Parte I. Introducción y resumen general – Víctor Almonacid Lamelas y Lorenzo Pérez Sarrión (cosital)






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títuloParte I. Introducción y resumen general – Víctor Almonacid Lamelas y Lorenzo Pérez Sarrión (cosital)
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JORNADA COSITAL NETWORK (MONOGRÁFICO SOBRE LA LRSAL)
Valencia, 26 de junio de 2014

PARTE I. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN GENERAL – Víctor Almonacid Lamelas y Lorenzo Pérez Sarrión (COSITAL).
El pasado día 26 de junio se celebró la Jornada del Observatorio Servicios Públicos, Innovación y Calidad: LRSAL en Valencia, la cual tuve el placer de concebir y coordinar. Bajo la significativa rúbrica HOJA DE RUTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LA LRSAL. CRITERIOS Y PASOS A SEGUIR, tratamos de hacer una Jornada distinta, más práctica que cualquier otra (formato taller), y totalmente enfocada al día a día de los Secretarios, Interventores y Secretarios-Interventores que tienen que lidiar con una Ley que, a estas alturas, muy pocos dudan de que no fue afortunada. Por supuesto el enfoque, además de práctico, estuvo totalmente actualizado a las últimas novedades, como el último Dictamen del Consejo de Estado, el Decreto ley catalán, o la sorprendente Circular del Gobierno valenciano.

Sin perjuicio del documento de Conclusiones que adjuntamos como Anexo, estas fueron, a mi juicio, las principales aportaciones de los compañeros:




Hilario Llavador expuso el estudio de las competencias del Ayuntamiento de Valencia, macroinforme que, coordinado por él mismo, realizaron en su Corporación, y que realizaba un barrido por todas las competencias y servicios municipales pasadas por el filtro de la LRSAL. En dicho Ayuntamiento, a cada servicio se le pidió un listado, un despliegue de sus actividades. Progresivamente se fueron encajando los servicios con cada una de las tres categorías de servicios o competencias: propias, impropias y “7.4″, todo ello desde un criterio muy claro, valiente pero lógico, de “estirar” al máximo la consideración de cada competencia como propia al amparo de la legislación sectorial. Una de las conclusiones principales de la Jornada, coherente con lo que algunos apuntábamos desde el principio de la reforma, es que las competencias municipales vienen determinadas en la legislación sectorial. Si efectivamente son propias no pueden ser “impropias”, lo cual de alguna manera desvirtúa el espíritu de la Ley. También es interesante al respecto analizar la interpretación y desarrollo que cada una de las CCAA ha efectuado de la Ley. Hilario expuso un dicho análisis de forma rigurosa, el cual adjuntamos más abajo.

Todas las intervenciones generaron debate. Una pregunta que todos nos hacemos es ¿las competencias que prestábamos las podemos seguir prestando sin hacer nada? La respuesta es evidente, y desde luego contraria a la Circular del Gobierno Valenciano: si al final no podemos evitar el 7.4 habrá que hacer aquello que pide el 7.4. No es que nos guste la Ley, pero hasta que el TCO o el propio Gobierno la derogue habrá que cumplirla… Hay muchas más preguntas en el aire: “empleo” es claramente una competencia del 7.4. Las CCAA conceden subvenciones para empleo: ¿con esto ya se cumplen los requisitos formales del propio 7.4?…

Salma Cantos recuerda que contra la Ley hay planteado un conflicto en defensa de la autonomía local, planteado por el quórum suficiente, que con 2.300 municipios y 16 millones de habitantes se cumple holgadamente. En consecuencia, las partes más dudosas de la ley como la relativa al coste del servicio y otras cuestiones competenciales deben ser revisadas por el TCO, el cual podría sumarse a los “palos” que la doctrina o el propio Consejo de Estado ha dado a la Ley. Cantos reflexiona principalmente sobre las medidas de reordenación del sector público contenidas en la Ley. Las mancomunidades, realmente, solo deberían prestar competencias propias, por lo que su puesta en duda debe ser puesta en duda, valga la redundancia. En mi opinión, y esto lo añade un servidor, las mancomunidades no son otra cosa que una forma más de gestión de los servicios públicos.

