comenzó interpretado por algunos como una simple desaceleración dio pronto la cara como la crisis económica más importante de la historia reciente de nuestro país. La más grave de los últimos ochenta años, según señaló recientemente el propio presidente del Gobierno español.
Su virulencia ha sido de tal envergadura que han bastado dos años para lastrar quince de crecimiento sostenido, de estabilidad en las cuentas públicas y una fuerte creación de empleo. Dos años en los que se han destruido más de un millón de empleos, el paro ha alcanzado cotas inimaginables, el desajuste de las cuentas públicas se puede calificar de histórico y los precios han quedado literalmente bajo cero.
Los últimos datos de los estragos de la crisis son estremecedores. Un reciente informe afirma que durante los dos primeros meses del año 2010 nada menos que 15.566 empresas se han dado de baja de los ficheros de la Seguridad Social por falta de actividad. O, dicho en otros términos, desde que comenzó el año cierran cada día 264 empresas en nuestro país.

Lo preocupante no es sólo el número, sino que apenas 2.059 empresas (el 13% del total) estaban relacionadas directamente con el sector de la construcción, lo que significa que se ha producido una especie de metástasis en el tejido productivo del país. Cada día cierran más empresas que no estaban relacionadas directamente con el sector inmobiliario.

La recesión se ha llevado por delante una de cada diez empresas que tenía  este país en 2007, lo que da idea de la intensidad de la crisis.

El dato concluyente y dramático es que hoy hay menos empresas cotizando a la Seguridad Social de las que había en 2004.

Asimismo, la sangría empresarial también ha afectado de lleno a los empresarios autónomos, que caen sin parar desde junio de 2007. Desde el inicio de la crisis han desaparecido unos 35.000 autónomos en Andalucía, y unos 250.000 en el contexto nacional.

