Informe de Gestión 2011






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Informe de Gestión 2011





Contraloría General de la República






Informe de Gestión 2011





PRESENTACIÓN


SEÑORAS PARLAMENTARIAS


SEÑORES PARLAMENTARIOS


Ciudadanas


Ciudadanos


En cumplimiento de lo previsto en los artículos 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 14, numeral 13, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), en mi carácter de Contralora General de la República encargada, acudo a ustedes para presentar el informe que recoge los resultados de la gestión cumplida por el máximo Organismo Contralor durante el año 2011.


Consideramos propicia la ocasión para enumerar parte de los cambios logrados para adecuar las labores de control fiscal a los nuevos tiempos. A 10 años de vigencia de la LOCGRSNCF son indiscutibles las bondades de la reforma legislativa impulsada desde la Contraloría General para que el control fiscal en Venezuela se adecuara al marco constitucional y a los cambios que el nuevo Estado exige, en el marco de los cometidos que propugna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; cambios que, sin lugar a dudas, convirtieron a la Institución en referencia para otras Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en el mundo. Son numerosas las incidencias de la citada reforma; vale señalar los mecanismos que buscan lograr la idoneidad y capacidad para el ejercicio de los cargos de titulares de órganos de control fiscal, exigida por el constituyente en los artículos 163 y 176 de la Carta Fundamental, así como las disposiciones que fortalecen la gestión del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), las cuales se constituyeron como bases objetivas que permiten hoy garantizar a la Administración Pública y al país en general, si se aplican con eficacia, la capacidad e idoneidad de quienes desempeñen dichos cargos; además de la potestad de revisión de los concursos públicos para la selección de los referidos funcionarios y la facultad para intervenir los órganos de control fiscal en caso de determinar graves irregularidades.


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Igualmente importantes son las previsiones que establecen la obligatoriedad de que cada municipio cuente con un órgano de control fiscal profesional y al margen de políticas partidistas, que vele de forma ética, imparcial y objetiva por la buena administración del patrimonio público de esas entidades territoriales; así como las dirigidas a garantizar que todo ente u organismo del sector público cuente con una unidad de auditoría interna y una oficina de atención al ciudadano con competencias claras y recursos adecuados para su funcionamiento.


La institución contralora, durante esta gestión en particular, continuará apegada al camino esbozado por el Contralor Clodosbaldo Russián, fallecido en junio de 2011. Por eso, consecuentes con esa guía, no podemos pasar inadvertidas algunas circunstancias que concitan nuestra legítima preocupación, por sus implicaciones en la estructura moral de la República, su repercusión en la conducta social y en el funcionamiento de las instituciones.


Nos referimos en particular al tratamiento que se le ha dado a algunas de las sanciones administrativas adoptadas por la Contraloría en el ejercicio ineludible de sus potestades sancionatorias. Ya nadie ignora el carácter de estas decisiones, su fundamentación y las razones que motivan a la entidad fiscalizadora para adoptarlas. Se trata de medidas a las cuales se arriba luego de un riguroso y estricto procedimiento de análisis y verificaciones exhaustivas, donde se respetan con celosa observancia los principios y las disposiciones normativas del debido proceso y del derecho a la defensa de los posibles infractores. La constitucionalidad y legalidad de esas decisiones ha sido refrendada por el alto tribunal de la República, e incluso, el Tribunal Supremo de Justicia ha buscado desde el propio espíritu correctivo del ordenamiento jurídico de la República, las maneras para que no se haga nugatorio el propósito profiláctico de esas decisiones, en especial la relativa a la inhabilitación administrativa para el desempeño de cargos públicos, y para que esta pueda cumplirse al término del ejercicio del cargo para el cual fueron electos, sin perjuicio de los mandatos populares, cuando los sancionados ostenten cargos de elección popular.


Este tipo de sanciones no genera dudas. Una vez firmes no pueden utilizarse subterfugios para eludir sus efectos. Es tan irresponsable el sancionado conciente de que sobre él pesa una prohibición administrativa


Presentación


de ejercer funciones públicas, como quien se presta para servirle de pivote en sus inmorales pretensiones de hacer creer a la colectividad, que no tiene impedimento para acceder de manera legítima a un cargo oficial. Esas conductas causan un gran daño a la credibilidad pública. Crean una distorsión en la percepción de las instituciones en perjuicio de estas, pero eventualmente a la larga también en detrimento de la persona y de los postulados que enarbole, que sucumben ante la repulsa de los ciudadanos cuando se descubren víctimas del engaño y de la manipulación.