Eduardo Balaguer realizó su exposición desde la óptica y una total empatía con el Secretario, Interventor o Secretario-Interventor (véase más abajo “nuestra” posición ante la Ley). Se mostró crítico con la Ley y también con la Circular de Conselleria, argumentando de forma inapelable los fallos y dudas que suscitan ambos documentos. No podemos decir ambas normas porque desgraciadamente la Circular no tiene rango normativo y un Secretario-Interventor no la puede traer a colación en una reunión con su Alcalde o Concejales. El resto de CCAA hay aprobado normas, de contenido más o menos afortunado, pero que al menos son disposiciones con rango de ley con las que los profesionales pueden trabajar. Balaguer insiste en que las competencias municipales son las que se establecen en la legislación sectorial. Coincide con Llavador en que si el servicio es “propio” (por legislación sectorial), el municipio puede prestarlo, incluso ex novo. Podrían aumentar, por qué no, las competencias municipales. Comenta algunas cuestiones formales que no debemos olvidar: la delegación es por ley, no por convenio. Esto afectaría a toda una categoría de servicios, los delegados. En todo caso la financiación de los convenios debe incluir una cláusula de garantía (art. 57). Por otro lado hay servicios como la sanidad o la educación que, dependiendo del aspecto competencial concreto, podrían ser una competencia propia (por legislación sectorial) o un 7.4. El órgano competente autonómico debe “mojarse”. Balaguer entiende que deberíamos pedir informe previo al ejercicio de cualquier competencia dudosa que podría ser un 7.4. Se trata de un informe preceptivo y vinculante. En este trámite aplicaríamos el art. 83.4 de la Ley 30/92: “Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.”Balaguer también coincide con Llavador en que es muy conveniente realizar un informe y/o un catálogo con todos los servicios.
Por último Manuel Rebollo realizó un estudio del concepto clave coste efectivo del servicio, cuyo tenor literal adjuntamos ut infra en el presente estudio.
PARTE II. LA APLICACIÓN DE LA LRSAL POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE COMPETENCIAS LOCALES (resumen del Derecho comparado autonómico) - Hilario Llavador Cisternes (Secretario de Administración Local. Ayuntamiento de Valencia -
Profesor asociado de Derecho Administrativo. Universidad de Valencia (Estudi General)

Índice
Normas con rango legal dictadas por las CCAA

- Castilla y León. Decreto Ley 1/2014, de 27 marzo

- Andalucía. Decreto Ley 7/2014, de 20 mayo

- Galicia. Ley 5/ 2014, de 27 mayo

- La Rioja. Ley 2/2014, de 3 de junio

- Cataluña. Decreto Ley 3/2014, de 17 de junio

- Murcia. Decreto-Ley 1/2014, de 27 de junio (se aprobó un día después del taller de Cosital Network)
Circulares

- Cataluña. 14 de febrero de 2014

- País Vasco. 11 de marzo de 2014

- Castilla y León. 1 de abril de 2014

- Aragón. 28 de abril de 2014

- Comunidad Valenciana. 18 de junio de 2014
En la primera parte del Taller se expusieron por este ponente las normas con rango legal y las circulares que han ido dictando las CCAA sobre la aplicación de la LRSAL en los municipios de su ámbito. Y en especial, en materia de educación, sanidad y bienestar social. Más adelante se relacionan y se mencionan los artículos más destacados en orden a la aplicación de la LRSAL en relación con las competencias municipales. No se trataron por no ser objeto del taller otras cuestiones relativas a la aplicación de otras materias derivadas de la LRSAL.
En la segunda parte del Taller se expuso la experiencia del Ayuntamiento de Valencia, entidad donde presta servicios el ponente en cuanto a los informes y acuerdos adoptados en relación con la aplicación de la LRSAL y la incidencia de la legislación sectorial y autonómica que atribuye a los municipios competencias en los distintos sectores de la actividad.