No existe unanimidad sobre la evolución de la crisis, y las opiniones se dividen sobre si ya ha pasado o no lo peor; si está cercana la recuperación y sobre cuándo será posible volver a la senda de creación de empleo. Lo que parece claro es que la incertidumbre seguirá presidiendo todo el año 2010, y hay quien habla de que nos espera una década perdida a causa de la persistente falta de competitividad de nuestra economía.
Es verdad que los empresarios nos hemos enfrentado con éxito a duras pruebas en el pasado; dificultades que fueron superadas, y estoy convencido de que ésta no va a ser la excepción. Pero para ello es preciso, además de un gran esfuerzo de toda la sociedad española, que se pongan en marcha las políticas adecuadas. Políticas que la propia CEOE establece en cuatro retos fundamentales.
La sostenibilidad de las cuentas públicas. En apenas dos años, el sector público ha pasado de tener un superávit de más de dos puntos del PIB a ser uno de los países de mayor déficit público de la OCDE. Pero el problema añadido es el daño que sufren las finanzas públicas. Los ingresos se han reducido drásticamente, pero la solución tiene que venir por la reducción del gasto.
Por otra parte, la ineficiencia del mercado de trabajo. El mercado de trabajo de nuestro país no funciona correctamente. En etapas de crecimiento seguimos manteniendo unas tasas de paro que son el doble del resto de los países de la Unión Europea, y en épocas de crisis nos vamos a cifras insostenibles.
Hay razones más que suficientes para afrontar una ambiciosa y profunda reforma, expresión utilizada por el propio Gobierno de la nación.
Es evidente que nuestro marco legal e institucional del mercado de trabajo está desfasado, y no puede dar respuestas y soluciones a los problemas actuales de nuestra economía y del sistema de relaciones laborales con los mismos esquemas y elementos estructurales de hace treinta años.
Nuestro único problema no es el costo del despido, sino el mal funcionamiento del mercado de trabajo en su conjunto.
En efecto, es una anomalía que tan sólo sean indefinidos el nueve o diez por ciento de los contratos que se firman, como también lo es que más del 70 por ciento de los despidos de nuestro país sean disciplinarios e improcedentes, cuando en origen son objetivos y producidos por causas económicas, tecnológicas o de producción. Que un empresario deba resolver un exceso de plantilla porque se lo impone el mercado, con un coste económico muy superior al que prevé la Ley, es una situación que inevitablemente deberemos corregir si todas las partes afectadas por el futuro acuerdo deseamos sinceramente una eficaz reforma laboral.
Los empresarios no pretendemos que los despidos carezcan de causa alguna, ni tampoco defendemos contratos sin causa que los justifiquen, ni pretendemos dinamitar los principios y piezas esenciales que justifican y definen el derecho laboral, sino que, por el contrario, queremos y pretendemos ganar en capacidad organizativa, tomando las decisiones correspondientes de acuerdo con las circunstancias económicas y la situación de los mercados en los que se desarrolla la actividad empresarial.
Estamos obligados a reformar una situación sobre la cual no es posible apoyar cambio alguno de nuestro modelo productivo, y a modificar la regulación de nuestro mercado de trabajo para que el contrato estable gane porcentualmente tamaño en relación con el total de la contratación, en búsqueda, a medio plazo, de un nuevo equilibrio de la regulación laboral más acorde con la flexiseguridad que imponen los actuales tiempos. El trabajador debe saber que si pierde su empleo el sistema le va a proteger y a tratar de emplear a corto plazo, buscándole un nuevo empleo. Y el empresario debe, a diferencia de lo que ahora ocurre, estar absolutamente seguro de que si vienen mal dadas las circunstancias, podrá acomodar su plantilla a la demanda existente, a un coste razonable de modo que pueda aspirar a retornar a la normalidad lo antes posible. Este es el objetivo deseable y esta es la materia esencial de nuestro Acuerdo ¿Lo alcanzaremos? Debemos hacer lo posible para lograrlo, pero también hay que estar predispuesto a decir que no si con los elementos en juego no logramos el nivel de flexibilidad y de eficacia que nos demandan los mercados.
Para encontrar estas soluciones, apostamos una vez más por el diálogo en la concertación social; todas las reformas laborales acordadas en el seno de los Acuerdos Sociales han dado sus frutos y resultados positivos, pero la responsabilidad del Gobierno no debe quedar supeditada a la viabilidad de estos Acuerdos.

Inevitablemente, surge la pregunta que a todos nos preocupa: ¿cuándo volverá a crear empleo la economía española?

