Capítulo XXIII problemas agrarios y aprovechamiento de los recursos naturales






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LOS FUNDAMENTOS DE LA LIBERTAD

FRIEDRICH HAYEK

CAPÍTULO XXIII PROBLEMAS AGRARIOS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES



Soy contrario a todo género de excesos en materia administrativa, pero de modo singular me opongo a la más peligrosa de todas las injerencias que puede llevar a cabo la autoridad: la que afecta a la subsistencia de la gente.
Edmund Burke


1. Producción agrícola y progreso industrial



El incremento en la población urbana e industrial, que siempre acompaña al crecimiento de la riqueza y de la civilización, ha provocado en el mundo occidental moderno una disminución no sólo en la proporción, sino en las cifras absolutas de la población agrícola. Los progresos tecnológicos han aumentado tanto el rendimiento del esfuerzo humano en la producción de alimentos, que un número cada vez meror de personas, en comparación con épocas pretéritas, pueden satisfacer las necesidades de una población mayor. Ahora bien, aunque un aumento de población provoca un incremento proporcional en la demanda de alimentos, como aquél tiene lugar a ritmo más lento y el progreso ulterior adopta por lo común la forma de un crecimiento del ingreso per cápita, ocurre a menudo que es preciso gastar una cantidad menor para lograr un consumo incrementado de alimentos. Sólo es posible inducir a la gente a gastar más en alimentos si se le ofrecen en productos de más alta calidad; pero, a partir de un cierto punto, el consumo per cápita de productos deja de aumentar y aun puede ser que disminuya. Este incremento de la productividad, combinado con una demanda inelástica, significa que, si la gente ocupada en el agro ha de mantener su ingreso promedio (o lo aumentan hasta el nivel del incremento general de los ingresos), forzosamente tiene que disminuir su número.

Si se produce una redistribución de la mano de obra entre la agricultura y otras ocupaciones, no hay razón alguna para que, a la larga, quienes continúan trabajando en el campo no deriven del progreso económico tantos beneficios como el resto de la población. Ahora bien, mientras la población agrícola sea relativamente demasiado numerosa, la transformación, en tanto tiene lugar, ha de operar ineludiblemente en desventaja de los interesados. Los movimientos espontáneos para el abandono del campo sólo se registrarán si los ingresos agrícolas se reducen correlativamente a lo que arrojan las ocupaciones urbanas. Cuanto mayor sea la resistencia de los campesinos y labriegos a desplazarse a otras ocupaciones, tanto mayores serán las diferencias de ingresos registradas durante el período de transición. En particular, si el cambio se extiende a lo largo de varias generaciones, las diferencias sólo serán de escaso monto, si los movimientos son relativamente rápidos.

Las medidas políticas, sin embargo, han frenado por doquier tal reajuste, con el resultado de que el problema ha ido creciendo constantemente en magnitud. La parte de población que se ha visto obligada a continuar dedicada a las tareas agrícolas, como consecuencia de la presión deliberada de los poderes públicos, se ha incrementado en tal medida, que, para equiparar la productividad entre la población agrícola y la industrial, se requeriría, en muchos casos, un desplazamiento masivo que parece de todo punto impracticable dentro de un limitado período de tiempo1.

Esta política se ha mantenido por muy diversas razones. En los países europeos donde el proceso de industrialización se llevó a cabo con gran rapidez, tales directrices respondían, en los comienzos, a una noción en cierto modo vaga respecto al «adecuado equilibrio» entre la industria y la agricultura, frase en la cual la palabra «equilibrio» significaba poco más o menos el mantenimiento de la proporción tradicional entre ambas actividades. En los países donde, a consecuencia de su industrialización, se cayó en una situación de dependencia respecto de los artículos alimenticios importados, dichos argumentos se vieron reforzados por la consideración estratégica de la autosuficiencia en tiempos de guerra. Además, se ha creído con frecuencia que la necesidad de transferir grupos de población no es un fenómeno periódico y que el problema podía aliviarse, en consecuencia, si el proceso tenía lugar en un período más largo. Ahora bien, la consideración dominante, que en la mayor parte de los casos indujo a los poderes públicos a interferir en este campo, fue la necesidad de asegurar un «ingreso adecuado» a la gente ocupada a la sazón en actiyidades agrícolas.

La aquiescencia que el público otorgara, en general, a esta política, obedeció frecuentemente a la creencia de que el conjunto de la población agrícola, y no sólo su sector menos productivo, era incapaz de ganar unos ingresos razonables. Fundábase aquel convencimiento en el hecho de que los precios de los productos agrícolas tendían a descender a límites mucho más bajos -antes de que se llevaran a efecto los naturales reajustes- de lo que hubiera ocurrido permanentemente. Ahora bien, es tan sólo esta presión de los precios la que provoca la indispensable disminución de la población campesina y conduce además a la adopción de nuevas técnicas agrícolas que abaratan los costos y permiten la supervivencia de las unidades más adecuadas.

La eliminación de las tierras y explotaciones marginales que reducirán los costos promedios y, al restringir la oferta, detendrán y acaso invertirán en parte la baja en los precios de los productos constituye solamente una parte del necesario reajuste. De igual importancia son, en orden a restaurar la prosperidad de la agricultura, los cambios en su estructura que se puede promover mediante modificaciones en los precios de sus diferentes productos. Las intervenciones de carácter político, sin embargo, aunque preconizadas para ayudar en sus dificultades a la agricultura, por lo común no logran otra cosa sino impedir precisamente aquellos ajustes que los harían rentables.

Bastará que ofrezcamos en esta oportunidad un ejemplo palmario. Como se ha dicho, tan pronto como el alza general de los ingresos ha rebasado un cierto nivel, la gente no se muestra propicia a elevar su gasto en alimentos, a menos que se le ofrezca artículos de más alta calidad. En el mundo occidental esto significa, sobre todo, sustituir el consumo de los cereales y otros artículos a base de féculas por otros, como la carne y los productos lácteos, con altos contenidos de proteínas. Tal proceso se aceleraría si la agricultura fuese presionada hacia la producción de mayores cantidades de los bienes apetecidos, a precios relativamente reducidos. Esta finalidad se obtendría si se permitiera que los cereales descendieran en precio hasta que resultase económico utilizarlos como pienso para el ganado, para, de este modo indirecto, producir aquellos alimentos que los consumidores demandan. Semejante desarrollo impediría que el consumo total de grano se contrajese tanto como en otra forma habría de acontecer, y al mismo tiempo se reducirían los costos de la carne, etc. Pero ello resulta imposible si se adoptan medidas tendentes a mantener los precios de los cereales a un nivel tal que el consumo humano no pueda absorber la oferta, impidiendo que sea orientada a otros usos que resulten rentables.

Este ejemplo es suficiente, en este momento, como ilustración de los diversos métodos conforme a los cuales la política en boga ha impedido que la agricultura se amolde por sí misma a las condiciones cambiantes. Con una adaptación adecuada, un menor número de productores (mayor, sin embargo, del que de otro modo tendría éxito) podría incrementar su productividad hasta el grado de contribuir al general crecimiento de la prosperidad. Es cierto, en efecto, que parte de las dificultades de la agricultura consiste en que tanto el carácter de sus procesos como el de los productores hacen particularmente lenta su adaptación al cambio. Ahora bien, el remedio no puede consistir en fortalecer todavía más su resistencia a todo reajuste. Esto es lo que consiguen, no obstante, la mayor parte de las principales injerencias gratas al gobernante y, en particular, todas las referentes al control de precios.


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