NORMAS CON RANGO LEGAL DICTADAS POR LAS CCAA
Castilla y León
Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=31/03/2014
Artículo 1. Ejercicio por parte de las Entidades Locales de competencias atribuidas por la legislación autonómica anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Las competencias atribuidas a las Entidades Locales de Castilla y León por las leyes de la Comunidad Autónoma anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, del 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por las mismas de conformidad a las previsiones contenidas en la norma de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes del presente Decreto-ley.
Artículo 4. Competencias en materia de educación, salud y servicios sociales.
1. Las competencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se preveían como propias de los municipios en materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud e inspección sanitaria, en materia de prestación de servicios sociales, y de promoción y reinserción social, así como aquellas otras en materia de educación, a las que se refieren las Disposiciones adicional decimoquinta y transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en las Leyes correspondientes, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad de Castilla y León.
2. El resto de competencias en dichas materias atribuidas a las Entidades Locales de Castilla y León por la legislación de la Comunidad Autónoma anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, continuarán siendo ejercidas por éstas, de conformidad con las previsiones de la norma de atribución y en los términos establecidos en el artículo 7.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
3. Las competencias que la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, atribuye a los municipios en materia de construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales, continuarán siendo ejercidas por éstos, en los términos previstos en dicha norma y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Diputaciones Provinciales por el artículo 36.1.i) de la misma norma, en orden a la coordinación del servicio de mantenimiento y limpieza de los mismos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en orden a la planificación general, prestación y dotación de medios sanitarios en todos ellos.
Andalucía
Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/101/1
Artículo 1. Ejercicio por parte de las Entidades Locales de competencias atribuidas por la legislación autonómica anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Las competencias atribuidas a las entidades locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por las mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las normas de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes del presente Decreto-ley.
Artículo 2. Informes para el ejercicio por parte de las entidades locales de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.
3. No será necesaria la solicitud de los informes mencionados en el supuesto de que se vinieran ejerciendo dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto.
Galicia
Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140530/AnuncioC3B0-280514-0001_es.html
Artículo 1. Competencias propias de los municipios atribuidas por la legislación autonómica
1. Las leyes autonómicas que regulen las materias en que, de acuerdo con la distribución constitucional de competencias, corresponda su regulación a la Comunidad Autónoma de Galicia y atribuyan nuevas competencias a los municipios con arreglo a lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, deberán, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.3 de la indicada norma, evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.


  • Artículo 3. Competencias de las entidades locales distintas de las propias y de las atribuidas por delegación



1. El ejercicio de nuevas competencias por las entidades locales que fuesen distintas de las atribuidas como propias por la legislación, y cuyo ejercicio no se encontrase delegado, sólo será posible cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración pública.
2. A efectos del presente artículo, se entenderá por ejercicio de nuevas competencias los procedimientos que se inicien para el establecimiento de servicios de nueva planta de conformidad con el artículo 297.2 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia, así como la modificación de los servicios ya establecidos para la realización de nuevas actividades prestacionales, cuando no constituyan desarrollo, ejecución o no tiendan a la consecución de los fines de las competencias atribuidas como propias o de las competencias que se ejerzan por delegación.
3. En particular, no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias:

a) La continuidad en la prestación de los servicios ya establecidos.

b) La continuidad de la actividad de fomento ya establecida en ejercicios anteriores así como la realización de nuevas actuaciones de fomento que habían sido ya establecidas en los proyectos de establecimiento de servicios objeto de los informes de inexistencia de duplicidades y sostenibilidad financiera previstos en esta ley.

c) La modificación de la reglamentación de los servicios, de sus modalidades de prestación o de la situación, deberes y derechos de las personas usuarias con arreglo al artículo 297 de la Ley 5/1997, cuando no conllevara la realización de nuevas actividades prestacionales por los servicios ya establecidos o, aunque las conllevara, no supusieran una modificación sustancial de las condiciones de prestación del servicio, de la realización de la actividad o de su financiación, de acuerdo con lo establecido en esta ley, o bien su ejercicio no supusiera la asunción de nuevas obligaciones financieras para la entidad local de acuerdo con la memoria económica justificativa que deberá incluirse en el expediente.