Si tenemos en cuenta que aún no se puede aceptar como hecho cierto que la recesión haya finalizado y que una hipotética incipiente recuperación no afecta, en principio, al empleo, el panorama próximo no es muy alentador. A finales del pasado año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicaba un estudio titulado ‘Informe sobre el trabajo en el mundo’, en el que se pregunta cuándo volverá el empleo a los niveles anteriores a la crisis, y la respuesta es altamente preocupante: para los países con un alto PIB per cápita, como España, la fecha será el año 2013, a no ser que se adopten medidas más decisivas para la creación de puestos de trabajo.
El tercer reto sería la recuperación de la competitividad de nuestra economía, que para todos nosotros debiera convertirse en una auténtica preocupación. Ante la imposibilidad de recurrir a la devaluación, el único camino para moderar costes y competir es ganar en productividad, para lo que es necesario dotar a la economía de una mayor flexibilidad y menores costes con impuestos más bajos, reformas estructurales, modernización de las administraciones públicas y reforma del sistema educativo.
Y quedaría, por último, el difícil acceso a la financiación, que es, a corto plazo, el problema más grande al que se está enfrentando nuestro tejido productivo, -en especial, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos-, tanto para proyectos de inversión como para capital circulante.
Es inaplazable afrontar de forma contundente e inmediata estos retos, que se han convertido en auténticos desafíos de una crisis económica de consecuencias muy perniciosas para la empresa y el empleo.
Estas propuestas se deben completar con la reforma del sistema de la justicia, de la educación, de las administraciones públicas, de los sistemas de pensiones y de la fiscalidad.
Todo ello es imprescindible para crear una economía flexible, abierta y competitiva que permita crear empleo, mantener la protección social y crecer sin desequilibrios.
El presente 2010 se debate entre ser el año de la recuperación económica o del estancamiento. Todo dependerá de las reformas que se pongan en marcha. Lo que está claro es que el ejercicio actual no será el del empleo.
No creo necesario insistir en las consecuencias de la crisis en Andalucía. Ciertamente, 2009 ha sido un año para olvidar. Un medio de comunicación aseguraba recientemente que el periodo entre el otoño de 2008 y el otoño de 2009 constituye el peor año que posiblemente vamos a conocer los que estamos vivos, y la mayoría de los expertos lo califican como la mayor depresión de los últimos cincuenta años.
Los datos hablan por sí solos: en Andalucía, sólo en 2008 desaparecieron más de sesenta mil empresas, la actividad económica se ha reducido en un 3,5 por ciento, y la cifra de parados, a finales de 2009, se situó en 1.034.000 personas, lo que supone la cuarta parte de los desempleados españoles.
Y las perspectivas para este año mantienen los interrogantes sobre si podemos esperar una senda de crecimiento sostenido o se trata, más bien, de la constatación de que, simplemente, Andalucía no va a empeorar más.
Los empresarios no podemos ni debemos quedarnos impasibles porque hemos sido protagonistas del desarrollo de Andalucía en los últimos treinta años.
Muchos de los que estamos hoy aquí podemos constatar con conocimiento de causa lo mucho que ha dado de sí este tiempo en el que, entre todos, se ha construido una Andalucía que muy poco parecido tiene con la de 1980. Muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos del intenso proceso de modernización de la economía andaluza, del enorme peso que esta tierra ha ganado en el contexto nacional y de la proyección internacional de muchas de sus empresas. Todos sabemos que Andalucía ha conseguido despojarse de los atributos propios de una economía subdesarrollada y marginal a escala europea para pasar a integrarse en el mundo desarrollado de siglo XXI. Hace sólo unos días, leía un dato muy llamativo y, sin duda, indicativo del cambio producido: la renta familiar disponible era de 2.420 euros en 1983 y de casi 13.000 euros en 2008, lo que supone que se ha multiplicado por seis.
Es decir, en estos treinta años hemos asistido a un muy notable crecimiento económico, en los que Andalucía se ha modernizado, se ha abierto al mundo, y ha mejorado sensiblemente la mayoría de los parámetros económicos, sociales y culturales.
En estas tres décadas han surgido las mejores generaciones de empresarios de toda la historia de Andalucía, que son las que han cimentado el crecimiento económico acaecido en esta pasada época de bonanza.

Y muchas de esas empresas han pasado de desarrollar su actividad en una economía local a una economía internacional, y de sectores tradicionales a la innovación tecnológica.

Empresas que han conseguido hacerse un hueco en el difícil mercado internacional, convertidas en auténticos referentes para todo el país.

Ahí tenemos el ejemplo paradigmático de la industria agroalimentaria, nuestra joya de la corona. En esos años, el capital andaluz ha recomprado las empresas agroalimentarias que en la década de los setenta pasaron a manos extranjeras. Además, hemos alcanzado avances muy importantes en el terreno de la biotecnología, de modo que, hoy por hoy, empresas andaluzas están pagando investigación biotecnológica en universidades norteamericanas o israelíes.

No me resigno a citar el caso curioso de una empresa situada en el centro de Andalucía que está presente en los principales aeropuertos del mundo porque es especialista en una sofisticada tecnología que evita la congelación de los fuselajes de los aviones. O una empresa andaluza elegida por las grandes superficies multinacionales españolas y americanas para hacer el control de calidad de los productos agroalimentarios y de los suelos; empresa que ha abierto delegaciones propias en países del sur de América y del arco mediterráneo.