Con el mismo sentido, consideramos importante traer al presente acotaciones que señalamos con ocasión de presentar nuestro Informe de Gestión 2007, referidas a que la acción fiscalizadora de la Contraloría es fundamentalmente preventiva, pero ante los hechos irregulares no queda otra opción que castigarlos con ejemplar contundencia; que las potestades sancionatorias que hoy tiene la Contraloría son el producto de la histórica exigencia de amplios sectores de ciudadanos; que algunos ciudadanos que han sido legisladores y altos funcionarios de la dirección política del Estado, olvidan que desde el año 1975 han apoyado, desarrollado y refrendado la potestad del Contralor General para imponer la sanción administrativa de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; que para imponer las sanciones, la Contraloría no escruta el color político de los infractores; así como que la sanción administrativa de inhabilitación ha sido aplicada con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República, y cuando las decisiones han sido condenatorias es porque los infractores no han podido demostrar su inocencia.


Igualmente, la Institución Contralora llamó la atención sobre esta situación cuando presentamos el Informe de Gestión 2008, donde señalamos que la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos es una medida temporal de profilaxis administrativa, amparada en la Constitución y leyes de la República y consolidada por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia; además, de que está condenado al fracaso cualquier intento de criminalizar la acción de la Contraloría y su firme propósito de combatir con eficacia la corrupción y la impunidad.


En el contexto planteado, en este Informe de Gestión ponemos a disposición de la honorable Asamblea y del pueblo todo el balance de la gestión cumplida por la Institución en los ámbitos de la administración pública, en el Sistema Nacional de Control Fiscal, en el ámbito interno y de sus entes descentralizados, así como respecto


Informe de Gestión 2011


a las entidades del Poder Popular, en un nuevo capítulo que hemos introducido, con el cual queremos contribuir desde nuestro campo de acción, con uno de los procesos más importantes para el país en las últimas décadas, como lo es la edificación del estado comunal, proceso que tiene como principal protagonista al ciudadano en su derecho constitucional a participar en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas. Ese capítulo contiene los resultados de la gestión contralora en las instancias del Poder Popular y en las instituciones del sector público que destinan recursos para el manejo directo en dichas instancias; además de la gestión cumplida por nuestra institución a través del servicio de atención al ciudadano, establecido para, entre otros cometidos, cumplir la misión de creación de ciudadanía que nos asigna la Carta Magna y principal medio a través del cual se orienta en forma personalizada a los ciudadanos.


Finalmente, debemos señalar que el informe también contiene un Apéndice con información sobre las personas (naturales o jurídicas) declaradas responsables en el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, así como por incumplimiento de la Ley Contra la Corrupción, un Anexo con la síntesis, en forma de resumen ejecutivo, de las principales actuaciones de control realizadas durante el año y; un conjunto de actuaciones y actividades especiales, entre las cuales queremos hacer referencia a la XXI Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), celebrada en Caracas durante los días 18 al 22 de octubre de 2011; con la cual, además de cumplir los objetivos previstos, demostramos gratitud a la generosa decisión de la comunidad de entidades fiscalizadoras superiores de latinoamérica y del caribe, de efectuar en nuestro país ese importante evento, gratitud con especial significación, porque sabemos de la noble voluntad integracionista y libertaria que debió inspirar a los delegados de la XX Asamblea en su selección, concientes de que con ello rendían tributo al Bicentenario de nuestra Independencia, a la par de colmarnos del regocijo de compartir la feliz coincidencia del evento, con la celebración del 73 Aniversario de la instalación de la Contraloría venezolana y en especial, porque fue un evento para agradecer a quien tuvo la iniciativa de formular la solicitud de la sede de esta XXI Asamblea de OLACEFS para Caracas, Clodosbaldo Russián, el Contralor, para llamarlo con el título con que lo distinguió


Presentación


el pueblo venezolano, en su deseo de atesorar en ese recio vocablo, la significación que cabe en la honradez, la fi rmeza, la verticalidad y la humildad.