d) La concurrencia a convocatorias de subvenciones o ayudas, así como la formalización de convenios de colaboración de concesión de subvenciones, para que las entidades locales realicen con carácter coyuntural actividades de información, de asesoramiento, de orientación, de mejora de la empleabilidad y formativas, y otras actividades que no supongan la creación de nuevos servicios municipales de acuerdo con el artículo 297 de la Ley 5/1997. Tampoco se entenderá como ejercicio de nuevas competencias la realización de las actividades citadas una vez obtenida la subvención.

e) Las obras, servicios, ayudas, adquisiciones o suministros de emergencia, a causa de acontecimientos

catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

f) La colaboración entre administraciones entendida como el trabajo en común para la solución de aquellos problemas, también comunes, que pudieran formularse más allá del concreto reparto competencial en los distintos sectores de la acción pública, de acuerdo con el artículo 193.2 de la Ley 5/1997.

g) El auxilio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193.4 de la Ley 5/1997.

h) Los premios que se otorguen sin solicitud previa del beneficiario.
La Rioja
Ley 2/2014, de 3 de junio, de medidas para la garantía y la continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/06/06&referencia=1635619-2-HTML-480139-X
La reordenación del sistema competencial de los municipios requiere un análisis previo de la situación concreta de las distintas entidades locales; la reorganización de estructuras administrativas; la valoración y asignación de fondos; y la modificación legislativa de la normativa autonómica reguladora del régimen jurídico de la Administración local y la normativa sectorial correspondiente a las distintas materias competenciales.

Durante el periodo de tiempo preciso para ello y en tanto no se produzca la asunción de competencias por la Comunidad Autónoma de La Rioja, es necesario dotar de seguridad jurídica a los agentes jurídicos que prestan servicios en la Administración Pública y garantizar la correcta prestación de los servicios, sobre todo en materias tan relevantes para el ciudadano como la educación, la salud y los servicios sociales.

Por esta razón la ley recoge y da continuidad al ejercicio de competencias atribuidas a las entidades locales antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre y determina los órganos encargados de emitir los informes vinculados al ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación por las entidades locales.
Artículo 1. Ejercicio por parte de las entidades locales de competencias atribuidas por la legislación autonómica anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Las competencias atribuidas a las entidades locales de La Rioja por las leyes de la Comunidad Autónoma anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 , del 27 de diciembre, se ejercerán por las mismas de conformidad con las previsiones contenidas en la norma de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, en relación con educación, salud y servicios sociales.


Cataluña
Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=665080&type=01&language=ca_ES
Article 1. Objecte
Aquest Decret llei té per objecte:

a) Aclarir l’aplicació a Catalunya de les competències locals.

b) Regular el procediment per a l’obtenció per part dels ens locals dels informes previstos a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per a l’exercici de les competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.

c) Regular el procediment per adaptar els convenis, els acords i la resta d’instruments de cooperació ja subscrits, en data 31 de desembre de 2013, entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya, que portin aparellat qualsevol tipus de finançament destinat a satisfer l’exercici de competències delegades o competències distintes de les pròpies i de les delegades, que preveu la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Article 2. Competències pròpies dels ens locals
1. Són competències pròpies dels ens locals de Catalunya les atribuïdes com a tals per les lleis estatals i catalanes. Aquestes competències les exerceix l’ens local en règim d’autonomia i sota la seva pròpia responsabilitat.

2. Poden ser titulars de competències pròpies els municipis i les vegueries en els termes previstos en les lleis. També ho poden ser les àrees metropolitanes en els termes establerts per la llei de creació respectiva.