Y no puedo olvidarme de numerosas empresas de sectores tan tradicionales como el turismo y la construcción, muchas de las cuales tienen su origen en el esfuerzo particular de personas ejemplares, algunas aquí presentes, que han sido capaces de convertir su ilusión en grandes empresas con presencia internacional.

Con todo esto quiero deciros que los empresarios, especialmente los andaluces, estamos acostumbrados a sortear dificultades, hemos atravesado épocas de graves crisis, y, sin embargo, hemos sabido erigirnos en protagonistas de la creación de riqueza y empleo a poco que las circunstancias lo han permitido.



Y no debemos olvidar que muchas de las empresas exitosas de hoy nacieron en momentos muy duros, cuando la crisis era permanente, y era mucho más difícil que hoy abrirse camino como empresario.
Durante los años del desarrollo, la imagen del empresario se ha proyectado como la de un generador de riqueza y empleo; pero, cuando llega la crisis, el cierre de empresas y el desempleo, muy pocos valoran el esfuerzo de los empresarios por mantener sus empresas y los puestos de trabajo a costa de su sacrificio personal y patrimonial; o su integridad física, pues el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha hecho pública una sentencia en la que considera que una agresión al empresario no es motivo en sí misma de despido; o de su seguridad familiar, pues no son pocos los empresarios que reciben presiones con manifestaciones ante su domicilio particular.
De este modo, no es tarea sencilla que las nuevas generaciones opten por la iniciativa empresarial. Nadie se dedica a una actividad que la sociedad no valora.
Recojo, en este sentido, unas palabras del Príncipe de Asturias, con motivo de su última visita a Sevilla en las que apostó por estimular en la juventud el espíritu de iniciativa y la vocación emprendedora en todos los ámbitos. ‘La juventud no puede permanecer inactiva ante su propio destino, -dijo don Felipe-, pero tampoco se puede exigir ilusión y motivación a los jóvenes si no somos capaces de ofrecerles las condiciones necesarias para que puedan planificar y desarrollar sus vidas con confianza y seguridad’.
Esas condiciones pasan, ineludiblemente, por un cambio de mentalidad social que conceda al colectivo empresarial el alto prestigio que merece quien es capaz de iniciar la aventura de crear riqueza y empleo.
Estoy convencido de que la actitud que, personal y colectivamente, mantengamos ante la crisis influirá decisivamente en su solución definitiva.
Dicho con otras palabras: no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos reiterado al Gobierno central que adopte las medidas que consideramos imprescindibles ante la emergencia actual; los empresarios hemos manifestado reiteradamente nuestra disposición al diálogo social, y prueba de ello es el Acuerdo sobre Negociación Colectiva recientemente alcanzado con los sindicatos; es un acuerdo por tres años que aporta estabilidad y confianza a los negociadores, y les permitirá llevar a cabo una planificación salarial más realista y ajustada al ciclo económico en el que nos encontramos.
Un acuerdo que a la vez propicia elementos orientativos para una mejor adaptabilidad de las empresas a las estructuras económicas y de los mercados y para una mejor estabilidad en el empleo.
Junto a ello, no menos importante es el criterio común, compartido con las organizaciones sindicales, de la necesidad de afrontar la negociación colectiva de estos próximos tres años bajo el criterio fundamental de la moderación salarial como elemento necesario para revitalizar la competitividad de la economía española.
Se trata, en definitiva, de un Acuerdo en el que por primera vez se reconoce por los interlocutores sociales que es necesaria una política de moderación salarial en aras de la creación de empleo, además del compromiso de seguir avanzando en otros ámbitos de concertación, de carácter bipartito, por un lado, para adentrarnos en un proceso de reformas del modelo de negociación colectiva, y de carácter tripartito, por otro, para avanzar fundamentalmente en la posibilidad de una reforma del mercado de trabajo.