Además, debemos mencionar el valioso legado del Contralor Russián para la consolidación y el fortalecimiento del SNCF, alcanzado con la frase “Contralores somos todos”, con la cual promovió en forma sencilla y directa el ejercicio del control social por parte de todos los ciudadanos en todos los rincones del país, como herramienta revolucionaria para el combate de la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción, frase con la cual logró, además, la cohesión del funcionariado del SNCF que día a día lucha por mayor transparencia y honestidad en el ejercicio de las funciones en la administración del patrimonio de todos los venezolanos.


“Contralores somos todos”


ADELINA GONZÁLEZ


Contralora General de la República (E)





GESTIÓN EN LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR


VISIÓN CRÍTICA


La Contraloría General de la República en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución y la Ley que rige sus funciones, así como en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y de su Plan Estratégico 2009-2015, en aras de contribuir, desde su campo de acción, con uno de los procesos más importantes para el país en las últimas décadas, como lo es la edificación del estado comunal, el cual tiene como principal protagonista el ciudadano en su derecho constitucional a participar en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas, durante el año 2011 ejerció un conjunto de acciones dirigidas a conocer los procesos administrativos y financieros para la ejecución de proyectos comunitarios, sociales y productivos; mediante las cuales se busca el fortalecimiento de las instancias del poder popular. En ese sentido, se evaluó una muestra de consejos comunales, así como importantes instituciones del sector público que destinan recursos para ser manejados de manera directa por dichos consejos; las acciones incluyeron además, un conjunto de actividades de empoderamiento de los ciudadanos a través de nuestro servicio de atención al ciudadano, principal medio para cumplir nuestra misión de contribuir a promover la educación como proceso creador de la ciudadanía y para la recepción y atención de denuncias.


Los resultados de la gestión cumplida permitieron constatar la efectiva asignación de recursos a las instancias del poder popular por parte del Estado venezolano, la implementación de políticas orientadas al desarrollo de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, dirigido a lograr que los ciudadanos puedan vivir en condiciones de igualdad; así como debilidades de control interno en la rendición de cuentas y fallas en el seguimiento y supervisión en la ejecución de proyectos situaciones, estas últimas, sobre las cuales estimamos hacer un llamado de atención a los ciudadanos y ciudadanas integrantes de consejos comunales, a los fines de asumir la transparencia como principio fundamental en la administración, manejo o custodia de recursos públicos y a los órganos y entes que asignan recursos a los consejos comunales, la responsabilidad que tienen por la orientación sobre los mecanismos de control interno que deben cimentar las respectivas operaciones y fundamentalmente, condicionar a su


Informe de Gestión 2011 Gestión en las Instancias del Poder Popular


cumplimiento la aprobación de nuevos recursos y proyectos.


Finalmente, es conveniente destacar, que aun tomando en consideración las funciones de control interno poco fortalecidas en las instancias del poder popular, no podemos negar que la puesta en práctica de este novedoso proceso de descentralización, traduce el ejercicio pleno de soberanía por parte del pueblo y constituye un gran paso en la construcción de ese Estado social, de derecho y de justicia que propugna la Constitución aprobada en 1999.


Gestión de Control sobre el Manejo Directo de los Recursos Públicos


Las actuaciones enfocadas en el sector de Participación Ciudadana desarrolladas durante el año 2011, se practicaron bajo la modalidad de control posterior, orientándose la gestión de control en los siguientes objetivos fundamentales: evaluación de los procesos administrativos y financieros para la ejecución de los proyectos tales como: Sustitución de Ranchos por Viviendas (SUVI), Rehabilitación de Viviendas, así como proyectos socio productivos; por otra parte se evaluaron los procesos administrativos aplicados por el SAFONACC; para llevar a cabo el financiamiento de los proyectos comunitarios, sociales y productivos, a las organizaciones del Poder Popular, el proceso de transferencia de recursos efectuado por el FONDEMI a los bancos comunales y los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y de recursos humanos que integran la Fundación Misión Madres del Barrio, desde el año 2006 hasta el primer trimestre de 2011.

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