3. La llei que determini competències pròpies dels ens locals ha de garantir que no es produeixi una atribució simultània de la mateixa competència a una altra Administració pública i, alhora, avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals conforme als principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades que acompanyi la Llei ha de reflectir l’impacte sobre els recursos financers de les administracions públiques afectades i el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l’activitat que es realitzi en exercici de la dita competència pròpia. Així mateix, la memòria ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financera dels ens locals sense que això pugui comportar, en cap cas, una major despesa de les administracions públiques.
Murcia
Decreto-Ley 1/2014, de 27 de junio, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=28062014&numero=8687&origen=sum
.., se hace preciso, por una parte, determinar con toda urgencia la forma en que han de ejercerse las competencias que en su día fueron atribuidas por parte del legislador sectorial autonómico a los municipios antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Por otra, las previsiones contenidas en las disposiciones transitorias exigen igualmente establecer el régimen del ejercicio de las competencias antes atribuidas a los municipios hasta que se produzca la asunción de estas por parte de la Comunidad Autónoma. Esta determinación resulta ser de una trascendencia aún mayor, por cuanto afecta a la prestación de servicios públicos en ámbitos especialmente sensibles y cruciales como son la salud y los servicios sociales… Y todo ello con el fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los usuarios de los servicios públicos, como a los distintos órganos administrativos y operadores jurídicos que desarrollan sus funciones en estos ámbitos.
Artículo 1. Ejercicio por parte de los municipios de competencias atribuidas por la legislación autonómica anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Las competencias atribuidas a los municipios de la Región de Murcia por las leyes de la Comunidad Autónoma anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por los mismos de conformidad con las previsiones contenidas en la norma de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes en relación con las competencias relativas a salud y servicios sociales, y de lo previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, respecto de las competencias relativas a los servicios de inspección sanitaria.

CIRCULARES
Cataluña
Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Generalitat de Catalunya. Barcelona, 14 de febrer de 2014

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=55bc2f40e8658310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=55bc2f40e8658310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=6bba29688cf34410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
1. Àmbit subjectiu

2. Indicadors de solvència i de liquiditat

3. Indicadors d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera

4. Procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors de solvència i de liquiditat

5. Procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera

6. Informes de l’Administració competent en matèria de tutela financera dels ens locals

7. Saldos de dubtós cobrament

8. Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit
País Vasco.
Circular de 11 de marzo de 2014, de la Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos, referente al sistema de ordenación de las competencias municipales y al régimen foral vasco, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401377a.pdf
En tanto no se apruebe la Ley Municipal de Euskadi, que definirá, con plena seguridad jurídica, las competencias propias de los municipios vascos atribuidas por la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Competencias que los municipios venían ejerciendo como propias a la entrada en vigor de la LRSAL.
Los municipios seguirán ejerciendo dichas competencias en tanto que son atribuidas por la legislación sectorial en vigor y existe financiación para ellas, con independencia de que se refieran o no a materias que figuran en el listado del artículo 25.2 LBRL.
Esta interpretación viene avalada por un elemental principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos locales, que además encuentra soporte interpretativo en la disposición transitoria segunda de la LBRL, que en este sentido establece lo siguiente: «Hasta tanto la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas que se dicte de conformidad con lo establecido en los artículos [...] 25, apartado 2; [...] de esta Ley, no disponga otra cosa, los municipios, [...]conservarán las competencias que les atribuye la legislación sectorial vigente en la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
2. Competencias propias de nueva atribución (las que no se ejercían por los municipios a la entrada en vigor de la LRSAL).
Las instituciones competentes de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, los Territorios Históricos cuando a éstos corresponda, podrán atribuir a los municipios nuevas competencias como propias a través de la legislación sectorial correspondiente en materias en las que dichas instituciones sean competentes, con independencia de si la materia sobre la que versa la competencia se encuentre o no en el listado del artículo 25.2 LBRL, debiendo, en este caso, seguir el procedimiento previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la LBRL.

Castilla y León
Circular de 1 de abril de 2014, de la Viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, relativa al sistema competencial y otras cuestiones derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100DetalleFeed/1248367026092/Normativa/1142233454183/Redaccion
Índice
I. SISTEMA COMPETENCIAL DERIVADO DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

II. ATRIBUCIONES A LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN DE COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES.