Una reforma que debe abordar materias como flexibilidad interna y externa de las empresas, expedientes de regulación de empleo, contratación, absentismo laboral, etc., con el objetivo primero y último de favorecer el funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar la empleabilidad y la competitividad empresarial.
Todos estos contenidos le confieren al Acuerdo para la Negociación Colectiva un valor que no ha sido puesto en entredicho en el seno de los órganos de gobierno de nuestras Organizaciones Empresariales que es donde deben debatirse las posiciones y, en su caso, resolverse las contradicciones. Otra cosa son las contradicciones de quienes sólo hablan bajo el anonimato de la filtración.
En cualquier caso, es evidente que nuestro país no puede esperar a que la economía internacional se recupere y tire de la española. Es verdad que nuestro patrón de crecimiento ha mostrado signos de agotamiento; es cierto que las medidas adoptadas por el Gobierno no han surtido el efecto deseado, pero no sería lícito pasar en poco tiempo de creernos uno de los países locomotora de Europa, en cuanto a empuje y dinamismo económico, a ser presos de la desconfianza, con las nefastas consecuencias que tal actitud puede tener para los inversores nacionales y extranjeros.
España sigue siendo un país desarrollado, que ha alcanzado innegables logros sociales y metas económicas en distintos sectores de la economía mundial; mantiene un buen nivel de infraestructuras y un importante capital humano, lo que supone que este país cuenta con mimbres suficientes para levantarnos sobre el desconcierto actual y actuar con el coraje y la diligencia que la situación exige.
Lógicamente, es necesario un diagnóstico certero de la situación, valentía y generosidad por parte de los representantes políticos, medidas impopulares, acometer reformas que se presentan inaplazables, y el convencimiento general, real y responsable de que sin ellas podemos dejar de ser una de las diez naciones más desarrolladas del mundo.
Los empresarios intentamos adaptarnos a las circunstancias económicas y políticas que ofrece el entorno y, a partir de ahí, avanzar todo lo que sea posible.
Además, creo que cada territorio debe aprovechar los factores de competitividad que posee. Por eso, no hay que demonizar los sectores tradicionales, sino ajustarlos a su importancia real. Es evidente que caminamos hacia un cambio de modelo, pero insisto en que debemos preservar lo que funciona y detener su caída. Se deben potenciar las actividades que puedan suplir el decaimiento de la construcción y el turismo, las dos columnas en las que se ha basado nuestro crecimiento, pero no debemos abandonar nuestros factores competitivos.
No se trata, en modo alguno, de plantear un enfrentamiento entre los sectores tradicionales y los emergentes; los cambios no se improvisan ni se dan de un día para otro, ni se pueden imponer por ley. Pero no debemos dejar de hacer lo que ha funcionado y nos ha permitido crecer. Es más, si no apoyamos a las empresas del turismo y la construcción desaparecerán muchas de ellas que no serán sustituidas por otras de un supuesto nuevo modelo hasta mucho tiempo después, llegado el caso. Y con ellas desaparecerá el empleo que ofrecían.
La llamada nueva economía que se alienta tardará en materializarse, al tiempo que escasean otras opciones a corto plazo.
Antes que plantear un cambio de modelo económico, creo que hay que estudiar un nuevo modelo de gestión de la economía, a fin de que todos los sectores puedan ser competitivos en el entorno que desarrollan sus actividades.
Debemos impulsar un modelo de desarrollo con mayor peso del sector industrial tanto de la industria tradicional, como de la que está surgiendo alrededor de las nuevas actividades relacionadas con la investigación, el medioambiente y las energías renovables.
Este sector debe ser un pilar esencial en el que pivotar el cambio hacia el modelo de desarrollo sostenible que tanto se pregona, porque son, precisamente, las empresas industriales las que más esfuerzo inversor han realizado para mejorar la sostenibilidad ambiental y para ser más eficiente en el uso de los recursos.