III. CONVENIOS, ACUERDOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN QUE AFECTAN AL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS LOCALES

IV. CONCLUSIONES

A.– CONCLUSIONES: CON CARÁCTER GENERAL
1. El sistema de competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, parte de la consideración de que las competencias de las entidades locales pueden ser propias y atribuidas por delegación. En las primeras la atribución tiene que llevarse a cabo siempre a través de una ley, estatal o autonómica, y en las segundas, la atribución tiene lugar a través de los mecanismos propios de la delegación.

2. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no prohíbe a las Comunidades Autónomas atribuir otras competencias a las entidades locales distintas de las previstas en los artículos 25.2 y 36.1, ni a éstas ejercerlas.

3. Las leyes autonómicas que atribuyeron competencias a las Entidades Locales antes de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no han perdido vigencia como consecuencia de la aprobación de esta norma. Las atribuciones de competencias efectuadas a las Entidades Locales de Castilla y León siguen plenamente vigentes y su ejercicio sigue estando sometido a aquellas normas de atribución sin necesidad de someterse a los informes del artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

4. El ejercicio por parte de las entidades locales de otras competencias distintas de las atribuidas por las leyes sectoriales –estatales o autonómicas– y de las atribuidas por delegación, está condicionado por la ley estatal a que se cumplan los requisitos del artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
B. CONCLUSIONES: EN MATERIA DE EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

1. La obligación impuesta a las Comunidades Autónomas de asumir determinadas competencias en estos ámbitos, en los términos en que está configurado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, únicamente afecta a competencias municipales.

2. En tanto la Comunidad Autónoma no asuma el ejercicio de tales competencias, la prestación de las mismas debe desarrollarse por parte de los municipios de conformidad a lo previsto en las normas de atribución.

3. El resto de prestaciones en educación, salud y servicios sociales que no aparecen expresamente enumeradas en las Disposiciones adicionales y transitorias, siguen teniendo su regulación en la normativa sectorial específica siendo de plena aplicación a su ejercicio por parte de los municipios.

4. Las competencias de las Diputaciones Provinciales en materia de educación, salud y servicios sociales no se encuentran afectadas por las Disposiciones transitorias. Las leyes autonómicas dictadas con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que atribuían competencias a las diputaciones provinciales en materia de educación, salud y servicios sociales siguen en vigor de modo que también en estos ámbitos, el ejercicio de las mismas sigue estando sujeto a dichas normas sin necesidad de ningún requerimiento adicional.
C. CONCLUSIONES: EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS, ACUERDOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN

1. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, impone la obligación de adaptar antes del 31 de diciembre de 2014 determinados convenios y acuerdos sobre competencias y servicios municipales. En concreto:

a) Si son de los que aportan financiación para el ejercicio de competencias delegadas, la adaptación quedaría suficientemente atendida con la constitución de la garantía de pago exigida por el artículo 57.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para el ejercicio de competencias delegadas.

b) Si son de los que aportan financiación para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las delegadas, resultaría exigible la acreditación de la doble garantía exigida en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para el ejercicio de dichas competencias.
2. En todo caso, para suscribir o prorrogar acuerdos de delegación y convenios de colaboración en que sea parte la Comunidad Autónoma y que afecten al ejercicio de competencias delegadas, el cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, determina la necesidad de incorporación de las garantías de pago.

Aragón
Circular 1/2014 (28 de abril de 2014) de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, sobre el régimen jurídico competencial de los municipios aragoneses tras la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica la Ley 7/1985 reguladora de bases de régimen local

http://servicios.aragon.es/portalAALL/derechoLocal.do?clobId=291445

Esta circular tiene por objeto establecer unos criterios interpretativos sobre los cambios que la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local (en adelante LRSAL), que modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), ha supuesto en el régimen jurídico de competencias de los municipios.

Comunidad Valenciana
Circular de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Administración Local, sobre el nuevo régimen competencial contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/20/pdf/2014_5740.pdf
Ante las dudas interpretativas surgidas con motivo de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL) y en particular en relación al nuevo régimen competencial de los municipios, se ha considerado necesario elaborar una circular informativa que sirva de guía para esclarecer el marco de actuación de los municipios en este ámbito.

Competencias propias

… Es decir, que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no prohíbe o impide el ejercicio de los municipios de competencias en otros ámbitos materiales no recogidos en el citado artículo 25,2. Así, teniendo en cuenta el modelo de distribución constitucional de competencias previstos en los artículos 148 y 149 CE, nada impide que las comunidades autónomas, en las materias que hayan asumido competencias legislativas en sus respectivos estatutos de autonomía, identifiquen las concretas competencias que corresponden al municipios en su legislación sectorial atribuyéndolas como propias de conformidad con lo previsto en los artículos 7.1 y 2 de la LRBRL.
Podemos concluir por tanto que los municipios de la Comunidad Valenciana que venían ejerciendo como propias a la entrada en vigor de la LRSAL competencias atribuidas tanto por el artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana como por la legislación sectorial autonómica en vigor continuaran haciéndolo, con independencia de que se refieran o no a materias incluidas en el listado del artículo 25,2.
Especial referencia a las competencias en materia de educación, sanidad, inspección sanitaria y servicios sociales

En cuanto a aquellas materias para las que el legislador estatal ha previsto un régimen transitorio como es el caso de educación, sanidad, inspección sanitaria y servicios sociales no se observa obstáculo alguno para que los ayuntamientos continúen desempeñando las mismas en tanto no se produzca la asunción de la competencia por la comunidad autónoma en los términos de la disposición adicional decimoquinta, y las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la LRSAL.
Competencias delegadas

El régimen de la delegación de competencias de titularidad del Estado y de las comunidades autónomas en los municipios se contempla en los artículos 7.3 y 27 de la LBRL. Estos artículos deben ponerse en relación con el artículo 146 y siguientes de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que viene a establecer una reserva de ley para llevar a efecto la delegación acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria.

La LRSAL indica que la disposición o acuerdo de delegación establecerá los términos en los que deben ejercerse las competencias delegadas, con sujeción al régimen legal establecido en el artículo 27 de la LBRL.

Debe resaltarse que según la redacción del apartado tercero del artículo 27, y en concreto de la expresión «entre otras» la relación de materias objeto de delegación por el Estado y la comunidad autónoma en los municipios ostenta un carácter meramente indicativo y ampliable por tanto por la administración delegante.
Competencias distintas a las propias y a las delegadas

Respecto al resto de materias, no incluidas en el artículo 25 de la LBRL, que no les resulte de aplicación la legislación autonómica de régimen local o sectorial en vigor, ni estén incluidas en el régimen transitorio anteriormente citado, continuarán desempeñándolas siempre que vinieran siendo ejercidas por el municipio a la entrada en vigor de la LRSAL, según se desprende del propio artículo 7.4 in fine.

Cuando se trate de competencias asumidas a partir de la entrada en vigor de la LRSAL la entidad local podrá ejercerlas una vez acreditado que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración Pública.

A estos efectos son preceptivos los siguientes informes:

1. Informe sobre inexistencia de duplicidades. Este informe será emitido, a petición del órgano competente de la entidad local interesada, por la Dirección General de Administración Local, adscrita a la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua previa consulta con la consellería o consellerías competentes por razón de la materia. A los efectos de determinar el ámbito territorial de las posibles duplicidades entre el municipio y la Generalitat, entendemos que el mismo se circunscribe al término municipal.

2. Informe sobre la necesidad de que el ejercicio de estas competencias cumpla con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se pongan en riesgo los mismos. Dicho informe será emitido por la Dirección General que tiene atribuida la competencia en materia de tutela financiera, la Dirección General de Presupuestos, adscrita a la Consellería de Hacienda y Administración Pública. Con carácter previo a la solicitud de este informe el Ayuntamiento deberá contar con el informe sobre inexistencia de duplicidades.
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