Además, es un hecho constatable que las economías más industrializadas son las que menos están sufriendo los efectos de la crisis y las que menos empleos están destruyendo y las que apuntan a una más rápida recuperación.
Es preciso contar con apoyos claros y con estrategias de gobierno, más allá de los planes, que marquen una política industrial solida y creíble que sea de impulso a la actividad y que elimine los obstáculos que afectan a la competitividad y desarrollo del sector.
Al mismo tiempo, deben ser objeto de apoyo los sectores de las nuevas tecnologías de la información, la investigación y el desarrollo y, sobre todo, la innovación.
De todos modos, si algo caracteriza nuestra situación actual es, sin ningún género de dudas, la desconfianza.
Una desconfianza que afecta a nuestra imagen internacional y, por tanto, a nuestros mercados; una desconfianza que afecta a nuestra capacidad económica y de ahorro y, por tanto, al consumo; una desconfianza que afecta a la vocación inversora y, por tanto, a la generación de riqueza y empleo.
Una desconfianza generalizada que está afectando seriamente a la credibilidad del Gobierno, de los partidos políticos, de sindicatos y organizaciones empresariales.
En este contexto tengo que manifestar mi profunda convicción en el trabajo de las organizaciones empresariales. Hoy más que nunca desde ellas tenemos que demostrar nuestra fortaleza, nuestra capacidad de influencia y participación social, nuestra cohesión interna y unidad.
Cuando el entorno es negativo, lo fácil para cualquiera de nosotros sería centrar todo el esfuerzo en la empresa y abandonar los ámbitos representativos. Por eso, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que, día a día, y a pesar de la coyuntura actual, continúan prestando su tiempo, dedicación y esfuerzo a las organizaciones empresariales.
Organizaciones que tenemos un papel perfectamente diseñado y establecido en nuestro esquema social y político por medio de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las propias directrices de la Unión Europea.
Como sabéis, hoy día, la participación de una organización empresarial en los asuntos públicos no es una consecuencia graciable del poder político, sino un derecho totalmente asentado en nuestra sociedad, y al que, además, se corresponde nuestra obligación de ejercerlo.
La mejor forma de practicar ese ejercicio legal y ese deber de participación en la sociedad se desarrolla a través de la presencia institucional y la concertación.
Una organización empresarial no es, ni debe ser, un contrapoder político, porque nuestra misión no es concurrir en el escenario electoral. Nuestra misión es la de tratar de influir, participar y contribuir de forma leal y solidaria con el desarrollo económico y social de un territorio, pues así contribuimos al desarrollo de las empresas.
En Andalucía tenemos una intensa y extensa experiencia en concertación que nos posibilita una importante y eficaz presencia en la vida institucional andaluza. No gestionamos, pero sí orientamos y asesoramos para contribuir al mantenimiento y desarrollo de las empresas, y, por ende, al desarrollo económico.
Las organizaciones empresariales participamos en el análisis de normas, planes y estrategias, que, posteriormente, se convierten en hechos exigibles para las empresas.

Para el desarrollo de esta tarea hemos utilizado como instrumento la concertación social. Por eso, hemos asumido el compromiso de firmar en esta legislatura el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, junto al Gobierno autonómico y los sindicatos CCOO y UGT, desde el convencimiento de que es el más válido que hemos sido capaces de inventar para facilitar la actividad empresarial y, en este caso, para hacer frente a la crisis económica.
Es cierto que la concertación tiene sus detractores, pero nadie aún ha sido capaz de ofrecernos una alternativa que sea más eficaz para que desde una organización empresarial ejerzamos nuestra actividad. Al contrario, nuestra propia experiencia y la experiencia de otros ámbitos territoriales dentro del conjunto de España -no hay que olvidar que hay acuerdos en casi todas las Comunidades Autónomas- reafirman la importancia y el valor de la concertación social.
Acuerdos de concertación, por otra parte, que no significan que nadie haga dejación de su capacidad de crítica o de desacuerdo cuando sea menester, porque, por encima de todo, está nuestra independencia y nuestra defensa de los intereses de las empresas.

Por tanto, permítanme reafirmarme personal e institucionalmente, una vez más, en la firme convicción de que la concertación social es un buen instrumento para ejercer nuestro papel institucional.
Igualmente, reafirmarme, y reafirmarnos todos, en el valor de la unidad empresarial, de la participación en las organizaciones empresariales, en la capacidad de discutir y debatir todas nuestras diferencias en el interno de las organizaciones para trasladar la unidad que la sociedad espera de nosotros.
Todas las ideas son legítimas y respetables, pero su peso específico no se mide por su impacto mediático, sino por el peso de los votos obtenidos en el debate interno de la organización.
Y permitidme una reflexión final:
Recuerdo que en la pasada asamblea general lancé un mensaje claro de que nos encontrábamos ante una emergencia, y que el tiempo corría en contra de nuestra supervivencia. Lamentablemente, un año después seguimos en un escenario en el que han cambiado pocas cosas.
En consecuencia, debemos tener presente que los tiempos de crisis son los mejores para tomar impulso, para afrontar las reformas que tenemos pendientes.

 

Mi gran reto es impulsar esas reformas, lograr convencer a los descreídos; implicar a los apáticos; crecer sin perder nuestra esencia... y para ello vamos a actuar aún con mayor trasparencia.

 

Siempre me he enorgullecido de que cada día 15 días celebramos un órgano de gobierno; de que cada 10 días los miembros de una comisión tienen ocasión de debatir y transmitirnos sus ideas; de que cada día mi despacho, y todos los despachos de la Confederación, están abiertos al debate y al trabajo conjunto.

 

Creo en la fuerza de la Confederación; en la solidez e importancia de los ideales que representa y defiende; en nuestra vocación inequívoca de colaboración y participación social que la ley consagra.

 

La Confederación no es un instrumento de legitimación política ni para quien gobierna, ni para quien aspira a gobernar.

 

La Confederación es un buen patrimonio para nuestras empresas y, por eso, mi reto es seguir aumentándolo, afianzando nuestra solidez, nuestra credibilidad y nuestra capacidad de actuación.

 

Y para todo ello no dudaré en seguir trabajando durante los próximos cuatro años día a día, hora a hora, en ese afán.
Trabajaré para que la empresa se convierta en el eje primordial de la política económica de los gobiernos.
Dedicaré todo mi empeño en que se lleven a cabo las reformas estructurales que exige nuestra economía y nuestro tejido empresarial, a fin de sea posible ganar productividad y competitividad.
Promoveré la reforma de la educación como factor esencial del desarrollo.
Insistiré para que el marco institucional sea un ejemplo de agilidad y eficacia; para que se reduzcan los costes de funcionamiento de las administraciones públicas y sea posible una política de austeridad.
Continuaré el apoyo decidido a los sectores económicos, con especial dedicación al turismo, la construcción y la agricultura, sin olvidar una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, las energías renovables, la investigación, el desarrollo y la innovación.
Pediré que aumenten las inversiones públicas y sea viable el desarrollo de los proyectos público-privados.
Trabajaré para que más empresas se involucren en la internacionalización y para que sea posible el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
Hoy me habéis renovado vuestra confianza, lo cual me enorgullece profundamente y hace que me reafirme aún más en mi compromiso con todos vosotros y con la Confederación.

 

Un compromiso que, os aseguro, se extenderá a todo el período para el que he sido elegido.

 

Un compromiso que no es sólo parte de un discurso, sino la esencia misma de mi profunda convicción en la labor que estoy desempeñando.

 

Espero no defraudar esa confianza; y, sobre todo, espero vuestra colaboración leal y sincera, porque nuestro proyecto no se debe agotar en una persona, sino que es algo propio de toda la colectividad a la que representamos.

 

En tiempos como los actuales tenemos que sentirnos más que nunca orgullosos de ser empresarios y de tener una organización que nos representa, prestigia y defiende en España y Andalucía.
Muchas gracias






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